La causa conocida como las “Cosechadoras truchas” seguirá sumando documentos al voluminoso expediente que integra la investigación judicial que busca desentrañar qué sucedió con los créditos millonarios que otorgó el Gobierno de Sergio Urribarri a la empresa Grandes Máquinas S.A., del Grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.

La Justicia investiga el destino de los $5,5 millones en créditos del Estado entrerriano que recibió la firma,  entre 2009 y 2012, para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero.

La empresa quebró en 2014 y no se construyó ninguna cosechadora. En la causa hay cuatro empresarios imputados, dos ex ministros y otros dos funcionarios públicos de menor rango.

Ahora se conoció que el juez de Transición Nº 2, Pablo Nicolás Zoff, libró el 7 de julio pasado dos exhortos a la Justicia de la provincia de Córdoba, en procura de recabar más información sobre la capacidad económica del Grupo Senor y, por ende, de Grandes Máquinas SA.

Uno de los exhortos fue dirigido a juzgados penales de Córdoba que tengan competencia territorial en las sedes de tres empresas que, en principio, formarían parte del Grupo Senor, a saber: “Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A.”, “Matrimet S.R.L.” y la “Cooperativa de Trabajo Septiembre LTDA (Cotrasep)”.

También dispuso mediante un exhorto al Juzgado de Garantías con jurisdicción en Córdoba que preste declaración testimonial Marcelo Héctor Aguirre. Esta persona aparece aparentemente vinculada al Grupo Senor porque dos de sus departamentos fueron vendidos e incorporados al capital de Grandes Máquinas SA. Lo que el juez busca conocer es si se incorporó como socio en el Grupo y si estuvo al tanto del proyecto de las cosechadoras.

En cuanto a las tres empresas, fuentes tribunalicias indicaron que el magistrado pide que expliquen cuál es la vinculación con el Grupo Senor. En concreto, les pregunta si integran el grupo económico y, de ser así, si tienen algún grado de influencia en las tomas de decisiones del Grupo. La requisitoria también apunta a conocer, principalmente, si las firmas tenían intención de invertir en Grandes Máquinas SA, la firma encargada de construir las cosechadoras en Concepción del Uruguay.

El juez Zoff se centró en esas tres empresas porque aparecen mencionadas en los expedientes administrativos que presentó Grandes Máquinas antes de comenzar a recibir los créditos. Entre la documentación, fuentes judiciales indicaron que los empresarios anexaron balances de las firmas en la que constan que facturaban millones, es decir, que eran solventes.

“El Grupo Senor explicó que es un grupo económico que integran empresas vinculadas en áreas estratégicas de negocios. Lo que no está claro es si las tomas de decisiones son comunes. Ellos dicen que no son un Grupo en el estricto sentido del término legal, sino un grupo de empresas vinculadas en actividades, que tenían relaciones estratégicas en distintos negocios. Ahora tienen que corroborar si ello es cierto”, confió una fuente judicial con acceso al expediente.

Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales, y que para ello contaron con la colaboración de funcionarios que miraron para otro lado. El juez Zoff ha dado diferentes pasos antes de resolver sobre la situación procesal de los imputados: tomó declaración a nuevos testigos, pidió realizar una pericia contable sobre la empresa –que fue realizada por la perito del STJ, María Florencia Ara- y, ahora busca adentrarse en el Grupo Senor, para conocer si la empresa Grandes Máquinas SA, a la cual se le dieron diferentes créditos del Finver, tenía capacidad económica para afrontar el compromiso asumido con la Provincia. Hay un informe del síndico contador Horacio Larrivey que fue contundente al concluir que la firma no era solvente.

Como ha contado Entre Ríos Ahora, Grandes Máquinas SA se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012, y luego el juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, designó como síndico al contador Larrivey, quien en un informe cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, a una empresa que no era solvente.  Además, advirtió que la compañía estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012. El juez dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014.

Las preguntas que la Justicia intenta dilucidar son : ¿los dueños de Grandes Máquinas SA montaron un ardid para acceder a los créditos del Estado entrerriano? O, caso contrario, ¿contaban con la capacidad económica, vía otras firmas, para llevar a cabo la tarea pero la crisis económica les hizo caer el negocio?

 

 

Los créditos que se esfumaron


El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García. La denuncia surgió tras una serie de publicaciones periodísticas, tanto de medios entrerrianos como nacionales. El expediente, que se tramita por el sistema procesal viejo, está caratulado “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”.

En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y por la parte pública, el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Roberto Schunk.; Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna). La investigación está en manos del fiscal Gervasio Labriola.

A fines de mayo, el juez de  Transición Nº 2 de Paraná, Pablo Zoff, tomó declaración testimonial al contador José Sebastián Pérez, quien se desempeñaba como director de Auditoria Interna, dependiente de la Coordinación General de Gestión del Ministerio de Producción. El profesional realizó uno de los informes  de control y seguimiento de la empresa Grandes Maquinas SA, previo al desembolso de uno de los créditos que debían ser destinados a la fabricación de cosechadoras.

Todavía resta que el magistrado reciba el testimonio de la ingeniera agrónoma Elena Rosales, quien fuera directora general de Agricultura del Ministerio de Producción. En el caso de Rosales, por encontrarse viviendo en Salto, provincia de Buenos Aires, el juez libró un exhorto con un pliego de preguntas para que la ex funcionaria responda ante un juzgado de primera instancia penal de esa ciudad. En la justicia aseguran que este tipo de demoras es común ya que los exhortos son pedidos de colaboración entre juzgados de diferentes distritos y en muchos casos resulta burocrático que se canalice con celeridad.

Otro dato que se supo hace algunas semanas es que los empresarios imputados desistieron de ampliar su declaración indagatoria ante el juez Zoff.

Luego de que se sumen las respuestas de las empresas y la de Rosales y Aguirre, finalmente el juez Zoff podría resolver si procesa  a los imputados o declara la falta de mérito. La resolución podría demorarse si de los descargos surgen datos que obliguen a continuar indagando en firmas, documentos públicos u otros involucrados en el proyecto de construcción de cosechadoras que consumió $5,5 millones de pesos del Estado y que dejó más preguntas que respuestas.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.