Entre el 14 y el 18 de diciembre de 2014, Paraná fue sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, y hasta aquí llegaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rouseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Nicolás Maduro (Venezuela), Horacio Cortes (Paraguay) y José Mujica (Uruguay).

Previo a la realización de esa cumbre, y para poner a punto la infraestructura para dar acogida a un encuentro continental de esa envergadura, la administración del entonces gobernador Sergio Urribarri firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción, que se constituyó en el agente que contrató las obras necesarias durante la Cumbre.

El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.

El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, ahora eyectado de la administración del gobernador Gustavo Bordet, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.

Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de  Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela del Centenario y La Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

Pero esos gastos después quedaron bajo la lupa judicial.

El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación penal por el supuesto delito de pago de sobreprecios, y la cifra que calculó ronda los $18 millones.

Pero la determinación final del monto y el aval necesario que requiere la Justicia para establecer el perjuicio sólo lo puede aportar una pericia contable, que la Fiscalía pidió en diciembre de 2017 y que hasta ahora no se ha hecho.

El trámite ahora se ve un poco más demorado en función de un planteo que hicieron los defensores Miguel Cullen y Néstor Pedrotti, y que expusieron en una audiencia pública que tuvo lugar este lunes en Tribunales, presidida por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

El abogado Miguel Cullen planteó su objeción a la decisión de la Fiscalía de rehusar una serie de puntos de pericia que había planteado la defensa. “Entendemos que esa decisión afecta gravemente el derecho de defensa. Nos dicen que a la perito designada le resulta imposible responder a lo que planteamos. Si la perito no puede, que nos lo diga a los defensores en forma directa, no a través de la Fiscalía”, subrayó.

“No entendemos cuál es la razón por la cual se nos niegan los puntos de pericia y no se nos invita a hablar con la perito, para saber cuáles son los inconvenientes que no puede responder a lo que pedimos –agregó-. No entiendo por qué tenemos llegar al conflicto”. Y apuntó: “Lo que pretendemos es saber si todo lo que tiene que ver con las contrataciones realizadas con la Cámara de la Construcción se hicieron conforme a derecho”.

El abogado Néstor Pedrotti enumeró una serie de contratiempos ocurridos con esa pericia.

Recordó que el 28 de diciembre de 2017 se intimó a la defensa para que designe perito contable y puntos de pericia.

En febrero de 2018 la defensa presentó un recurso de reposición, y el 28 de febrero del año último, la Fiscalía dispuso nombrar contadores, y sus puntos de pericia. A su vez, dio la posibilidad a la defensa para que designe peritos y proponga puntos de pericia. Las defensas de los cuatro imputados presentaron sus puntos de pericia y propusieron consultores contables e ingenieros.

El 7 de junio de 2017, la Fiscalía tuvo presente los puntos de pericia. Y dispuso que se haga la pericia.

El 27 de junio de 2018, la Fiscalía le requirió a la perito oficial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Florencia Ara, los puntos de pericia. Pero Ara nunca avanzó con la pericia y entonces la Procuración empezó a buscar peritos.

El 11 de marzo de 2019, la Fiscalía dispuso que la perito oficial de Gualeguay, Vanesa Parisi, realice las pericias. Pero Parisi rechazó el trabajo, y se designó perito a Diana Rossi, de Gualeguaychú.

Una última resolución de la Fiscalía, del 8 de agosto de 2018, estableció qué puntos de pericia correspondía y cuáles no, y eso motivo el planteo de la defensa.

“El 95% de los puntos de pericia pedidos por la defensa han sido desestimados”, ilustró Pedrotti.

El fiscal Juan Malvasio reprochó a la defensa haber hecho “una valoración fragmentada sobre lo que ha ocurrido en esta causa con la designación de un perito”. Y planteó su objeción por “inadmisible” y “extemporáneo” del planteo de los defensores.

Dijo Malvasio que la demora en la designación de un perito ha sido ajena a la Procuración. “La designación de un perito se debe solicitar al Superior Tribunal de Justicia, y ello lleva demoras ajenas a la Procuración”, apuntó, y admitió que la pericia fue dispuesta en diciembre de 2017, aunque hasta ahora no concretada.

Recordó que la Fiscalía pretendió en un principio que la pericia contable quedara en manos de la Policía Federal, pero que esa posibilidad no prosperó, y que debió aguardarse la designación de un perito por parte del STJ. “Después de 14 meses, pudimos contar con un perito oficial”, recordó. “Una vez que tuvimos perito oficial, analizamos los puntos de pericia y realizamos control de admisibilidad. El 9 de agosto de 2019 se notificó a la defensa los puntos considerados inútiles e impertinentes”, planteó.

“Esta demora en la realización de la pericia es imputable a cualquier organismos menos al Ministerio Público Fiscal –aseguró Malvasio-. La Fiscalía, previendo que los peritos dependen del STJ, y que la Fiscalía no tiene posibilidad de obligarlos, dispuso que la Policía Federal realice esa pericia. Así, sacábamos de la órbita de la provincia una pericia contable para determinar si hubo o no perjuicio. Y si hubo perjuicio, cerrar la investigación penal y elevar la causa a juicio. Pero la defensa quiso que fuera la perito del STJ”.

La Procuradora Adjunta sostuvo que la causa involucra a “los empresarios de la construcción más poderosos de la provincia”. Y achacó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de la que dependen los peritos, las demoras en la realización de la pericia.

Goyeneche pidió rechazar el planteo de las defensas. “Estamos esperando la resolución de la magistrada para poder mandar a las peritos a realizar su tarea. Entendemos que no hay ningún motivo para modificar los puntos de pericia”, apuntó.

La jueza Barbagelata abrió este lunes un cuarto intermedio de una semana para adoptar una resolución.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.