El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, defendió la intervención del organismo como actor civil en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, una investigación penal que busca desentrañar el multimillonario desfalco en las arcas del Estado perpetrado durante una década, entre 2008 y 2018, mediante contratos laborales apócrifos.

La investigación penal se abrió en septiembre de 2018.  Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

Los contratos bajo la luga son 771. Y son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni. Claro que en medio de la tramitación de la remisión a juicio esa lista mermó.

¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? La hipótesis fiscal se apoya en un monto 4.961.988.609.

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La Fiscalía de Estado, como actor civil que busca la reparación económica por el desfalco producido a las arcas del Estado, interviene ahora en el proceso. Aunque esa intervención fue reprochada por las defensas de los imputados. Le cuestionan “la falta de legitimación activa de la Fiscalía de Estado por considerar que la acción resarcitoria fue promovida sin que exista una previa y definitiva determinación del perjuicio patrimonial por parte del Tribunal de Cuentas, órgano constitucionalmente competente”. Le señalaron que la Fiscalía de Estado no puede suplir al Tribunal de Cuentas en su función de control y determinación del daño.

“Las defensas pidieron la exclusión de la Fiscalía de Estado como actor civil”, indicó el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. “Nosotros interpusimos la demanda civil en procura del resarcimiento, y tuvimos muchas oposiciones de las defensas, absolutamente legítimas en el marco del ejercicio de la defensa, pero se nos imputó falta de acción porque no había informes del Tribunal de Cuentas. Se nos imputó que estaba indeterminado el monto respecto a algunas personas. Se nos dieron tres días para contestar -un plazo muy breve-  porque fueron alrededor de 24 excepciones. Pero el viernes terminamos de contestar todo en tiempo y forma, así que la acción civil en la causa Contratos está sustentada. Es decir, hemos cumplido con todos los pasos procesales, presentación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, contestación de excepciones”, explicó al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿Ya hubo resolución de la jueza de la causa, Marina Barbagelata?

–No, todavía no. Yo creo que la resolución de esos conflictos se va a producir ya ante el tribunal de juicio, no creo que sea en esta etapa. Un tema importante, yo le diría quizá el más importante, es que se decía que al no haber una determinación del daño por parte del Tribunal de Cuentas, no teníamos acción, que la Fiscalía de Estado no tenía acción para hacer un reclamo. Un tema muy discutido y muy discutible. Nosotros sostenemos, por supuesto, que no hace falta una determinación del Tribunal de Cuentas del daño, sino que el daño en este caso surge de la comisión de un presunto delito o de múltiples delitos y que la prueba del daño emerge de la pericia que ya se hizo en la investigación preliminar. Así que ese es un tema de derecho que está muy discutido en esta causa.

-¿Ustedes ya plantearon la demanda civil?

-Hay demanda civil en la causa penal. Nosotros teníamos la opción de interponer ahora la demanda civil o esperar el fallo en la causa penal. Pero en este caso, dada la importancia del hecho, decidimos interponer la acción civil en el proceso penal y por una razón de economía procesal también, de tiempo. Imagínense que esta es una causa del año 2018 que se remonta incluso a hechos anteriores, de manera que era importante dar una respuesta en ese aspecto.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora