La causa penal que investiga la contratación de personal bajo una modalidad qu se presume «trucha» en la Legislatura entrerriana en el período que va de 2008 a 2018, que tiene pedido de remisión a juicio y sobre la cual hay un debate de competencia con la Justicia Federal, seguirá avanzando en los Tribunales provinciales.
El último 10 de agosto la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata había rechazado el pedido formulado por algunos defensores para que se suspendan todos los actos procesales en la causa «Beckman, Flavia Marcela- Scialocomo, Esteban Ángel Alberto- Alvarez, María Victoria s/estafa «, tal como se caratuló la investigación sobre los contratos en la Legislatura. La petición fue que el trabajo investigativo se aplazara hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el conflicto positivo de competencia, enviado por el juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, ante el rechazo de la magistrada a la competencia federal y la confirmación de la competencia provincial para juzgar los hechos acaecidos en el ámbito de la legislatura de Entre Ríos.
Un tribunal superior revisó lo actuado por Barbagerlata, y confirmó el rechazo a la solicitud de los defensores.
La jueza Barbagelata ya rechazó un planteo recusatorio contra los fiscales que investigan la causa contratos, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. «La crítica formulada corresponde a una diferente valoración a una actitud probatoria de los elementos colectados en la investigación penal preparatoria», dijo la magistrada y señaló que ello se verifica cuando el abogado Emilio Fouces -defensor de Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Fabián Lazzaro- sostuvo que sus defendidos son imputados «solo por hacer su trabajo».
En su resolución, sostuvo que «los recusantes no pudieron individualizar ningún elementos que pusiera de relieve la alegada existencia de un interés diverso del propio ejercicio de la persecución penal, inherente a la función de la Fiscalía. Siendo la disconformidad con las conclusiones fiscales en el requerimiento a elevación a juicio lo que funda la critica al Ministerio Público Fiscal, todo lo cual deberá ventilarse en la etapa procesal oportuna».
También, aseveró que no advirtió la pérdida de objetividad ni un apartamiento de las normas de la Convención de la Lucha contra la Corrupción ni de la Ley 26.097 (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Por último, rechazó las recusaciones contra el Procurador General y la Fiscal C oordinadora, que formularon los abogados Vartorelli y Cullen. Al respecto, dijo que sus dichos «se resumen a manifestaciones genéricas, dogmáticas y extemporáneas, porque lo planeado en la audiencia pasada no formó parte del escrito de recusación que se le corrió traslado al Procurador».
La jueza también rechazó suspender la tramitación de la causa hasta que la Corte se expida sobre la cuestión de competencia. Ante esa decisión, los defensores Miguel Ángel Cullen, que representa a los imputados Gustavo Hernán Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Pedro Opromolla; Leopoldo César Cappa, defensor del imputado Ariel Fure; y Leonardo Schonfeld y José Velázquez, defensores de los imputados, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro FEerreyra, Fernando Sarnaglia y Andrea De Martín, acudieron con un recurso de queja ante la camarista María Carolina Castagno, que rechazó la petición.
En su resolución, Castagno dispuso «tener por correctamente denegados los recursos de apelación».
A juicio
El 1° de junio último, el Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supustamente apócrifos en la Legislatura entrerriana.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.
Luego de más de año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo último.
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Penas
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 asños.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora