La Justicia dará un paso clave esta semana en el marco de la causa que investiga el modo cómo la provincia le pagó una cifra millonaria a una productora porteña, Nelly Entertainment SA, para difundir 4 spots de campaña del «Sueño Entrerriano» durante 2014.

El jueves está citado a indagatoria el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el viernes, el exesposo de Susana Giménez, Jorge «Corcho» Rodríguez, titular de Nelly Entertainment SA, socio de Facundo de Vido, el hijo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

«Corcho» Rodríguez tiene gimnasia en asuntos judiciales. En los 90 estuvo involucrado en un resonante escándalo: el de las llamadas telefónicas al programa de Susana, cuando se asoció con el multimillonario Jorge Born, y con el secuestrador de éste, Rodolfo Galimberti, y juntos fundaron Hard Comunication, la empresa que fraguó aportes a la Fundación Felices Los Niños, del cura abusador Julio Grassi. En 2012, la Justicia dejó a todos libres de culpa y cargo. “Con este juicio me siento gratificado y me permite seguir creyendo en la Justicia», dijo el «Corcho».
Los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa llevan adelante una compleja investigación sobre una parte de los gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolló en Paraná, a mediados de diciembre de 2014. Se fijaron de modo minucioso en la contratación con Nelly Entertainment SA por $28 millones que ordenó la administración del exgobernador Sergio Urribarri, y que ejecutó su lugarteniente, el exministro de Cultura, Pedro Báez. En teoría, fue para la difunsión de la Cumbre, pero en los hechos se convirtió en plataforma de lanzamiento de la precandidatura de Urribarri a la presidencia, el amañado «Sueño Entrerriano».

Los 4 spots que supuestamente Nelly Entertainment SA puso al aire en medios de todo el país no hablaban de la Cumbre, sino de la gestión de Urribarri. La contratacción de la productor del «Corcho» Rodríguez fue hecha de un modo velocícismo, y en las conexiones, dicen las pericias hechas sobre cruces de llamadas, intevino en forma directa Báez, y también, no se sabe bien con qué función, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. El abultadísimo gasto, $28 millones, se hizo sin que ningún organismo de control pusiera reparos.

Ni siquiera el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, y por eso su ex titular, Guillermo Smaldone, y todos los fiscales de cuentas, debieron prestar testimonio ante los fiscales Brugo y Cánepa. La investigación colectó también el testimonio del vocal del organismo, José Luis Gea Sánchez. La pesquisa hizo un descubrimiento: el pago a Nelly Entertainment SA no se hio con fondos de la Cumbre –y por eso no se rindió– sino que se echó mano a fondos de Rentas Generales. Y estaba recubierto por el galimatías de la burocracia estatal: hubo que pedir que un técnico descifrara las claves de la asignación presupuestaria.

Hay dos líneas clave de la investigación: cómo fue el proceso de selección y de contratación de Nelly Entertainment SA, un caso de estudio dentro de la Administración: el expediente pasó por varios organismos y obtuvo el visto bueno en horas, y el contratista se enteró de modo milgroso del concurso de precios, hizo trámites en paralelo en Buenos Aires y en Paraná, y, la sospecha mayor, es que corrió con el caballo del comisario para quedarse con el jugoso contrato.
Pero además se abre potra línea: ¿se usaron fondos públios para pagar la campaña presidencia de Urribarri, bajo la mácula de la difusión de aspectos de la Cumbre? ¿El «Sueño Entrerriano» tuvo así fuente de financiamiento de las arcas provinciales?

Abecé


Como reveló Entre Ríos Ahora el 11 de octubre de 2015, la oferta de la agencia porteña presentaría deficiencias que, de constatarse, podrían constituir un delito. Por ejemplo, que los documentos societarios que el “Corcho” Rodríguez debió acompañar para ganar el cotejo de precios, fueron certificados por un escribano público de Buenos Aires el mismo día en que se presentaron en Paraná, e incluso en algún caso, un día después.

El contrato original con Nelly Entertainment SA fue por $31 millones. Pero después el Gobierno salió a “corregir” esa cifra. A través del decreto Nº 5.364 se indicó que una de las agencias publicitarias contratadas para la difusión de la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur comunicó “el día 11 de diciembre del corriente año, diferencias surgidas en la duración de los spots suministrados, así como algunos cambios de último momento en la grilla de los canales, lo cual generó una demora en el inicio de la campaña, que provocó la necesidad de reprogramar dicha grilla prevista manteniendo el mismo impacto comunicacional, lo cual a su vez se tradujo en una disminución del monto presupuestado, siendo el nuevo valor total” de $28.400.000.

El expediente administrativo Nº 1656798, llamado “Área Técnico Administrativa – Dirección General de Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación – Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo” ampara la contratación de los 4 spots publicitarios con Nelly Entertainment SA.

Sin embargo, el negocio millonario habría sido incorrectamente encuadrado en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, que autorizó a la administración del gobernador Sergio Urribarri a contratar en forma directa, sin licitación. En esa norma, permitió al Poder Ejecutivo realizar contrataciones directas para obras, servicios y suministros “inherentes” a la reunión de Jefes de Estado que se realizó en diciembre del año pasado en Paraná, pero los videos que el Ministerio de Cultura hizo difundir en las redes sociales se referían a propaganda de la gestión de los siete años de gobierno de Sergio Urribarri.

Y hubo una celeridad pasmosa: el trámite de aprobación de la contratación consiguió el visto bueno de diez funcionarios del máximo nivel de los organismos de control interno del Estado Provincial en sólo 5 días hábiles.

No es menos llamativo que en sólo 4 días se haya realizado todo el procedimiento de compra, incluido el llamado a ofertar, que sólo se publicó en El Diario de Paraná y pese a ello concitó la atención de cuatro empresas de Buenos Aires.

Al acercar su oferta, Nelly Entertainment SA expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicaciones que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos siete años de Gobierno”. Quizás el apuro, el entusiasmo o vaya a saber qué motivo, llevó a Rodríguez y De Vido a revelar el verdadero objetivo de la contratación directa, sin mencionar siquiera la 47° Cumbre del Mercosur.

El segundo detalle es más grave: pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment SA ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el 9 de diciembre de 2014, a las 7,31, ese mismo 9 de diciembre de 2014, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar en el marco de la convocatoria de la Resolución 54 de la Unidad Operativa.

Peor aún, el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos– el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.

El detalle no es menor. Probaría que los requisitos para la presentación de la oferta fueron cumplidos un día después de que, según el expediente, se acercó efectivamente la propuesta de Nelly Entertainment. Es decir que, o son falsas las certificaciones de los documentos de la empresa publicitaria, o se falseó la fecha de su presentación ante la Unidad Operativa para incluirla entre las ofertas válidas.

Es apenas la punta del olvillo.
Báez y «Corcho» Rodrígue podrían aportar más pistas para llegar al final de la trama.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.