Cuatro gremios formalizarán este lunes una presentación conjunta en la Justicia con el objetivo de frenar parte del articulado de la Ley N° 10.806, sancionada a principio de mes luego de un tratamiento exprés en la Legislatura, y que supone la aplicación de recortes salariales y aportes extra de los trabajadores del Estado para sostener financieramente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Este lunes, a las 10, habrá una conferencia de prensa virtual a través de la plataforma Google Meet de la que participarán dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para dar a conocer detalles de los recursos judiciales conjuntos.
Este viernes 24 el plenario de secretarios generales de Agmer reclamó al Poder Ejecutivo la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la denominada Ley de Emergencia Solidaria. Se trata de los puntos más polémicos y que mayor afectación produce en el bolsillo de activos y jubilados.
La ley fija en el artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:
Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.
En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.
Si bien la ley aplica medidas al sector financiero y al campo, la evaluación que hace Agmer es que las cargas son desiguales. «Los números son muy concretos y contundentes, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 % lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %. Las y los legisladores que aprobaron los artículos 4, 5, 6 del texto citado son, también, claramente responsables de la confiscación salarial de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social y de haber atentando contra el 82 % móvil de los haberes jubilatorios», señala el sindicato.
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia Solidaria el miércoles por la tarde, a las puertas de un fin de semana extralargo y al inicio de la feria judicial de julio. La estrategia de los gremios fue aguardar a que finalice el receso en la Justicia, y entablar las demandas a partir de este lunes.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora