La Cámara de Casación Penal denegó la concesión de un recurso de impugnación extraordinaria presentado por los defensores de dos contadores implicados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, planteo que buscó dar por finalizada con la prisión preventiva que cumplen Ariel Roberto Faure y Gustavo Pérez, exdirector el Servicio Administrativo Contable del Senado, en la Unidad Penal N° 1. Ya una jueza de Garantías, una camarista y la propia Cámara de Casación habían confirmado las prisiones preventivas dictadas, y por eso el camino que les queda ahora a los abogados Leopoldo Cappa -que representa a Faure- y a Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli -que defienden a Pérez- es ir con un recurso de queja ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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La causa, y los implicados Faure y Pérez, seguirán un camino ya trazado: la Sala Penal del STJ ya dispuso revertir esas decisiones judiciales de tribunales inferiores, y dispuso la libertad de cuatro personas imputadas en la causa de los contratos truchos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. En lista de espera, para llegar al máximo tribunal, están Faure y Pérez; y todavía resta que Casación resuelva la situación de los últimos tres implicados, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, que cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1, al igual que su cuñado, Alejandro Almada. También, resta definir la situación del exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, hoy con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Este viernes la Sala Penal del STJ dio a conocer los fundamentos de lo resuelto en el caso de Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao y señaló, con voto de sus tres integrantes -Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio- que  la prisión preventiva sólo debe admitirse caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Al respecto, señalaron que el plazo de prisión preventiva fijado por 120 días es «excesivo», teniendo en cuenta que similar medida generalmente es aplicada en plazos menores y se va revisando una vez vencida. También recuerdan que en múltiples casos, la sala Penal desde 1992 a la actualidad, ha sentado y mantenido el criterio que distingue los fines de la pena, impuesta por sentencia condenatoria firme, con los de la prisión preventiva aplicada a personas que conservan su status constitucional de inocentes hasta que la sentencia firme demuestre lo contrario.

La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar el 6 de febrero al recurso de queja planteado por los abogados defensores de 4 de los 9 detenidos en la Unidad Penal de Paraná, imputados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la tesis del Ministerio Público Fiscal habría producido un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones.

Hasta entonces, la investigación penal tenía a siete personas con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 y otras dos, bajo el régimen de arresto domiciliario. Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao cumplieron prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que Flavia Beckman tuvo la modalidad de prisión domiciliaria.

Siguen  en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Además de Beckman, también tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

La decisión se adoptó a pocas horas de haberse realizado la audiencia en la que los defensores de 4 de los 9  imputados en la causa que están con restricciones de la libertad solicitaran el cese de las restricciones a su libertad. 

Los abogados José Velázquez y Humberto Franchi -defensores de Flavia Beckman (hoy con prisión preventiva domiciliaria), Hugo Mena y Esteban Scialocomo- e Iván Vernengo y Damián Petenatti -que representan a Alfredo Bilbao- habían acudido  con un recurso de queja ante la Sala Penal luego de las distintas decisiones judiciales que habían denegado la libertad de sus defendidos. Primero la jueza de Garantías Marina Barbagelata y después la jueza de juicio Carolina Castaño, y más tarde la Cámara de Casación Penal no habían atendido las razones de los defensores. Incluso, Casación rechazó un recurso extraordinario, por lo que los representantes legales de los detenidos con preventiva llegaron en queja a la Sala Penal del STJ.

El máximo tribunal revocó “íntegramente” lo resuelto por Casación. “En consecuencia, se dispone el cese de la prisión preventiva ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao”. Además, impuso a los involucrados en la causa de los contratos que ahora recuperan su libertad las siguientes medidas de coerción:  la fijación de domicilio en la  ciudad de Paraná;  la prohibición de todo vínculo con testigos de  las presentes actuaciones como así también, la de realizar cualquier
tipo de actos perturbadores hacia éstos; la obligación de  concurrir semanalmente ante la fiscalía interviniente dando cuenta de  su presencia; la prohibición de ausentarse de la ciudad, sin  expresa autorización.

La decisión de la Sala Penal del STJ de otorgarles la libertad a Mena, Scialocomo y Bilbao, que estaban alojados en la Unidad Penal N° 1 y dar por terminada la prisión domiciliaria de Beckman, abre el camino para los otros cinco imputados en la causa de los contratos: el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el cuñado de éste, Alejandro Almada; el exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez; y el contador Alfredo Ariel Faure. En tanto, tiene prisión preventiva domicialiara el exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso.

Ahora, el abogado Leopoldo Cappa anunció que seguirá el mismo camino: irá en queja ante la Sala Penal para que el máximo tribunal aplique igual resolución con sus defendidos que la adoptada con Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.