Un episodio que ocurrió esta semana en la Municipalidad entre una mujer contratada de 30 años de edad y el capataz del área de servicios públicos (trabajos de plazas y calles), tuvo mucha repercusión y merece algún análisis más minucioso. Trascendió por un comunicado del titular del bloque de concejales justicialistas Angel “Chuna” Landra, a quien recurrió la empleada para contarle lo que le sucedió. Landra lo comentó luego con total crudeza y sin eufemismos: “La damnificada me contó que el abuso se produjo cuando ella estaba esperando para marcar el reloj de salida, se presentó este ‘buen hombre’ e hizo lo que hace cualquier degenerado; ‘la empomó de atrás’. Ella me dijo que había otros empleados que fueron testigos y que vieron todo lo que había pasado”.
Se trató en realidad de un hecho grave de acoso sexual. Quizás no fue apropiado el uso de una palabra vinculada vulgarmente con la penetración (empomar), lo cual no existió. Aclarado este término que además de impacto pudo haber causado confusión, y que Landra –según declaró a Paralelo 32- repitió para reproducir textualmente las palabras de la atormentada víctima, digamos que el comportamiento de este capataz ya fue advertido por el bloque de concejales del FpV en el mes de enero, en sesión del HCD.
Según relató Landra a nuestro Semanario, la mujer –una contratada de 30 años de edad que trabaja entre 6 y 8 horas diarias y por el mes de mayo cobró la suma de $ 2.697, 50 como salario con el que debe mantener un hijo– se encontraba apoyada con los codos sobre una mesa, en espera de timbrar su tarjeta de salida, cuando el capataz se acercó desde atrás y se apoyó sobre ella.
Tras escuchar su queja, Landra dio a conocer el relato de la chica a los medios. Se supo que el intendente llamó luego a su despacho a la mujer que se sintió ultrajada, donde probablemente ella haya repetido la situación de acoso que vive y que llegó a un punto extremo con este abuso incalificable. Al ser entrevistado por el periodista Matteoda, el intendente Uriel Brupbacher dijo que actuaría si hubiera una denuncia policial pero hasta el momento no hay ninguna. Al funcionario que habría cometido ese hecho lo “cambió de tinglado”, es decir que tiene su lugar de operaciones en un galpón vecino a donde se halla su presunta víctima cuando no está trabajando en la calle.
Una mujer sola que depende de un contrato para llevarse a su casa poco más de dos mil quinientos pesos al mes, es muy vulnerable. ¿Cómo se atrevería a una denuncia con esa precariedad laboral? ¿Cómo lograría que sus compañeras de trabajo se presenten como testigos si son igualmente vulnerables? ¿Cómo contrataría un abogado o cómo haría para soportar un proceso judicial?
Es un deber administrativo iniciar un sumario e investigar los hechos sin perseguir a los testigos ni al denunciante. Un sumario no es gran cosa, porque casi nunca llegan a definiciones importantes, pero es un deber político del intendente y el Secretario de Obras Públicas tratar de llegar al hueso de la cuestión, y si no hay sanciones posibles porque la formalidad exige pruebas, siempre son posibles otras medidas que pongan a cada uno en su justo lugar.
Fuente: Paralelo 32, autor Luis Jacobi