La causa de los supuestos contratos legislativos apócrifos, iniciada el 21 de septiembre de 2018, sigue a la espera de una prueba clave: la pericia contable sobre el listado de los contratados que quedaron bajo la lupa en la causa «Beckman Flavia y otros s/Asociación ilícita», que investiga la operatoria de una organización con base en contratos laborales supuestamente irregulares en la Legislatura.
La tesis de la Procuración es que esas operaciones -en los que estaban involucrados funcionarios de Diputados y de Senadores, estudios contables externos y particulares- le produjo un perjuicio al fisco en el período 2008 a 2018 del orden de los $2.000 millones.
¿A dónde fue a parar el dinero sustraído de la Legislatura mediante contratos? Para los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry los imputados y sus parejas “desarrollaron de manera conjunta inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas”.
Ahora, la última novedad en el movimiento de la causa tiene que ver precisamente con esas inversiones, y con un tema menor: el pago a un médico veterinario por sus servicios en el campo de uno de los acusados.
Caber recordar que a varios de los imputados se les embargaron bienes inmuebles como así también ganaderos con el objeto de que si eventualmente existe una condena, sean decomisados para que el Estado recupere lo sustraído de sus arcas.
Alfredo Bilbao es uno de los acusados considerado por la Fiscalía como un agente externo a la estructura estatal en la organización que sustrajo dinero de la Legislatura a través de contratos apócrifos. Su rol, según los acusadores públicos, era recibir el dinero que recaudaban los “tarjeteros”, es decir aquellos que cobraban contratos pero giraban una parte importante a la organización delictiva.
Tras ser imputado, la justicia le secuestró varias cabezas de ganado y equinos que tenía en unos campos en la zona de Mojones, llamados “El Cardoso” y “El Gringo”, propiedad del arrendatario Sebastián Mathe.
Con el fin de conservar ese patrimonio, el 5 de diciembre de 2018 el Ministerio Público Fiscal y los abogados de Bilbao, Iván Vernanego y Damián Petenatti, firmaron un convenio con el propósito de vender los animales, a fin de que no sigan produciéndose gastos, y conservar el capital.
Para la administración de los bienes se acordó designar al contador de Fiscalía, Jorge Enrique; y en representación de Bilbao se nombró como coadyudante al médico veterinario Guillermo Stamatti, de la firma Homeagro. Ahora, el profesional reclama el pago de la suma de $329 mil por sus servicios y colaboración en la liquidación de los animales. Pero ocurre un problema: ¿de dónde debe salir el dinero?
El 5 de febrero último, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso que el pago de los honorarios del veterinario corra por cuenta del imputado Bilbao. Su defensor Iván Vernengo apeló la decisión ya que considera que ese pago se puede hacer con el dinero producido de la venta de los animales y sostiene que así fue estipulado en el convenio firmado con Fiscalía hace 2 años. También citó como antecedente que se le pagaron honorarios al veterinario Pablo Barbagelata, hermano de la jueza cuya resolución es atacada.
Este viernes, Vernengo expuso ante la jueza de Apelaciones Carolina Castagno la pretensión de su defendido de poder disponer del dinero producido de la venta de sus animales para pagar los servicios del veterinario. El principal agravio que mencionó es la afectación del derecho a la propiedad privada.
“La jueza no ha dado intervención a las partes. Hace una interpretación del acuerdo al que habían arribado las partes. Además, en la resolución resulta contradictorio porque primero habla que el médico veterinario se dedicó a cuidar el patrimonio de Bilbao, y luego dice expresamente que coadyudó con el administrador el contador Jorge Enrique, que representa a la Fiscalía. Con la simple lectura del fallo se ve que las tareas realizadas por Stamatti van más allá de la de un simple veedor de parte”, manifestó Vernengo.
“Acá, Stamatti asesoró y tomó intervención directa y necesaria para realizar el objeto del convenio: la liquidación de las cabezas de ganado propiedad de Bilbao. Asimismo, en la simple lectura del convenio se dice que ‘con el producido de los activos que están siendo liquidados se debe cubrir toda la deuda originada en concepto de arrendamiento, así como también todos los gastos originados en la conservación del ganado, administración y demás desembolsos’. No hace salvedad de honorarios en ninguna parte. Cuando decidimos todo, decimos incluso los servicios de Homeagro”, planteó el letrado y recordó que en una ocasión se le pagó por sus servicios al veterinario Barbagelata, hermano de la jueza de Garantías, con los fondos de la venta del ganado.
“No veo por qué su señoría se aparta en esta oportunidad, en el sentido de que se tenga que abonarse con dinero que no salga de lo producido con la venta del ganado”, señaló Vernengo antes de finalizar.
A su tiempo, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry se opusieron al planteo y defendieron la resolución de la jueza Barbagelata. “Cuando hablamos de desembolsos nos referimos a gastos normales de la conservación del bien concretamente”, señaló la fiscal Yedro, quien explicó que el convenio firmado en 2018 no incluye que al veterinario se le deban pagar los honorarios por su labor como ayudante en la administración del ganado.
“La Fiscalía designó como administrador al contador Enrique; y el imputado Bilbao como coadyudante al veterinario Stamatti”, resaltó Aramberry.
Por último, los representantes de la Fiscalía de Estado, -que es actor civil en la causa- Juan Torres y Sebastián De Paul, se manifestaron en línea con los fiscales. “Tenemos interés en preservar los bienes y activos que pueden ser objeto de un futuro decomiso”, señaló Torres.
Al finalizar, la jueza Castagno dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 11 de marzo, a las 8, cuando dará su resolución.
La causa
Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.
Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.
“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.
En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.
En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora