La causa de los contratos Legislativos apócrifos en la que se investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita que sustrajo $2 mil millones del Estado entre 2008 y 2018, sigue acumulando capítulos. El caso cumplirá un año el próximo 20 de este mes. Esa fecha, pero de 2018, fueron arrestados los “tarjeteros” en la sucursal del Banco de Entre Ríos ubicada  en Alsina y Gualeguaychú. Fue la piedra de toque que movió todo lo que vino después.

Ahora, a un año de la apertura de la causa, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, junto con el actor civil, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, expusieron en una audiencia cómo se calculó el perjuicio a la Legislatura.

La cifra, $2 mil millones, es cuestionada por los abogados defensores, que sostienen que ese número se obtuvo sin ningún análisis científico e independiente. El Ministerio Público Fiscal llevó este lunes a la audiencia ante la camarista María Carolina Castagno -que debe definir si mantiene los embargos por $3 mil millones ($2 mil de perjuicio más $1 mil de intereses) sobre una treintena de imputados- un informe realizado por el contador de la Procuración, Héctor Enrique. El profesional fue quien estableció aquella cifra del desfalco. Para alcanzar esa cifra, dolarizó el cálculo, cuestión que fue reprochada por los abogados de los imputados.

En esa audiencia hubo un dato relevante: el monto que calculó el Ministerio Público Fiscal de perjuicio al patrimonio público  contó con el respaldo del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien dijo que llegó a un monto similar con un cálculo propio. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el representante del Estado en el pleito por los embargos, explicó cómo llegó a esa conclusión.

En primer lugar, dijo que la Fiscalía de Estado se constituyó como actor civil “por cuanto por una cuestión de la prueba, nos conviene ejercer esta acción”. Respecto al cálculo sostuvo que “no hay una forma matemática fácil de resolver cuánto es el perjuicio o a cuánto ascendería el daño a partir de esta causa. Acá lo que hay que hacer es examinar contrato por contrato: si son 700 contratos como dice el Ministerio Público Fiscal, hay que analizarlos. Y hay que determinar desde el punto de vista administrativo, la regularidad o irregularidad de los contratos”.

“Personalmente verifiqué algunos contratos. Me presenté en las oficinas del Ministerio Público Fiscal y comencé a verlos uno por uno y allí me encuentro irregularidades administrativas. Por ejemplo, me llamó la atención que no esté la firma de la autoridad de nombramiento (el presiente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, NdelR). Eso es un defecto insalvable. No se puede resolver después”, señaló.

Y agregó que los contratos deben tener la firma de la autoridad autorizante para ser válidos. En ese sentido, dijo que quien debe firmarlos es “el presidente de la Cámara o el funcionario a cuyo cargo delega el presidente la función de rubricar los contratos. Pero si no hay un acto de delegaciones expreso, le corresponde al presidente de la Cámara”.

Sobre cómo se estima el monto del perjuicio a la Legislatura, ahondó: “El cálculo es muy simple: se ve de qué fecha a qué fecha se pagó, y luego se le aplican intereses. Hay un sitio de la Caja Forense que calcula la tasa de interés y ahí le da el monto. No he podido ver contrato por contrato, pero suponiendo que son irregulares los que el contador del Ministerio Público Fiscal dice que son irregulares, en función de la información que ellos tienen, le aplico la tasa de interés y me da esa cifra al día de la fecha”.

La cifra del perjuicio que calculó el fiscal de Estado es de $2.292 millones.

Consultado sobre si está de acuerdo con el pedido de los abogados defensores de que se realice una pericia independiente, Rodríguez Signes rechazó esa alternativa, como así también manifestó su diferencia con la Fiscalía.

“Para mí no es relevante (la pericia). No coincido con ninguna de las dos partes. Ni con el Ministerio Público ni con la defensa. A mí no me sirve la pericia. Quien tiene que determinar si un contrato es irregular o no, no es el perito, sino yo. Lo que puedo hacer peritar es una firma. Supongamos que dude de una firma inserta en el contrato, factura o cheque. Pero no necesito una pericia para determinar la cuantía. Una vez que determine que el contrato es irregular el cálculo del daño no depende de un perito sino de la liquidación que hagamos las partes”, aseveró.

En esa línea, remarcó que a su entender existen contratos irregulares, y que ello se puede observar advirtiendo la falta de elementos esenciales en cualquier contrato, como la falta de una firma autorizante.

Controles en la Legislatura

Respecto de cómo se controla que en la Legislatura que no se realicen este tipo de maniobras, sostuvo que está fuera de su órbita de acción el control de los actos de ese poder del Estado. “Mi competencia es para controlar los actos del Poder Ejecutivo. Ahora, yo estoy en estos actos porque estoy representando en un juicio a la Provincia. Y la Fiscalía de Estado sí es representante en juicio de todos los juicios en los que se controvierten intereses de la provincia. No puedo meterme en la Cámara de Diputados y plantear la nulidad de los contratos, eso lo debe hacer la misma Cámara”.

Por otra parte, consultado si está de acuerdo con la decisión del Ministerio Público Fiscal de aplicar un corte en la causa y en esta etapa sólo llevar a juicio a los mandos bajos, medios e intermedios de la supuesta organización delictiva, afirmó: “Creo que lo que está haciendo el Ministerio Público Fiscal es trabajar con la prueba que ha colectado. Es decir, hasta donde alcanzan las imputaciones: hasta la prueba que se ha colectado. Es la lógica de esto como lo haría cualquier abogado: yo demando en la medida que tenga prueba para demandar, sino es una especulación. Lo que sé es que el Ministerio Público Fiscal está actuando responsablemente”.

Por otra parte, se refirió a cómo eran las contrataciones de personal en tiempos en que fue diputado provincial, entre 1999 y 2003, y diferenció al panorama de entonces con el actual. “Nos manejamos en un contexto distinto. A fines de 2001 se produjo una crisis muy fuerte. Nos manejábamos con otro presupuesto, teníamos federales para funcionar. A mí me tocó ser presidente de la Cámara desde el 1º de julio de 2001 hasta diciembre de 2003 y me tocó prácticamente administrar bonos, no teníamos dinero. A parte, va en la impronta que cada uno le pone. Teníamos menos presupuesto y personal. Una falencia está dada porque tampoco la Contaduría (General de la Provincia) tiene competencia para intervenir en el ámbito de la Legislatura. Si la Contaduría tuviera el control preventivo no es posible que el sistema haya funcionado como funcionó porque los contadores auditores son estrictos, observan cada movimiento. Hay un control intenso, cosa que no ocurrió acá y lamentablemente estamos frente a esta situación”.

Sobre el control de origen en una contratación, resaltó que en la Constitución provincial reformada en 2008 no se advirtió la falencia que actualmente se presenta. Y recordó que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, señaló en una apertura del año judicial que debía reverse que la Contaduría pueda actuar en el ámbito del Poder Judicial y Legislativo.

“Creo que el control preventivo hay que hacerlo. Pero claro, acá se presenta el problema. Hay un problema con la Contaduría, que no puede controlar ni los actos del Poder Legislativo ni los del Poder Judicial. Son fallas del sistema. No Sé cómo se arregla, lo que sé es que esta causa se va desenvolviendo regularmente”, concluyó Rodríguez Signes.

 

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.