“Me presento ante Ud. a los efectos de excusarme de continuar interviniendo en mi rol de ´coordinación´ en la causa de la referencia, ad eventum de la necesidad de intervención en futuras actos procesales, por los motivos que paso a detallar”.

De ese modo, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Andrea Goyeneche, puso al corriente al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, de su decisión de apartarse de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la tesis del Ministerio Público Fiscal le produjo un agujero negro al fiscal del orden de los $2.000 millones.

La investigación arrancó en septiembre pasado y avanzó sobre los contratos ficticios que se labraban desde las cámaras de Diputados y de Senadores, en un sistema de recaudación cuyo destino final de momento se desconoce. De momento alcanzó a los “recaudadores”, Flvia Beckman y Hugo Mena y todos sus familires; un grupo de estudios contables; y los últimos responsables de los servicios administrativos contables de la Cámara Baja, Sergio Cardoso, y de la Cámara Alta, Gustavo Pérez, e involucró también al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

En medio de la tramitación, surgió la sospecha de una relación comercial de quien estaba al frente de la investigación, Cecilia Goyeneche, y uno de los investigados, el contador Pedro Opromolla, que derivó en un pedido de apartamiento. En primera instancia, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el planteo por cuanto ese tipo de incidentes debe resolverlo, dijo, el jefe de los fiscales en atención a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En apelación, la camarista María Carolina Castagno confirmó lo resuelto.

La Cámara de Casación Penal falló en la misma línea, y ahora los defensores –Miguel Cullen, Guillermo Vartorello, Leopoldo Cappa- buscan llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Mientas el asunto no ha podido ser resuelto, una causa por peculado que se abrió al intendente de Concordia, Enrique Cresto, derivó en el apartamiento del fiscal José Arias, pedida por la defensa del jefe comunal. Allí hubo opinión contraria a lo resuelto en Paraná: el juez de Garantías Darío Mautone y la camarista María del Luján Giorgio –hermana del vocal del STJ Miguel Giorgio- opinaron distinto y afirmaron que los jueces tienen potestad para recusar fiscales.

La Procuración decidió no llevar la discusión a la Cámara de Casación Penal de Concordia y así el fiscal Arias quedó afuera de la causa.

Goyeneche había resistido la inquina se había formado a su alrededor de parte de algunos defensores y resistió su apartamiento.

Hasta que el 29 de abril último presentó un pedido de apartamiento ante el Procurador General.  “Como es sabido –dice el texto-, desde el inicio de la investigación de la causa referida, y en virtud de vuestra resolución Nº 080/18, del 15/8/18, he desarrollado tareas de coordinación en la misma, y atento a sus enormes dimensiones, he colaborado con los Sres. Fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, en determinados actos de investigación y otros actos procesales”.

Apartamiento Goyeneche by on Scribd

Y agrega: “Luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del CPN Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”.  En ese orden, apuntó: “No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Perez y Faure (los abogados Cullen, Vartorelli y Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo-, para -sin ningún interés que los ampare- recusarme en la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”.

Según Goyeneche, “el vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el Sr. Opromolla, el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente”.

“Sin embargo –añadió-, la evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los Sres. Fiscales solicitaron -y así dispuso la Sra. Jueza de Garantías-, la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los Fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50% de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N°236, Oficina ´B´, de Paraná”.

Ese departamento, que figuraba a nombre de Opromolla, fue adquirido por Goyeneche “por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017”. Al respecto, señaló: “La traba de la cautelar, me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la Sra. Jueza de Garantías. Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”.

Al final, deja aclarado que la investigación penal seguirá, como hasta ahora, a cargo de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, trabajo que Goyeneche califica de “impecable”.

 

Repercusiones

La novedad del apartamiento de Goyeneche de la causa de los contratos truchos generó distintas reacciones entre los abogados defensores consultados por Entre Ríos Ahora.

Sorprendido con la decisión de la Fiscal Anticorrupción, un letrado dijo que las defensas «no obstruimos ni dilatamos la caysa; la recusación  era un proceso paralelo la recusación». De todos modos, dijo que era una resolución esperable a partir de lo que ocurrió con el fiscal Arias en Concordia.

«No cambia nada en la causa», dijo un segundo letrado consultado, que impulsó la recusación de Goyeneche.  Un tercero, agregó: «Fue una sorpresa la decisión y una crónica anunciada en razón de la prueba y los posibles criterios del Superior Tribunal en torno a la recusación».

 

 

Foto: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora