La Justicia reiteró hoy el pedido de información detallada a las dos cámaras de la Legislatura provincial luego del fiasco de octubre pasado, cuando la Cámara de Diputados trabó la entrega de documentación al Ministerio Público Fiscal, postura que luego repitió el Senado, aunque de modo más políticamente correcto: requirió a los fiscales que definieron qué tipo de información solicitaban.

El pedido de información -con la rúbrica de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry- ingresó a mediamañana de hoy a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. En el caso del Senado, el pedido es que envíen a la Fiscalía toda documentación relacionada con los contratos de personal de los últimos diez años (de 2008 a 2018); en tanto que a la Cámara de Diputados el pedido de información alcanza desde 2011 a 2018.

 

El primer pedido de Fiscalía a Diputados, el 5 de octubre, mereció un rechazo en la Cámara Baja. «Por no ajustarse lo requerido al Artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) que cita para justificar el pedido”, Diputados rehusó responder  “la solicitud de documentación formulada por el Ministerio Público Fiscal mediante los Oficios N° 1309 y 1311 en el marco de la investigación penal preparatoria que busca establecer la comisión del delito de estafa con el uso de tarjetas de débito en el pago de contratos de personas en la Legislatura y el Congreso de la Nación, como medida complementaria a la renuncia del funcionario que se desempeñaba como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores”.

En tanto, el Senado  dispuso: “Hacer saber al Ministerio Público Fiscal la disposición de esta Cámara a colaborar con la investigación que está llevando a cabo y la de brindar la información y documentación siempre que fuere pertinente y conducente al objeto de la investigación penal preparatoria en curso”. Pero a la vez pidió a la Fiscalía “tenga a bien precisar el requerimiento contenido en los Oficios N° 1.308 y 1.310, indicando en forma expresa, detallada y separada la documentación que fuere pertinente y conducente al objeto de la de la investigación penal preparatoria, que lleva adelante en la causa MPF N° 87.933, “Beckman Flavia y Otros S/Asociación Ilícita y otro”, para que oportunamente pueda ser considerada por éste cuerpo”.

Ahora, el pedido de la Fiscalía buscó salvar esos contratiempos, e introdujo a la Legislatura un pedido más detallado de contratos de personal: 452 nombres para Diputados; 551 nombres de contratos para el Senado.

En el texto de apertura de la causa, los fiscales plantearon que entre enero de 2008 y septiembre de 2018 Flavia Beckman, Hugo Mena, Hugo Luna (ya fallecido), Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviena Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos” por contrato.

 

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos.

Y que el perjuicio al Estado provincial fue de $1.235 millones. 

Esa causa mantiene en prisión preventiva -y por los próximos cuatro meses- a Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.