La tramitación judicial de la causa de los contratos truchos en la Legislatura -que según la Fiscalía le produjo un perjuicio del orden de los $2.000 millones al Estado entre 2008 y 2018- tropezó con un nuevo incidente.

En esta semana se ocurrieron varias idas y vueltas en este caso. Primero, se fijó audiencia para el jueves 1° de agosto para tratar la apelación a los embargos millonarios dispuestos en abril por la jueza Marina Barbagelata, pero luego se rectificó la fecha para este jueves 25, a las 8, ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 1, Carolina Castagno.

Ahora, un nuevo incidente obligó a suspender la audiencia de mañana. Así lo decidió la jueza Castagno tras analizar el pedido de suspensión presentado por el abogado Emilio Fouces, quien invocó motivos de salud que le impiden asistir a la audiencia. A la presentación de Fouces se agregaron los escritos de otros defensores, Iván Vernengo, Damián Petenatti, Leandro Schonfeld y José Velázquez, quienes habían pedido que la audiencia se realizara en la fecha originalmente establecida, el 1° de agosto.

Castagno suspendió la audiencia de este jueves pero no puso nueva fecha, sino que, previo a eso, pidió que intervengan los médicos forenses y constaten el estado de salud del abogado Fouces.

Es la segunda suspensión de esa audiencia de apelación, que en principio había sido programada para el último 4 de julio.

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El estado de salud del letrado ya provocó otra suspensión, la de la audiencia de remisión a juicio de la megacausa del Sueño Entrerriano, que había sido prevista para este miércoles 24.

“Atento al estado de las presentes actuaciones, la presentación efectuada por el Dr. Emilio Fouces, defensor de los imputados Hugo José Marsó y Gerardo Daniel Caruso, requiriendo la suspensión de la audiencia de Remisión a Juicio, teniendo en cuenta que el mencionado profesional acompaña copia de sus estudios médicos en un total de 68 fs., los que acreditan el problema de salud que le impide comparecer actualmente, suspéndase la audiencia fijada para el día 24/07/2019 a las 17.30 horas”, dice una disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial a la que accedió Entre Ríos Ahora.

El Sueño Entrerriano es una megacausa que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

El aplazamiento de la audiencia de apelación para tratar el embargo dispuesto en la causa de los contratos truchos en la Legislatura es el segundo que se produce en una causa de envergadura ligada a delitos por corrupción.

El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de $ 2.000 millones con más la suma de $1.000 millones en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso”. La medida alcanzó no sólo a los imputados, sino también a sus cónyuges.

A fines de ese mes, durante una entrevista, Fouces cuestionó el volumen del embargo y explicó que iba a batallar para que la medida sea revocada: “Creo que en la historia del país no debe haber una causa con semejante número”, manifestó entonces.

 

El juicio de la vaca con pronóstico de suspensión

El mismo camino de postergación se prevé para el inicio del juicio de la causa “de la vaca”, que según el calendario judicial debe comenzar el lunes 29 de julio. El juicio va a sentar por primera vez en el banquillo de acusados al exgobernador Sergio Urribarri; el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; y, entre otros, al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Aquí, los delitos investigados consistieron en el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía. Pero en este expediente, el abogado Fouces también presentó certificación médica que demuestra su imposibilidad para representar legalmente a sus clientes. En esta causa es el defensor al empresario uruguayense Hugo Fernando Montañana.

Tanto en la Procuración como del lado de los demás abogados defensores, aguardan la resolución del Tribunal que haga lugar al pedido de suspensión del inicio del juicio. Y es que todas las audiencias en las demás causas en las que interviene Fouces han sido postergadas.

La lógica que plantean es simple: los magistrados del Tribunal de Juicio seguirán la misma tesitura que los demás jueces que tramitan otros casos en los que está Fouces como abogado. Los jueces que deben definir son Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo.

 

 

La Fiscalía de Estado se incorporó a la causa

Otra novedad reciente fue la aparición de un actor que hasta ahora estaba fuera del caso: la Fiscalía de Estado, organismo que representa los intereses de la Provincia y que está a cargo de Julio Rodríguez Signes.

El martes, la Fiscalía de Estado solicitó que los embargos sobre los imputados en la causa de los contratos truchos se mantengan, pero ese pedido fue rechazado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, ya que no se había constituido como actor civil. La magistrada explicó que es el “único carácter en el que podría tener legitimación (la Fiscalía de Estado) para formular peticiones del tenor de la analizada”.

Este miércoles el organismo completó el trámite: se presentó ante la camarista Castagno, quien admitió su incorporación en el legajo caratulado “Beckman Flavia Marcela-Scialocomo Esteban Ángel Alberto-Álvarez María Victoria s/ estafa”.

A su vez, se le notificó de la suspensión de la audiencia para discutir si los embargos deben continuar o ser revocados.

Cabe recordar que las figuras más relevantes imputadas en esta causa, son: el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el exsecretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; más los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más los denominados «recaudadores» Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.