Antes del cierre del año judicial -y el inicio de la feria, el viernes 28, Día de los Santos Inocentes- la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura suma 23 personas indagadas por el Ministerio Público Fiscal, que procura develar el revés de la trama de una operatoria que puso a andar una maquinaria de una «organización criminal», así la califican, que sustrajo de las arcas del Estado unos $2.000 millones -ese es el cálculo que hacen- mediante contratos laborales ficticios.
Entre los últimos que fueron citados a indagatoria estuvo el contador Pedro Opromolla, la piedra de toque que movió una causa paralela en la que se pidió la recusación de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche por el lazo comercial que une a ambos. El planteo ya fue rechazado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
El abogado Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto Ariel Faure -uno de los ocho implicados en la causa de los contratos truchos que cumple prisión domiciliaria- sostiene que hay elementos para que Goyeneche se aparte de la causa.
«Hay contratos de fideicomiso. Hay un contrato de locación mediante el cual se da por cierto que la fiscal Goyeneche adquiere un inmueble junto con Opromolla, y que ese inmueble luego lo alquilan en calidad de locadores a una tercera persona. Hay una relación comercial, que fue negada en la audiencia de apelación ante la jueza (Carolina) Castagno por Goyeneche. Negó cualquier tipo de relación comercial con Pedro Opromolla. Pero ese dato surge de la investigación del allanamiento del Estudio Integral (que integran, entre otros, Opromolla, NdelR); de la computadora de Mansilla. Surge de la propia investigación esa prueba. Consideramos que hay falta de objetividad e imparcialidad, y consideramos que no tiene que estar al frente de la investigación Cecilia Goyenche. No sería sano para mi defendido que Goyeneche siga teniendo poder de mando y dirección sobre la investigación», sostuvo Cappa durante una entrevista en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.
Opromolla, a quien defiende el abogado Leopoldo Lambruschini, se negó a declarar ante los fiscales; la misma actitud adoptó el contador Guido Krapp, cuya defensa también ejerce Lambruschini. Igual tesitura mostraron los cinco auditores del Tribunal de Cuentas que fueron llamados a declarar -Martín Pagnone, Mariano Speroni, Maximiliano Degani, Hernán Díaz y Marta Aurora Pérez-, cuyas defensas ejercen los letrados Miguel Cullen y Santiago Halle.
Hay nueve personas con restricción de la libertad en esta causa de los contratos: Flavia Beckamn, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, los contadores Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure; el exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez, el actual director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, actual secretario del bloque del PJ en el Senado, todos con prisión preventiva domiciliaria; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, funcionario del Servicio Administrativo Contable de Diputados, con prisión preventiva en la Unidad Penal N ° 1. Desde un primer momento, Cardoso goza de ese beneficio; los otros siete, lo consiguieron a partir de un habeas corpus que acogió favorablemente el lunes 23 de diciembre el juez de Garantías Mauricio Mayer. Almada, en cambio, no pudo ser incluido, por cuanto tenía 10 días de domiciliaria por el nacimiento de su hija, y no fue incluido en el habeas. Este domingo 30, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó un pedido de los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, y lo envió a la cárcel, luego de los diez días de gracia por haberse convertido en padre.
El abecé de los fiscales
Según el Ministerio Público Fiscal, la operatoria de los contratos truchos se pudo llevar adelante por cuanto «contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras. Al respecto, mencionaron a Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable del Senado entre 2007 y 2011; Gustavo Pérez, director Administrativo Contable del Senado desde 2011; y Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, dice el texto de la apertura de la causa, que imputa los delitos de asociación ilícita y de peculado.
Ellos “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”, se expuso.
También se indicó que, luego de los libramientos por parte de los servicios contables, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”.
En este grupo, se señala a Esteban Angel Alberto Scialocoomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla y Hugo Luna.
“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem 64 de Paraná o hasta la tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”, se puntualizó.
En esos sitios, los sindicados repartían los valores para su cobro, el que se efectivizaba en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderanemente en la de la esquina de Urquiza y San Martín, la casa central de Monte Caseros y 25 de Mayo y la sucursal de calle Malvinas.
“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas” a las personas sindicadas, quienes “aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”.
En la resolución se menciono que en 2017 se bancarizaron algunos de los contratos referidos, especialmente los del Senado, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados, quienes recibieron las correspondientes tarjetas de débito.
Los plásticos, “pese a ser un instrumento personal, eran retenidos por Beckman, Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por parte de sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”.
Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”, marcaron los fiscales.
A su vez, la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”.
Los fiscales pudieron determinar que los pagos se efectuaban a través de la terminal Nº 3.472, correspondiente a la sucursal Nº 3.469 de Entre Ríos Servicios, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los cotadores Opromolla, Falco y Krapp.
“Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también miembros de Integral Asesoría”.
También se pagaban esas labores con “contratos con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Falco y Mansilla, suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino”, indicaron los fiscales.
Según la resolución, Bilbao también se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Pérez y a Jorge Enrique De Breuil, empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino, de una parte del dinero resultante”.
“Los tres -sostuvieron los fiscales- aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas”.
Para el MPF, la maniobra descripta contó, “como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas con desempeño en el período investigado”.
Por último, los fiscales indicaron que Flavia Marcela Beckman, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Jorge Pablo Balladares, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Alejandro Rubén Ferreyra, Renato Jesús Mansilla y Hugo Rubén Mena “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”.
“Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235 millones de pesos”, concluyeron los fiscales, al tiempo que convocaron a “designar abogado defensor a quienes aún no han comparecido a tales efectos”.
Un monto millonario en dudas
El abogado José Velázquez -que representa a Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo- duda del monto de la defraudación que señalan los fiscales, que primero hablaron de $1.235 millones y después de $2.000 millones.
«Parto de pequeños detalles -dice Velázquez-, por ejemplo la cifra. Primero fue 1.235 millones, después 2.000 millones. En una de las audiencias, el propio fiscal Aramberry dijo que no tenían pericias formales, que son estimaciones. Bueno, está bien. Yo lo que planteo es que necesito saber algo en concreto. En este hecho, tal cual ellos lo relatan, cuáles son las evidencias que sustentan cada uno de los distintos estamentos, porque hay que probarlo, y es una causa documental. En última instancia debería ser fácil probar. Cuando estén las pruebas, mis pupilos se van a defender. Por ahora, al hecho no lo veo claro. Para mí, tiene sus fallas».