La aceptación por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de los habeas corpus presentados por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, imputados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura y con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná por 90 días, produjo un efecto dominó. El resto de los implicados siguió igual camino y a través de sus representantes legales efectuaron sendas presentaciones hoy ante el juez de Garantías Mauricio Mayer.

La Sala Penal hizo lugar al habeas corpus de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, quienes hicieron notar que no se estaba cumpliendo la resolución adoptada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, al disponer la prisión preventiva de Aguilera y de Pérez. La magistrada solicitó que la privación de la libertad se cumpliera en forma separada de los reos con condena firme en la Unidad Penal N° 1, situación que fue de imposible cumplimiento por parte del Servicio Penitenciario de Entre Ríos ante lo que el propio STJ califica como «superpoblación» carcelaria.

En primera instancia, el juez Mayer rechazó in limine el habeas corups, e igual medida adoptó el juez de juicio Gustavo Pimentel. Pero al recibir la apelación de los abogados Cullen y Vartorelli, la Sala Penal dio vuelta esos fallos, acogió favorablemente el recurso, y ordenó al magistrado “sin dilación alguna, proceda a su más inmediata sustanciación». Por estas horas, se espera una resolución al respecto.

Mientras tanto, los defensores José Velázquez y Humbreto Franchi -representantes legales de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, que cumplen preventiva por cuatro meses-, Leopldo Cappa -defensor de Roberto Ariel Faure-, y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que representan a Alfredo Bilbao- pidieron al jueza Mayer tener igual tratamiento  que Aguilera y Pérez. «Conforme a los criterios vertidos por Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en las actuaciones caratuladas:«Aguilera, Juan Pablo (OGA Nº 11416) S/ Habeas Corpus (y su acumulado Pérez Gustavo Hernán (OGA nº 11424))», venimos  a plantear la adhesión al Habeas Corpus interpuesto por la por los Dres. Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, ya que  la situación de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo es  análoga a la de Gustavo Perez», dice uno de los escritos.

A decir verdad, en el único caso en el que el magistrado ordenó la separación del resto de la población condenada en la Unidad Penal fue en el de Aguilera. Respecto de Pérez nada dijo el juez actuante. No obstante, la vocal de la Sala Penal Claudia Mizawak, al hacer lugar al habeas corpus, dijo: «Ahora bien, respecto de la situación de Gustavo Hernán Pérez y si bien en los soportes fílmicos de la audiencia que se realizó el 22/11/2018, el Juez de Garantías interviniente – Dr. Ruhl- solamente dispuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días, sin realizar ninguna especificación respecto a la forma de cumplimiento de esa medida, no puede menos que abordarse igual postura a la antes señalada respecto de Juan Pablo Aguilera por cuanto la necesidad de alojamiento en establecimiento especial y diferente al utilizado para condenados surge claramente de la manda legal del artículo 364 de nuestro C.P.P. y es por tales razones que debe acogerse el recurso articulado en su favor».

En ese marco, los defensores del resto de los imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura entiende que se está frente a una violación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en cuanto señala que los procesados «deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas». Y por eso, pidieron que la resolución que se pudiera adoptar en el caso de Aguilera y Pérez debe ser extensiva al resto de los implicados en la causa de los contratos y que actualmente están alojados encarcelados con prisión preventiva.

¿Si el Servicio Penitenciario no puede mejorar las condiciones de detención, y alojarlos en un pabellón separado del resto de la población carcelaria, podrían recuperar su libertad? Es la duda que por estas horas se hacen defensores y fiscales.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.