El juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, rechazó este martes el recurso de apelación interpuesto por la fiscal ad hoc María Eugey Wilson, contra su decisión que dispuso que la causa del presunto desfalco a Legislatura -mediante contratos ficticios o apócrifos- pase al ámbito de la Justicia Federal Electoral.
La fiscal había apelado la resolución del juez Alonso del 9 de junio, mediante la cual hizo lugar al pedido de los abogados Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao). En la misma decisión, requirió el expediente a la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata.
El juez aceptó el planteo de que la causa debía pasar al ámbito de la Justicia Federal puesto que existiría prueba que indican que los fondos investigados tendrían como fin “aportes y/o financiamiento” de campañas políticas partidarias en el período comprendido entre 2008 y 2018.
Este martes, ante la apelación de la fiscal, el juez Alonso señalo «que la inhibitoria en una causa con contenido penal se rige por el artículo 47 de la Ley 23984 que en lo que aquí interesa establece: ‘Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas: 1°) El tribunal ante quien se proponga resolverá dentro del tercer día, previa vista al ministerio fiscal, en su caso, por igual término. 2°) Cuando se deniegue el requerimiento
de inhibición, la resolución será apelable ante la Cámara de Apelaciones'».
Disponen que la causa contratos de la Legislatura pase a la Justicia Federal
Al respecto, mencionaron que en octubre de 2019 se incorporó al caso documentación que un desconocido dejó en la puerta del estudio del abogado Miltón Urrutia, en la que surge la entrega y/o retiro de fondos bajo la leyenda “Gastos Sen., Duplicados Diputados …” donde se consigna a diversas personas del ámbito político que supuestamente habrían retirado dinero a los fines de afrontar gastos de la campaña política.
En su anterior resolución, el juez Alonso sostuvo que la documental incorporada en octubre de 2019 y la pericial que se realizó luego –que determinó que la letra que figuraba era de Hugo Mena, uno de los imputados-, “sugiere, con elevado grado de probabilidad la investigación de cuestiones reservadas en forma exclusiva y excluyente por la normativa federal a la jurisdicción de la Justicia Nacional Electoral, al comprometer severamente la financiación de los Partidos Políticos en su intervención en diversas campañas, hechos que no desparecen con la aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral en los supuestos de eventuales delitos”.
Recusacion en la Justicia provincial, en espera
El 9 de junio, a la par de la novedad surgida en la Justicia Federal, la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, puso en conocimiento del Procurador General, Jorge Amílcar García, y la fiscal de Coordinación, Mónica Carmona, de las recusaciones presentadas contra los fiscales que investigaron la causa, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.
Las recusaciones fueron planteadas por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.
En su resolución, la jueza señaló que el Jefe de Fiscales y la fiscal de Coordinación deberán responder “si admiten la recusación o no”. En caso de rechazar las mismas, como seguramente se realice, la Oficina de Gestión de Audiencias “deberá fijar la audiencia que prevé la norma precedentemente citada, en la que las partes deberán producir la prueba de que intenten valerse -artículo 46 por remisión del artículo 60 del Código Procesal Penal”.
A pesar de que el fallo del juez Alonso dispone el pase de la causa a la Justicia Federal, se estima que la discusión llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir la competencia de la Justicia Federal o Provincial para juzgar los hechos investigados.
La causa
La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.
El 1º de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente. En el escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de la Legislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.
Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.