Luego de que el juez de Transición N°1 Carlos Hugo Ríos dictara el sobreseimiento de todos los investigados en la causa conocida como de «las cosechadoras truchas», que investigó, a lo largo de 8 años, el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, en créditos otorgados por el Estado para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay, este miércoles se conoció la decisión de la Procuración de apelar esa medida.
Fue el fiscal Pablo Nicolás Zoff el encargado de firmar la apelación sobre los sobreseimientos. El escrito lo presentó el lunes 11, y este miércoles 13 el juez concedió el recurso y elevó el expediente a la Sala II de Transición del Tribunal de Juicio y Apelaciones. La misma quedó integrada por los jueces Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel, según supo Entre Ríos Ahora desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). De estos tres, es posible que se excuse el juez Labriola, ya que siendo fiscal, entres 2014 y 2017, llevó adelante la investigación de la causa de las cosechadoras.
El perdón
Los sobreseimientos fueron dictados el viernes 8 de mayo y beneficiaron a los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; al exministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al exministro de Producción, Roberto Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, como Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).
En el expediente, se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
La apelación que presentó el lunes 11 el fiscal ante el juez Ríos cabe en tres páginas, en las que resumió en apretada síntesis su desacuerdo con el sobreseimiento. No obstante, se le concedió que mejore la articulación del mismo en el Tribunal de Alzada dentro de un plazo de tres días.
El ardid, la prueba pendiente y el perjuicio al Estado
En los fundamentos de la apelación, Zoff cuestiona que el juez Ríos haya dictado el sobreseimiento de los empresarios al entender que no se acreditó el ardid, o el engaño al Estado, para conseguir el financiamiento.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal explicó que su postura es que efectivamente está probado el ardid, tanto al inicio como luego de conseguir los primeros créditos. “La firma dijo que se comprometía a integrar $6 millones, y nunca pudieron hacerlo. Dijeron que la Compañía de Trabajo Septiembre LTD (Cotrasep) integraría $3 millones. Sin embargo, a la empresa no la encontramos porque enviábamos oficios a los domicilios legales y decían que allí no había nada. Aquí no está puesto en tela de juicio que la firma sabía hacer cosechadoras, sino que el proyecto no tenía viabilidad económica. Hubo un engaño al Estado provincial cuando vendieron el proyecto porque sabían que no tenían la capacidad económica para hacerlo”, explicó.
“El ardid también es posterior, porque hicieron variaciones del plan de negocios y, por ejemplo, informaron de una compra de insumos a una empresa, y cuando preguntamos, esa empresa dijo que no tenía ninguna vinculación con Senor”, puntualizó.
Especificó que dos empresas negaron tener algún vínculo con el Grupo Senor –se trata de Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A., Matrimet S.R.L.- y que la tercera, Cotrasep, podría ser una firma fantasma.
Sobre la prueba pendiente para encontrar a la firma Cotrasep, dijo que se había solicitado la intervención del área de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.
“De la tres empresas que Senor presenta como avalistas, dos respondieron que no tienen ninguna vinculación, y a otra, no la encontramos. A la empresa no la ubicamos y pedimos la intervención del área de Delitos Económicos”, dijo.
En cuanto al perjuicio al Estado, que el juez Ríos consideró que no hubo ya que se cobró seguro de caución del Instituto del Seguro, el fiscal sostuvo: “El perjuicio estuvo porque no hubo disponibilidad de los bienes durante mucho tiempo. Es como decir que la lesión no ocurre porque la herida se curó. Acá hubo un mecanismo que existió y durante tres o cuatro años el Estado no contó con esos fondos”, afirmó Zoff.
En el escrito de apelación, sostuvo que el recupero posterior del dinero tras el cobro del seguro de caución es irrelevante, puesto que “se quitó la disponibilidad del dinero al Estado provincial durante varios años, en el cual no pudo afectarlo al cumplimiento de otras políticas públicas”.
En cuanto al rol de los funcionarios, en el recurso de apelación afirmó que “en las primeras etapas, el comportamiento de los funcionarios pudo calificarse simplemente como negligente (persuadidos tal vez por el ardid que desplegaron los demás imputados), y se realizaron la serie de controles que fueron correctamente detallados por su señoría, con posterioridad al primer, segundo y tercer desembolso del crédito otorgado por la suma de $ 4.000.000. Pero con el avanzar de la actuación administrativa, entiendo que resulta acreditado que estos ‘descuidos’ fueron deliverados, a fin de suministrarle a GMCUSA los créditos que solicitaron, sin efectuar todos los controles que correspondieron”.
Antes la consulta de Entre Ríos Ahora, explicó que, por ejemplo, el “crédito del último millón se pagó en tiempo récord, sin control. El dinero se cobró en un trámite que duró menos de un mes”.
“No controlaron nada en esa oportunidad. Incluso, cuando otorgan el último millón, Teresita López (NdelaR: Coordinadora del Fondo de Inversiones de Entre Ríos) había informado que la empresa no había pagado la primera cuota del primer crédito”, detalló.
Finalmente, consultado si existe alguna incompatibilidad en su actuación, ya que tramitó la causa siendo juez de Transición, sostuvo: “Nunca senté posición como juez, sólo realice diligencias. Ahora soy parte y tengo la pretensión punitiva”, cerró.
La causa
La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.
En concreto, se investigó el destino de los $5,5 millones que recibió como créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA, del grupo Senor, dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.
La fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras
Créditos
El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora