Antes del inicio de la feria judicial –que comenzó el 10 de julio y termina el 21- se produjo una novedad en la causa conocida como las “Cosechadoras”, en la que se investiga  el destino de los $5,5 millones que recibió en concepto de créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA, dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un galpón en Concepción del Uruguay.

La novedad fue que los empresarios imputados por el supuesto uso indebido de fondos públicos y fraude al Estado, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll, desistieron de ampliar su declaración indagatoria ante el juez de Transición Nº2 de Paraná, Pablo Zoff. Entre Ríos Ahora supo que la decisión de los empresarios fue informada al magistrado por el abogado de los empresarios, Conrado Meier.

Fuentes judiciales confirmaron que los Senor, Scravaglieri y Boll no concurrirán a ampliar su declaración, aunque se desconocen los motivos que llevaron a dar ese paso judicial que, en definitiva, acelera el tiempo para que el juez Zoff resuelva si procesa o no a los imputados. Entre Ríos Ahora se comunicó con el estudio de Meier, ubicado en calle Mejico 623, en Paraná, pero no pudo dar con la palabra del letrado.

En la causa también están imputados por el supuesto delito de defraudación a la Administración Pública el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Valiero es defendido por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini; mientras que Schunk cuenta con la defensa de Emilio Fouces.

Otros de los funcionarios acusados son Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna). López contrató al abogado Ignacio Díaz, mientras que Rodríguez nombró a Guillermo Vartorelli.

A fines de mayo, el juez Zoff le tomó declaración testimonial al contador José Sebastián Pérez, uno de los profesionales que realizó informes de contabilidad y seguimiento de la empresa Grandes Maquinas SA, previo al desembolso de los créditos que debían ser destinados a la fabricación de cosechadoras. Pérez se desempeñaba como director de Auditoria Interna, dependiente de la Coordinación General de Gestión del Ministerio de Producción. Es decir, era un funcionario que dependía del entonces ministro de Producción Roberto Schunk.

Según señalaron fuentes judiciales, aún resta que declare en calidad de testigo la ingeniera agrónoma Elena Rosales, quien fuera directora general de Agricultura del Ministerio de Producción. La profesional también realizó informes de control previos a que se giren los créditos a la empresa encargada de hacer las cosechadoras.

Como se contó a mediados de junio, Rosales se encuentra viviendo en Salto, provincia de Buenos Aires, y por esa situación el juez Zoff libró un exhorto con un pliego de preguntas para que la ex funcionaria responda ante un juzgado de primera instancia penal de esa ciudad. La ex funcionaria aún no declaró.

 

 

 

El voluminoso expediente de las “Cosechadoras” ya cuenta con información suficiente para avanzar sobre la situación procesal de los acusados. Entre la documentación que en su momento deberá merituar el juez Zoff , se encuentran: las transcripciones de las declaraciones indagatorias de los imputados, las declaraciones de testigos; la documentación solicitada a distintos organismos públicos; y dos informes clave que indagaron sobre las cuentas de la empresa.

Uno es el informe de la pericia contable sobre la empresa Grandes Máquinas SA, que quebró en 2014, elaborada por la perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Florencia Ara; y el otro es el elaborado mucho antes por el contador Horacio Larrivey, quien cuestionó “la irresponsable asistencia financiera” a Grandes Máquinas SA ya que no era solvente. La firma, según Larrivey, estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011y a pesar de ese estado el Finver le desembolsó créditos en 2012.

El profesional fue designado síndico de la empresa  por el juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, cuando la firma se había presentado a concurso preventivo en septiembre de 2012. El juez dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014.

 

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.