Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, a cargo de la investigación de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura –una operatoria, según la tesis fiscal, a cargo de una organización criminal que sustrajo $2.000 millones de las arcas públicas- rechazaron la presentación espontánea que hiciera esta semana Hugo Mena por no considerárselo como “sospechoso” en la causa paralela que trata de dilucidar el robo de cheques que habían sido enviados por una empresa, desde Rafaela, en Santa Fe, a Paraná, para ser incorporados al legajo principal.

La presentación espontánea fue realizada por Mena y su esposa, Flavia Beckman, ambos imputados en la causa de los contratos truchos. La resolución de los fiscales Yedro y Aramberry señala que al no revestir “en la presente la calidad de persona sospechada, en los términos del artículo 63 del rito (Código Penal), a lo interesado no ha lugar”.

La presentación espontánea de Mena y Beckman fue en el marco de la causa paralela que se abrió a la investigación de los contratos truchos en la Legislatura a raíz del  robo de más de 1.000 cheques que una empresa de transporte traía desde una depósito de una firma encargada de administrar archivos del Banco de Entre Ríos, desde Rafaela a Paraná. El robo ocurrió en inmediaciones de una zapatería de calle Provincias Unidas, lugar donde el transportista paró para descargar un envío. Nadie sabe cómo ocurrió el robo, ni quién fue el autor, ni con qué fines se produjo.

El sitio Análisis Digital  reveló el 1° de agosto reveló  una  investigación que abrió la Procuración General de la Provincia para determinar si fue “un robo” o fue un ardid mafioso para borrar de la tierra una cuarta parte de los 4.500 cheques solicitados al Banco Bersa, como parte de las pruebas requeridas.

Todo se originó con un pedido de los fiscales Yedro y Aramberry al Banco de Entre Ríos para que remitiese cheques emitidos por la Legislatura entre 2008 y 2018, a fin de cotejar en detalle la documentación. Desde la entidad crediticia se informó que debían requerirlos a su archivo, que está tercerizado. El material documental del banco se encuentra en la ciudad santafesina de Rafaela -distante a no más de 155 kilómetros de Paraná-; específicamente, en la sede de la empresa AZ Administración de Archivos SA. La empresa AZ tiene a su vez un contrato de transporte con la firma Adel Mar, de Rafaela, una pyme familiar de esa zona.

El 18 de julio, desde la firma AZ se depositaron 11 cajas cerradas en la sede de de la empresa de correos Adel Mar, que llegaron el 19 de julio a la sede de Colonia Avellaneda, para ser derivadas al banco. Del total de cajas, una de ellas traía, específicamente, 1.227 cheques emitidos por la Legislatura entrerriana, para ser analizados. O sea, una primera parte enviada, de los 4.500 cheques. El punto en cuestión es que, casualmente, la caja con los cheques desapareció. Nunca llegó al Banco de Entre Ríos.

El representante de AZ en Paraná hizo una denuncia sobre la desaparición de la caja de cheques recién el 23 de julio, ante un fiscal de turno, pero nadie en la Justicia se percató que se trataba del material requerido por la causa de los contratos truchos de la legislatura. La causa se caratuló «Lavi Mario Raúl / Su denuncia. Hurto».

El dueño de la empresa de transporte también radicó una denuncia ante la Jefatura Departamental de Rafaela. Allí consignó lo que le revelaron sus dos empleados: que llegaron a Paraná: que fueron a una zapatería de calle Provincias Unidas a dejar una encomienda y que una persona no determinada les abrió la camioneta sin que ellos se dieran cuenta. Al parecer, bajaron los dos al lugar y no quedó nadie en el vehículo. Casualmente, les robó esa única caja de los cheques, que estaba junto a las otras diez enviadas al banco y demás encomiendas para entregar.

Esa zapatería está en la misma zona donde vive la familia Mena, cuyo matrimonio y familiares directos, aparecen como imputados en la causa. Pero no todo termina allí: en la denuncia en Rafaela, el señor Juan Ruatta -que es propietario de la empresa transportista- dijo que a sus empleados le avisaron de los hechos desde la misma zapatería, porque una señora había visto cuando le robaron la caja y salieron corriendo. Y que, ante el aviso, los empleados retornaron a la zona del robo y encontraron en un baldío la caja ya vacía. Pero esto último nunca lo denunció en Paraná el delegado de AZ en Colonia Avellaneda.

Recién se enteraron los fiscales Yedro y Arramberri cuando desde el banco se informó de lo que había sucedido, porque no pudieron cumplir con el requerimiento del Ministerio Público.

Como se planteó que la sustracción de los cheques ocurrió en una zona próxima a la vivienda de Mena-Beckman, éstos tomaron la decisión de presentarse espontáneamente en Tribunales. De ese modo, peticionaron que se los deslinde de cualquier sospecha de estar involucrados en ese robo.   “A los fines de ejercer mi derecho de defensa y proteger mi buen nombre, es que solicito tomar vista del legajo para chequear , controlar y colaborar en materia probatoria para el descubrimiento de la verdad real”, dice una parte de la presentación que hizo junto a sus abogados José Velázquez y Hugo Franchi.

En la causa original -que todavía no tiene fecha precisa de elevación a juicio oral-, la imputación fiscal dice que “Flavia Marcela Beckman. Hugo Ruben Mena,  Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a pesos $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000  por vínculo”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.