El cura Juan Diego Escobar Gaviria se sentará hoy, a las 8,30, en la sala del primer piso del edificio de los Tribunales de Gualeguay para escuchar el veredicto en la causa por corrupción y abuso de menores que pesa en su contra.

Enfrente, tendrá a los tres integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay –María Angélica Pivas, Darío Crespo y Javier Cadenas– que darán a conocer su decisión, tras escuchar, entre el martes 22 y el jueves 24 de agosto los testimonios de víctimas y testigos, y luego de los alegatos de las partes, el lunes 28 de agosto.

Los fiscales Federico Uriburu y Dardo Tórtul dieron por probados los delitos de corrupción, en tres hechos, y de abuso sexual simple, un caso, todos agravados por la condición de miembro del clero de Escobar Gaviria. Y pidieron la aplicación de la máxima pena: 25 años de prisión de cumplimiento efectivo. Los defensores,  Milton Ramón Urrutia, Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez, peticionaron la absolución de su defendido, y que se declare la nulidad en pruebas que consideraron reprochables, como las cámaras Gesell.

La tesis de los fiscales es que Escobar Gaviria siempre supo lo que hacía con los menores que quedaban a su cuidado en la casa parroquial de Lucas González  y a los que luego abusaba.

El sacerdote conocía la edad de esos niños, que eran monaguillos de la parroquia San Lucas Evangelista. Los buscaba entre los más vulnerables, los atraía para sí, y en ese ardid hasta lograba la confianza de los padres. Con quién mejor que con el cura va a estar mi hijo, pensaban todos. Y le firmaban permisos para que durmieran en la casa parroquial los fines de semana, para que lo acompañaran en sus campañas de sanación por distintos puntos de la provincia.

Los abusos no fueron hechos aislados, sostienen Uriburu y Tórtul: fue un proceso continuado, dice la acusación de los fiscales. Que el cura realizaba “toqueteos genitales de las víctimas, incitación al toqueteo de genitales del abusador, intentos de penetración, contacto bucogenital”, todo eso sin el consentimiento de los menores, que eran “coaccionados y sometidos a la condición sacerdotal del incurso”.

Esos abusos fueron hechos en el marco de una relación de “asimetría” entre el cura y sus víctimas menores, en la que Escobar Gaviria ejercía su poder: los chicos, muy vulnerables, buscaban su consejo y guía, y en algunos casos, también una figura paterna que habían perdido. En vez de eso, se convertían en víctimas de alguien que los sometía, y conseguía el silencio.

La Fiscalía anota un punto: la iniciación sexual de los chicos fue de modo violento, a manos del cura, sin que tuviesen noción de qué era lo que ocurría con sus cuerpos.  Ese despertar sexual fue forzado por el cura, quien tendía sus redes para captar a los menores con frases del estilo “has sido elegido por Dios”.

Dios los elegía, Escobar Gaviria los abusaba. La línea de la perversión funcionaba así, y se cerraba con una condición sine qua non: los nenes no hablaban de lo que ocurría cuando se cerraba la puerta del dormitorio del cura.

“El tiempo en que fueron realizados (los abusos), nos indica lo excesivo de tales conductas: muchos de estos actos, si los analizamos aisladamente a modo de las piezas separadas de un rompecabezas, tendrían otra entidad legal, pero precisamente por su prolongación en el tiempo y por lo sistemático sin dudas analizados en forma global y no separada, alcanzan el carácter de corrupctores”, dice el alegato de la acusación.

Destacan los fiscales la ejecución por parte de Escobar Gaviria de un “plan criminal, consistente en la realización de actos perversos, prematuros y excesivos, aprovechando esa guarda, buscando con ellos no sólo una satisfacción ocasional, sino a lo largo del tiempo”.

 

Por eso, la fiscalía solicitó para el cura Escobar Gaviria la pena de 25 años de prisión “a cumplir en forma efectiva” por los delitos de “promoción a la corrupción, agravada por su condición de guardador, en tres hechos, con más de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto en un hecho”.

“En la hipótesis de acoger este tribunal nuestra teoría del caso, solicitamos se mantenga la prisión preventiva, máxime la amenaza seria de una condena efectiva, lo que hará que el acusado  trate de eludir la acción de la Justicia, habida cuenta de haber provocado confusión en su arraigo y las posibilidades de profugarse por la ayuda de terceros”, señalan los fiscales al justificar el pedido de extensión de la prisión preventiva más allá del dictado de la sentencia.