El abogado José Velázquez, que defiende a la familia de Flavia Beckman y Hugo Mena en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, rompió el silencio que mantenía en la causa en la que se investiga el supuesto fraude a la Legislatura, a través de contratos apócrifos, y que le habrían producido al Estado un perjuicio superior a los 2 mil millones de pesos, entre 2008 y 2018.

El abogado defiende a la familia considerada por la Fiscalía como los “recaudadores”, cuyo rol era, como su nombre lo indica, el de reunir el dinero que se obtenía de los contratos ficticios con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto en poder de la organización.

En diálogo con el programa Puro Cuento, por Radio Costa Paraná 88.1, el letrado se refirió a varios puntos de la comentada investigación. En primer lugar, señaló que presentó un recurso de reposición, para que la jueza de Garantías Marina Barbagelata revea su decisión por la cual aplicó embargos por 3 mil millones sobre varios imputados y sus parejas; en segundo término, calificó como oscurantista  y poco transparente la investigación que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry;  y en tercer lugar, planteó que la causa no puede elevarse a juicio con un “vergel de perejiles” ya que “recién empezamos a verle los pies al monstruo”. Y, adelantó que evalúa solicitar exclusión de evidencia y anular pruebas.

En cuanto al recurso para que se revean los embargos, Velázquez aseguró que la jueza Barbagelata hizo lugar al embargo peticionado por la Fiscalía y que no escuchó a los defensores. “Yo planteo que se está confundiendo de qué tenemos que defendernos: de los mil millones o dos mil millones de pesos. Se está confundiendo la figura del decomiso con la multa en expectativa y el resarcimiento. Para el decomiso se requiere una sentencia penal y vincular que la adquisición de esos bienes son producto de esa actividad ilícita”, explicó.

Enseguida, señaló que la multa, en caso de que los imputados sean encontrados culpables, es de 90 mil pesos, y que la jueza “extiende el daño” de oficio. “Fiscalía no tiene legitimidad para pedir  (los embargos) porque es un eventual resarcimiento del daño supuestamente ocasionado, eso lo tiene que pedir un actor civil que en este caso es el Estado”, agregó.

Por otra parte, planteó su desacuerdo con que la causa sea elevada a juicio en este momento de la investigación, cuando los principales imputados son, a su criterio, “perejiles” y pidió que la pesquisa que realiza la Fiscalía debe ser más transparente con los defensores.

“Esta causa no se puede elevar a juicio así. Además de que nos opondríamos, aun así entiendo que por la calidad de personas que son los fiscales no la van a elevar a juicio a esta causa. Los fiscales no la van a elevar. Para mi van a seguir investigando. Creo que ha habido mucho ruido. Saben que es una causa de alto voltaje, y que este secretismo ha creado mucha suspicacia”, sostuvo Velázquez.

En ese marco, afirmó que sus defendidos seguirán sin declarar ante los acusadores, puesto que ven que la investigación está “direccionada”. “Si vemos un  cambio de Fiscalía, que empiece a no direccionar la investigación, sino a centrarse en la investigación objetiva y la verdad cueste lo que cuestes ahí nosotros nos sentiremos más cómodos y vamos a declarar”, aseveró el abogado de Beckman y Mena.

Aun así, reiteró que no cree que la causa sea elevada a juicio en un futuro cercano. “No creo que Aramberry y Yedro lleven un vergel de perejiles a juicio, no creo que hagan eso para nada”, expresó.

Monto del perjuicio

En otro momento de la entrevista, Velázquez manifestó su desacuerdo con el cálculo de más de 2 mil millones del supuesto perjuicio al Estado que realiza la Fiscalía.

“De lo que hemos visto hasta ahora, porque tampoco es que haya transparencia en la investigación, en vez de ir hacia aquellos que tienen un poder de disposición la investigación se fue lateralizando, horizontalizando”, planteó el letrado.

En ese marco, sostuvo que en la investigación aún no está claro quién fue la persona o las personas que tenían el “poder de disposición” para que el dinero se haya sustraído de la Legislatura.

Consultado si aportarán elementos para que se dilucide quién o quiénes son los principales responsables del fraude a la Administración Pública, respondió: “Nosotros vamos a trabajar para que se llegue porque de esa manera se reduce la responsabilidad de mis clientes, porque no sabemos todavía qué montos se llevaron”.

En esa dirección, refirió que sus defendido sólo “cumplían órdenes” en la organización. Y agregó que sus clientes “no tienen” el dinero que la Fiscalía estima que se sustrajo mediante los contratos truchos.

Dijo que la pericia del contador de la Fiscalía, elaborada en base a la información de los cuadernos hallados en la casa de Beckman y Mena, llega a estimar una supuesta estafa por 1.400 millones de pesos, y que a su entender no está claro de dónde salió la cifra que menciona la Fiscalía en la imputación. “Respecto de si los contratos son truchos o no, ese es otro punto a discutir. Para mí no son truchos”, dijo y reiteró que la Fiscalía no es transparente con la investigación.

“Para nosotros es muy importante que se abra la investigación, que sea transparente, que no nos den las evidencias concluidas. Nosotros queremos participar. He escuchado críticas como que la Legislatura no les permite acceder a cierta evidencia, pero la Fiscalía tampoco nos permite acceder a nosotros a cierta evidencia, nos dan la que ellos quieren”, aseveró Velázquez.

Reporte de Operación Sospechosa

Por otra parte, el abogado dijo que esperan conocer un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sobre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del 26 de abril del año pasado que alertó sobre una extracción importante de dinero por parte de una persona que no está imputada en la causa.  “Recién empezamos a ver los pies del monstruo y llegamos hasta el tobillo. Ni siquiera hemos llegado a la rodilla, si es que existe ese monstruo”, manifestó.

Embargos

Consultado sobre las propiedades que se les hallaron a sus defendidos, Beckman y Mena, el abogado afirmó que no les pertenecen. “Para empezar, la primera sorpresa que tuvimos es que hay una cantidad de propiedades a nombre de Hugo Mena y Flavia Beckman que ellos no reconocen como tales. Ellos sí reconocen la casa donde están viviendo y una herencia de una suerte de terrenito en las afueras de la ciudad. El resto de los inmuebles no son de él y vamos a solicitar para que se generen las medidas de mejor proveer para investigar cómo llegaron esos inmuebles a nombre de Mena, Beckman y la familia”, dijo.

Apartamiento de Goyeneche

En cuanto al apartamento de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por una relación comercial con el contador Pedro Opromolla –le compró un inmueble-, imputado en la causa, Velázquez consideró que si el Registro de la Propiedad Inmueble hubiese registrado rápidamente la propiedad, Goyeneche no se hubiese excusado. “Ella se excusa para proteger un derecho”, sostuvo.

Enseguida, planteó que la investigación también debe centrarse en los contadores que integraban OKO, Pedro Opromolla y Guido Krapp y Luis Sebastián Orlando, esposo de Goyeneche,  ya que formaban parte de Servicios Integrales, el estudio contable encargado de las operaciones con los contratos truchos.

“Hay que analizar qué es este OKO, que formaba parte de Servicios Integrales. Porque OKO era el encargado de, entre otras cosas, dar de baja y altas a monotributistas y de blanquear el resultado  del ilícito de la supuesta recaudación”, resaltó.

Finalmente, adelantó que evalúa la posibilidad de plantear exclusiones probatorias y la nulidad de evidencia que consideran que fue introducida irregularmente en la investigación o está “contaminada”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.