El paro de actividades que dispuso los días 21 y 22 del actual la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que dirige Julio Piumato y que en Entre Ríos tiene una representación minoritaria en los Tribunales, disparó un cruce de comunicados entre la sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El jueves 21, en el inicio de la medida de fuerza por 48 horas de los trabajadores, la sección Paraná del Colegio de la Abogacía mostró su malestar: «Una nueva medida de fuerza en los tribunales vuelve a paralizar el servicio de justicia, afectando los derechos de la ciudadanía. La medida a estas alturas resulta excesiva, sobre todo porque los empleados judiciales y magistrados han efectuado reclamos administrativos tendientes a la ´recomposición´ de sus salarios, teniendo siempre la alternativa de una acción judicial, como el resto de las personas. Desde la Sección Paraná exhortamos a que funcionarios y magistrados garanticen la atención de los profesionales del derecho».
Pero ante el planteo de la sección Paraná del Colegio de la Abogacía, el sábado la titular del STJ, Susana Medina, remitió una nota «atento a la publicación que la entidad realizó en su página de Facebook afirmando que la medida de fuerza llevada adelante por los empleados del Poder Judicial, el jueves pasado, había ´paralizado el servicio de justicia´ y ´afectado los derechos de la ciudadanía´”.
“Atento a lo genérica e imprecisa que resulta dicha afirmación”, Susana Medina solicitó a (el presidente, Santiago) Esquivel “que, a la mayor brevedad posible, brinde un claro detalle de los organismos judiciales que no prestaron atención durante la medida de fuerza, así como aquellos en los que se haya verificado suspensión de audiencias, o cualquier otro entorpecimiento del servicio, o de la actividad profesional de quienes ejercen la abogacía, por la razón mencionada, a los fines de adoptar las medidas que correspondan”.
La respuesta apareció este lunes. Santiago Esquivel, presidente de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía, y Pablo Tanger, presidente electo de la misma Sección, respondieron la petición de la titular del STJ.
La invitaron a Medina “a nuestra Sección el día jueves 28 de septiembre a las 11 hs, a los efectos de dialogar personalmente sobre la respuesta por Ud. requerida y así adoptar las medidas que correspondan”.
“Sin perjuicio de ello, consideramos que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos es quien tiene conocimiento acabado de la medida de fuerza y su alcance”, señalaron. “La mencionada reunión resultará propicia para poder dialogar sobre diversos temas que hacen al ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción”, agrega la respuesta.
Como la publicación en Facebook del Colegio de la Abogacía se acompañó con una foto del frente del edificio de los Juzgados Laborales, sobre calle Santa, que el día del paro permanecieron con sus puertas cerradas, desde Tribunales indicaron que los cuatro Juzgados (números 1, 2, 3 y 4) hicieron saber «que los días 21 y 22 de septiembre pasados la actividad en dichos organismos se desarrolló con normalidad, garantizándose el acceso a Justicia, más allá del paro realizado por agentes del Poder Judicial».
La jueza del Trabajo N°1, Gladis Pinto, puso en conocimiento al STJ que durante esos días se trabajó normalmente con reducción del personal, que se adhirió a la medida de fuerza. «La magistrada hizo saber que junto a la secretaria asistieron con normalidad a prestar sus funciones y se realizaron las audiencias previstas, trabajando en los expedientes que se encontraban a despacho. Además se dictaron sentencias y se atendió a distintos profesionales que realizaron consultas telefónicas y de manera presencial», indicó un parte oficial.
En tanto, desde el Juzgado del Trabajo N° 2 se informó que «la Mesa de Entradas estuvo abierta y funcionó normalmente. Asimismo, hizo saber que el despacho funcionó normalmente, realizándose la tarea diaria de distribución de todas las presentaciones realizadas por los abogados y las abogadas de la matrícula. También se atendió al público que acudió al organismo, se respondieron llamadas telefónicas y se contestó la totalidad de las consultas realizadas por celular. También se respondió a los y las profesionales que fueron a la dependencia a pedir documental, la que fue entregada, dando cumplimiento a las diligencias que se tramitaron>».
Además se realizaron las vinculaciones interesadas por los profesionales vía correo electrónico y se suscribieron los escritos con firma de la Secretaría.
Durante los días 21 y 22 de este mes, la jueza a cargo de dicho Juzgado, Nanci Bautista, fue subrogada por la titular del Juzgado del Trabajo N 4, Alejandra Abud. Durante esos días se fijaron audiencias en proceso de violencia en el ámbito laboral, las que se realizaron durante la tarde del sábado 23.
Desde el Juzgado del Trabajo N° 3 de Paraná, a cargo de José Reviriego, se informó que el jueves y viernes pasados se realizaron las tareas normalmente entre el magistrado, la secretaria y el personal que no adhirió al paro. Se suscribió el despacho diario, se celebraron audiencias y se atendió, como es habitual, al público y a los profesionales de la abogacía.
Los registros de las audiencias se efectúan por el sistema de “Inveniet”, como se realiza siempre, lo que permite constatar que así fue efectivamente. El despacho también fue firmado, por lo que la actividad en el organismo fue habitual.
En tanto, desde el Juzgado del Trabajo N° 4 a cargo de María Alejandra Abud, se hizo saber que el organismo garantizó la prestación del servicio de justicia, llevándose adelante las audiencias de conciliación fijadas para esos días; se proveyeron los despachos de pagos urgentes, se dictaron sentencias de cobro de pesos y amparos, y la Mesa de Entradas permaneció abierta con la atención de un agente en el Juzgado.
Respecto de la puerta de ingreso a la casa ubicada en calle Santa Fe, donde funcionan los cuatro Juzgados, se informó que estuvo cerrada sin llave, en virtud de estrictas cuestiones de seguridad, en virtud de la adhesión de empleados y empleadas a la medida de fuerza, aunque los y las integrantes de la magistratura y el funcionariado se encontraban trabajando en sus respectivos despachos.