Se integró el tribunal colegiado definitivo que revisará los sobreseimientos dictados en la causa conocida como de las “Cosechadoras truchas”, en el que se investigó, a lo largo de 8 años, el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, en créditos otorgados por el Estado para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
El 20 de mayo, se comunicó a las partes que la Sala II de Transición del Tribunal de Juicio y Apelaciones estará compuesta por los jueces José María Chemez, Elvio Osir Garzón y Rafael Cotorruelo, según supo Entre Ríos Ahora.
El último en incorporarse fue Garzón, quien reemplazó a la vocal María Carolina Castagno, que se apartó por haber intervenido en la causa cuando era fiscal de Coordinación.
Los magistrados tendrán a su cargo la tarea de confirmar o revocar los sobreseimientos dictados el viernes 8 de mayo por el juez de Transición N°1 Carlos Hugo Ríos.
La resolución benefició a los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; al exministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al exministro de Producción, Roberto Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, como Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).
El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Pablo Nicolás Zoff, apeló los sobreseimientos el 11 de mayo por medio de un escrito de 30 páginas en el que cuestionan la resolución del juez Ríos.
Entre otras cosas, el acusador señaló que en la investigación se acreditó el ardid, o el engaño al Estado, por parte de los empresarios para conseguir el financiamiento para construir las cosechadoras; y que los funcionarios tuvieron “descuidos deliberados” a la hora de controlar el destino que se le daba a los fondos otorgados por el Estado.
El 13 de mayo, desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se había informado a Entre Ríos Ahora que el Tribunal para analizar la apelación estaría integrado por los jueces Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel. Sin embargo, esas designaciones no se concretaron ya que se observaron que los magistrados habían intervenido en otras instancias de la investigación.
“Cuando llegó a la Cámara, por turno le tocaba a la que integran Grippo, Pimentel y Labriola y cuando revisan ven que habían tenido una intervención previa y entonces se define que siga interviniendo el mismo tribunal de alzada, que es la que está interviniendo ahora”, explicaron desde Tribunales.
La apelación
En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
En la apelación a los sobreseimientos, el fiscal Zoff que especificó que dos empresas negaron tener algún vínculo con el Grupo Senor –se trata de Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A., Matrimet S.R.L.- y que la tercera, Cotrasep, podría ser una firma fantasma.
Sobre la prueba pendiente para encontrar a la firma Cotrasep, dijo que se había solicitado la intervención del área de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.
En cuanto al perjuicio al Estado, que el juez Ríos consideró que no hubo ya que se cobró seguro de caución del Instituto del Seguro, el fiscal sostuvo que “se quitó la disponibilidad del dinero al Estado provincial durante varios años, en el cual no pudo afectarlo al cumplimiento de otras políticas públicas”.
En cuanto al rol de los funcionarios, en el recurso de apelación afirmó que “en las primeras etapas, el comportamiento de los funcionarios pudo calificarse simplemente como negligente (persuadidos tal vez por el ardid que desplegaron los demás imputados), y se realizaron la serie de controles que fueron correctamente detallados por su señoría, con posterioridad al primer, segundo y tercer desembolso del crédito otorgado por la suma de $ 4.000.000. Pero con el avanzar de la actuación administrativa, entiendo que resulta acreditado que estos ‘descuidos’ fueron deliverados, a fin de suministrarle a GMCUSA los créditos que solicitaron, sin efectuar todos los controles que correspondieron”.
La causa
La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.
En concreto, se investigó el destino de los $5,5 millones que recibió como créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA, del grupo Senor, dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.
La fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras
Créditos
El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora