Juan Francisco Ramírez Montrull llevará la acusación, junto a Álvaro Piérola, en el juicio al cura Justo José Ilarraz, que empieza este lunes 16.

Está en la causa desde que la Procuración General abrió la investigación de oficio, en septiembre de 2012, y sostiene, sin dudar, que eje del trabajo de acusación del Ministerio Público Fiscal irá por la condena de Ilarraz.

«Vamos por la condena de Ilarraz, por los hechos que se le han imputado. En virtud de toda la evidencia y la prueba reunida, nosotros creemos que hay certeza para la condena», sostiene Ramírez Montrull.

«No tenemos ninguna duda de la materialidad de los hechos, y esto está corroborado por cada una de las denuncias. Todo fue corroborado por los distintos testigos, por las pericias psicológicas, que constatan la afectación de estas personas, y por los distintos informes que dan crédito a la tesis acusatoria», amplía.

Hay siete denuncias por abusos y corrupción de menores que pesan sobre Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1985 y 1993. Las víctimas fueron sus pupilos en el Seminario: cursaban la escuela secundaria como internos, y el cura ejercía el rol de guía espiritual.

El caso fue investigado en 1995, por decisión del entonces arzobispo Estanislao Karlic, que al año siguiente, 1996, después de escuchar a cuatro víctimas, decidió aplicarle la sanción del destierro. Ese proceso, por orden del propio Karlic, fue guardado en el archivo secreto de la curia. En 2012, se abrió la investigación penal.

En opinión del fiscal Ramírez Montrull, «lo más complicado de la causa fue el transcurso del tiempo, que tiene como desenlace la solicitud de la defensa de la prescripción. El paso del tiempo dificultó la reconstrucción del hecho, pero lo zanjamos, está resuelto en los tribunales de Entre Ríos, y se pudo recabar la información para fundar la acusación».

-¿Concluido el proceso a Ilarraz, puede abrirse una nueva causa para investigar el posible encubrimiento?

-Es posible investigar el encubrimiento, pero habrá que ver cómo pesa el paso del tiempo.

Respecto de la pena que pedirá la Fiscalía durante los alegatos, Ramírez Montrull dice que es un asunto que está en evaluación, pero la tesitura es ir «por el máximo de la pena», y según la legislación está cerca de los 30 años. De igual modo, un aspecto que se tendrá que evaluar es el paso del tiempo.

 

De momento, la condena máxima aplicada a un miembro de la Iglesia fue a Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores. En los Tribunales de Paraná no hay antecedentes de condenas tan elevadas, pero el  Ministerio Público Fiscal irá por una petición de condena que estará próxima a los 20 años.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.