Las redes sociales son una herramienta de gran importancia en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Facebook, Twitter, Instagram y el servicio de mensajería de Wahtsapp son las principales herramientas que tienen las personas para mantenerse informadas y comunicadas.
Sin embargo, en muchos casos las redes no sólo representan un vehículo de información, sino de desinformación y su rostro más dañino es el escrache social, como la revelación de la identidad de los pacientes con coronavirus.
Durante la cuarentena, en la provincia de Entre Ríos aparecieron casos cuestionables que serán discutidos en los Tribunales una vez que se reanude el trabajo normal. Uno de ellos tiene que ver con una publicación de Facebook en el que el autor se burlaba de la cuarentena social e invitaba a romperla.
Se trata del expediente que tiene en la mira a un joven oriundo de Santa Elena –que vive en Paraná-, Misael Aranda, quien días atrás publicó en su Facebook una serie de posteos burlándose del trabajo de la Policía e incitaba a violar el aislamiento.
«En el Puerto, con los pibes, pizza y fernet pasándola piola riéndonos de los encerrados paranoicos», escribió en uno de los posteos, el cual acompañó con el hashtag «#Mechupaunhuevolacuarentena».
En otra publicación, comentó una noticia que hablaba de la detención de 16 personas por violar la cuarentena. Al respecto, escribió: «Jajaja a nosotros ni bola nos dieron. Por al lado nos pasaba el patrullero, nosotros en la nuestra, ni pelota a los locos, vida normal siempre».
«#Yonomequedoencerrado no tengo prisión domiciliaria ‘todavía’ jajaja».
Cabe recordar que el joven encausado no es la primera vez que es noticia por sus posteos en las redes sociales. Ya había acaparado los medios provinciales a principios de marzo de 2018 cuando fue despedido del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) por haberse burlado de la muerte del policía Martín López, de Santa Elena; y de haber cuestionado los trámites que realizaba en la obra social la familia de Tiziano Cáceres, el niño que sufría atrofia muscular espinal y murió a la espera de un medicamento de $12 millones.
El caso llegó a oídos de la Policía Departamental La Paz que radicó una denuncia por supuesta apología del delito en la Fiscalía de la localidad. Según el Código Penal argentino, en su artículo 213, “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
Qué dice el fiscal
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal de esa ciudad, Facundo Barbosa, confirmó que el expediente recayó en su oficina y que una de los primeros análisis que deberá realizar es sobre la competencia provincial o federal para investigar; y si los posteos reúnen las condiciones como para avanzar con el caso.
“Tengo entendido que desde la Jefatura de Policía remitieron una causa en base a una publicación de Facebook relacionada con eso. Claramente, en primer lugar, está analizar el tema de la competencia, lo relativo al incumplimiento de las medidas del Poder Ejecutivo Nacional que es competencia federal. La cuestión es si la apología también sigue el mismo carril o bien es competencia provincial”, analizó el fiscal.
Y agregó que “luego está también la cuestión de analizar la tipicidad de la conducta, es decir: si esas manifestaciones reúnen los requisitos típicos de la apología del delito o de alguna otra tipicidad”.
Finalmente, consultado si el expediente se tramitará por completo en La Paz, refirió que ello está bajo estudio. “Las actuaciones las remitieron a la Fiscalía de La Paz, lo que no necesariamente implica que las tramite la Fiscalía de La Paz, por esa cuestión relativa a la competencia. Lo relevante es el lugar de la comisión del hecho, no obstante, hechos que se cometen a través de las redes sociales también tienen sus particularidades en cuanto a las reglas de la competencia. Máxime cuando se trata de posteos abiertos al público y no de comunicaciones privadas. Es un tema repleto de complejidades”, cerró.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora