La megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura está en compás de espera: una discusión de competencia entre la Justicia Federal y la Justicia ordinaria provincial derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene el caso para resolver. Esa situación derivó en un hecho peculiar: el pedido de elevación a juicio oral, planteado por el Ministerio Público Fiscal en 2021, aguarda una decisión administrativa.
El 1º de junio de 2021, Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, un investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalaron que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Alfredo Bilbao (Foto Análisis).
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Uno de esos 32 imputados, Alfredo Bilbao, para quien la Fiscalía pidió 12 años de cárcel, se fue a vivir temporariamente a Brasil. Salió del país el 27 de septiembre último y permanecerá en el extranjero hasta el próximo 25 de marzo de 2024. Sus defensores, Damián Petenatti e Iván Vernengo, anoticiaron de esa novedad al Ministerio Público Fiscal. Pero Fiscalía tropezó con la burocracia de Tribunales y equivocó los pasos que dio después. Al menos así lo entendió la jueza de Garantías Maria Electra Barbagelata, que les dio un tirón de orejas.
En una resolución fechada este miércoles 4, la jueza Barbagelata da cuenta que en su presentación, «los fiscales informan que el 28 de septiembre de 2023, el defensor del imputado Alfredo Bilbao les remite un correo electrónico por el que les comunica que su pupilo permanecerá fuera del país desde el 27 de septiembre de 2023 -el día anterior- hasta el 25 de marzo de 2024, y fijará su residencia en Brasil; y luego explican que el propósito de la comunicación ´es a los efectos que estime corresponder´».
Causa Contratos: el Procurador dice que no es cuestión federal
Pero enseguida la magistrada hace notar que «en la presentación (de Fiscalía) no se formula ninguna demanda en concreto, la que de haberse verificado debería tramitarse en audiencia, por lo que en rigor de verdad, el escrito debería haberse dirigido a la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias9 para que la fijara». Y les recordó a los fiscales que «en el sistema de enjuiciamiento penal de aplicación en la provincia desde septiembre de 2009, y en esta jurisdicción, desde el 22 de septiembre de 2014, el rol del juez ha quedado definitivamente deslindado de toda actividad investigativa y persecutoria».
Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, fiscales de la causa Contratos Truchos.
Barbagelata hizo notar que «la titularidad de la acción penal es del Ministerio Público Fiscal, y el juez encuentra vedada su actuación de oficio; por lo que resulta un desatino que desde la
Fiscalía se provea de una información cuya relevancia debe ser evaluada justamente por el órgano persecutorio para estimar lo que corresponde, y actuar en función de ello, y se pretenda en cambio que sea esta magistrada en una actividad, cuanto menos, improcedente, quien deba estimar lo que corresponde. Lo que corresponde a un juez de garantías es sustanciar en audiencia una pretensión de cualquiera de las partes, y luego de escuchar también a la contraria, decidir sobre la controversia».
Por eso, la jueza concluyó que «no hay nada que sustanciar, ninguna controversia que decidir», y les pidió a los fiscales que adapten «su conducta procesal a la dinámica del sistema procesal penal vigente».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora