La comunidad de la Escuela Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada el 5 de marzo de 2014 bajo la consigna de “primera escuela vial del país”, convocó para este viernes, a las 12, a un abrazo simbólico al establecimiento, ubicado calle Brasil Nº 1050, a una cuadra de la Terminal de Ómnibus de Paraná, justo detrás de la Escuela República de Chile.

La escuela quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días: el 14 de mayo comenzó el juicio oral a funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que participaron de la creación de la institución, acusados del delito de peculado.

La etapa de debates se cerró el lunes 28 de mayo con la petición formulada por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa de 4 años de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, para el extitular de la DPV, Jorge Rodríguez, y para Néstor Kemerer, exdirector de Mantenimiento y Suministro, actual subadministrador y también  candidato a la conducción del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever). Al merituar la pena, los acusadores consideraron como atenuante que los acusados no cuentan con antecedentes penales.

En tanto, levantaron la acusación que pesaba sobre Mario Heyde, ex subdirector del DPV, por entender que no participó del delito que se le endilga a los otros dos acusados.

Rodríguez, Kemerer y Heyde fueron llevados a juicio, acusados de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de una escuela con contenidos de formación vial y la cesión por 20 años de un terreno  para su funcionamiento. La escuela creada por la gestión de Rodríguez, en 2014, es la Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de nivel primario, y se encuentra ubicada en un predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad, en calle Brasil Nº 1050, en Paraná.

El caso había sido elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N°2 Eduardo Ruhl el 17 de febrero de 2017. En esa audiencia, las fiscales les imputaron a los funcionarios el delito de peculado, ya que habrían utilizado “fondos públicos cuya administración, les había sido confiada, con destino a poner en funcionamiento, a partir del mes de febrero de 2014, una escuela pública de gestión privada que lleva el Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz”. Y, entre otras cosas, señalaron que para sostener la escuela, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) pagó, desde su creación, 3 millones de pesos a personal docente y cerca de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.

También sostuvieron que: “Cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, con el único propósito de simular que la escuela iba a ser administrada y sustentada económicamente por una institución privada, formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, presidida por Kemerer y en la cual Rodríguez fue designado secretario”.

“Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”, agregaron en la acusación.

Tanto Kemerer como Rodríguez defendieron ante el tribunal lo hecho con la Escuela de Vialidad. Rodríguez, incluso, lloró ante los jueces. 

Pero la fiscal Yedro señaló en su alegato acusatorio que a lo largo del juicio se comprobó que Rodríguez y Kemerer no tenían competencia para disponer de dinero de Vialidad a la construcción y pago de sueldos de docentes de la escuela.

La acusadora subrayó que Rodríguez y Kemerer impulsaron el proyecto de la escuela con el fin de “promocionarse políticamente” a nivel provincial y nacional. En ese sentido, recordó que una docente contó que en 2014 eran convocados por las autoridades de la escuela para participar de actos políticos.

A su vez, mencionó que una de las irregularidades que quedó en evidencia durante el juicio fue que Vialidad le cedió en comodato a 20 años a la Asociación Civil Los Viales, que presidía Kemerer, un predio que pertenece al Gobierno de la provincia. También indicó que quedó demostrado que la asociación se creó el 4 de agosto de 2014, y que se encontraron contratos docentes antedatados a febrero de ese año.

En ese marco, mencionó que entre la obra de refuncionalización de los galpones donde se instaló la escuela, las donaciones por parte de la Dirección de Mantenimiento y Suministros, que dirigía Kemerer, y el pago de salarios docentes, se desviaron más de 4 millones de pesos.

Yedro puso de resalto que “de ninguna norma surge que Vialidad tenga facultades para crear una escuela” y que esa circunstancia fue mencionada por Nancy Vinagre, Auditora del Tribunal de Cuentas; y que también lo advirtió, en junio de 2014, Patricia Palleiro de Todoni, directora de Escuelas Privadas del CGE.

El martes 5, a las 9, el tribunal conformado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta, dará a conocer el fallo en la causa.

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.