El abecé de la operatoria de los contratos truchos en la Legislatura, de acuerdo a la tesis que ha expuesto la Procuración, funcionó de tal modo que sólo dejó al descubierto a la parte más endeble de la organización: los contratados -ya declararon aproximadamente 70 personas en la Fiscalía-, los «cobradores -entre ellos el matrimonio de Flavia Beckman y Hugo Mena, más el yerno de éstos, Esteban Scialocomo, todos en la cárcel, con preventiva por cuatro meses-, y los recaudadores y organizadores de la estructura financiera y de contratación, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado -con preventiva por 90 días-, y Alfredo Bilbao -también en prisión- y Roberto Faure -enviado este jueves a la Unidad Penal-, pero de momento no se llega al final de la pirámide.

«Hay un alguien más», esbozó la fiscal Patricia Yedro en la audiencia del jueves, cuando la Procuración pidió que los contadores Gustavo Pérez y Roberto Faure fueran enviados a prisión para evitar así que entorpezcan la investigación en marcha.  Pérez, Faure, Bilbao, los organizadores de la estructura de los cobradores de los contratos truchos, reportaban a otras personas que, de momento, no se sabe quiénes son. Sí están mencionados el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera; el cuñado de este, Alejandro Almada; el director del Instituto del Seguro de Entre Rios, Juan Domingo Orabona, entre otros, pero ninguno con poder  decisiorio último respecto del destino que tuvo el fraude de $1.235 millones que calculó el Ministerio Público Fiscal que se sacó de las arcas de la Legislatura entre 2008 y 2018 a través de contrataciones ficticias.

La historia comienza en 2008 y se extiende hasta 2018. En ese tiempo,  «Flavia Marcela Beckman. Hugo Ruben Mena (con prisión preventiva por 4 meses),  Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo (con preventiva por 4 meses), María Victoria Alvarez Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a pesos $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000  por vínculo”.

Eso dice la apertura de una causa que, de momento, investiga los delitos de asociación ilícita y de peculado.

 

Génesis

 

El fiscal Ignacio Aramberry -que lleva adelante la pesquisa junto a la fiscal Patricia Yedro y a la Procuradora adjunta Cecilia Goyeneche- habló con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1 y dijo que la causa, quizá la de mayor envergadura por delitos de corrupción en la Justicia entrerriana, arrancó de manera fortuita: un policía que avistó movimientos sospechosos en el cajero de la sucursal Alsina y Gualeguaychú del Banco Bersa, donde un trío de personas -Flavia Beckman, Hugo Mena, María Victoria Alvarez- se ocupaban de retirar cuantiosas sumas de dinero de los cajeros, valiéndose de distintas tarjetas de débito. Esa fue la piedra de toque que abrió la pesquisa.

Fiscal Ignacio Aramberry.

Los siguieron, les allanaron el domicilio y empezaron a desentrañar la madeja: en la casa del matrimonio Beckman-Mena hallaron contratos laborales con la Legislatura, innumerable cantidad de tarjetas de débito, dinero en efectivo, constancia de cobro de cheques. «Así es como comienza la causa», ilustra Aramberry.

¿A qué apunta la investigación?

«La presunción gira en torno al objeto procesal de la investigación, que fue plasmada en las diversas audiencias que se han ido dando», cuenta.

Cuando se le pregunta qué tan lejos llega la organización que se dedicaba a manejar, administrar y recaudar dinero de contratos truchos, el fiscal asegura que de momento no hay certezas, pero que no descartan ninguna pista.

«Hay entrevistas todos los días. La investigación no se detiene con esto de los seis imputados que están con prisión preventiva, ni mucho menos. Seguimos procesando información, seguimos analizando los informes periciales de computadoras, teléfonos, etcétera. Se van incrementando en función de que la información se procesa. Estamos abocados a esta tarea casi de forma completa, mañana y tarde, y esperando información que hemos requerido a diversos organismos  del Estado y también a privados», sostiene.

-¿Van a ser citado a declarar los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados?

-Por el momento, hay personas a las que se ha convocado a designar abogado defensor, para que controlen la prueba, y tengan información en el proceso. Esto es muy progresivo. Es una investigación muy compleja. Estamos en un 95% abocados a esta investigación, mañana y tarde. Pero vamos avanzando paso a paso.  No puedo afirmar categóricamente por el momento. Se ha citado a que designen abogados defensores a autoridades de las cámaras, eso sí.

-¿Se va a llegar hasta el final de esto? ¿Qué tan alto llega?

-De parte de la Fiscalía tenemos presunciones y estamos profundizando en este aspecto. No puedo decirlo porque forma parte de la investigación y de lo que estamos analizando con profundidad.  No tenemos una confianza plena en ello. Estamos haciendo los esefuerzos necesarios para que en la investigación quede reflejada una verdad aproximada a la verdad real, que es lo que se requiere en cualquier investigación penal.

-Hubo dos pedidos de información de parte de la Fiscalía a las cámaras de Diputados y de Senadores. ¿Respondieron al último requerimiento desde la Legislatura?

-No se han respondido todavía los pedidos. La verdad es que son pedidos bastante importantes en el sentido de la documentación que entendemos o presumimos que puede comprender este pedido. Nosotros tenemos urgencia (para que respondan) porque existen personas detenidas, privadas de la libertad, con preventiva, y más que nada la urgencia radica en eso, y en la posibilidad de seguir investigando. La urgencia existe.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.