Luego de que la Justicia Electoral de La Paz rechazara las impugnaciones presentadas contra la candidatura a intendente de Santa Elena del actual jefe comunal, Domingo Daniel Rossi, uno de los impugnantes, Mario Vega, militante del PJ, apeló esa decisión y llegó al Tribunal Electoral Provincial
Mario Vega, un afiliado del Partido Justicialista de Santa Elena impugnó la candidatura de Rossi, aunque su planteó resultó extemporáneo. Según el dictamen del Tribunal Electoral, el plazo para las impugnaciones venció el 9 de septiembre y Vega ingresó su escrito el 21 de septiembre. «Por las razones hasta aquí expuestas, concluimos en que la impugnación que ha sido objeto de análisis en la presente resulta extemporánea y así debe ser declarada», concluyó el tribunal conformado por Silvia Vega, jueza Civil, Comercial y Laboral N° 2 de La Paz, Facundo Javier Barbosa, fiscal suplente, y Martín Millán, defensor público.
Igual suerte corrió la impugnación presentada por Vicente Daniel Paez, Feliciano Aranda, Gladys Liliana Sandoval y Marcos Antonio Gómez el día 23 de septiembre de 2023, la que, dijo el Tribunal, «ha sido realizada fuera del plazo establecido».
Lo mismo ocurrió con la impugnación que había presentado Guillermo Olotte, candidato a la Intendencia de Santa Elena por los libertarios de Javier Milei.
Conocida la decisión de Vega de recurrir el pronunciamiento de la Justicia Electoral de La Paz, desde la Procuración anticiparon que el caso Rossi correrá la misma suerte que las postulaciones de los candidatos a intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico (Juntos) y de Juan Carlos Darrichón (PJ), en Diamante.
Rossi fue intendente de Santa Elena en cuatro períodos anteriores: 1983 a 1987; 1991 a 1995; 2003 a 2007; y 2011 a 2015. Ahora transita el quinto, y anticipó que busca un sexto, y que se presentará en las elecciones de 2023. También ocupó la Vicegobernación durante la gestión de Jorge Busti, entre 1987 y 1991. Su esposa, Patricia Díaz, ocupó una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos entre 2007 y 2011.
«Rossi correrá la misma suerte que Darrichón», anticipan desde la Procuración.
Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, agregaron: «Pero además Rossi fue condenado por enriquecimiento Ilícito. Entonces, lo alcanza la cláusula constitucional contenida en el artículo 36º, que dice que atentan contra la democracia los condenados por delito contra la Administración pública que importe enriquecimiento. Y Rossi, después de quedar firme la condena, tuvo que pagar y pagó en Fiscalía de Estado el perjuicio que fijó el Tribunal de Cuentas».
En 2006, Rossi fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito en la función pública. En aquella causa fue condenado a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años, al pago de 90.000 pesos de multa y a hacer tareas comunitarias durante tres años.
El tribunal que lo condenó estuvo integrado por los camaristas Jorge García –hoy Procurador General-, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. El fallo quedó firme en 2007 y fue destituido como intendente de Santa Elena. En 2010 acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise su condena.
En 2016, una década después, se abrió una segunda causa por enriquecimiento que todavía no se ha cerrado.
La investigación se abrió de oficio a fines de 2016 por orden del Procurador General Jorge García, luego de una publicación de la revista “Análisis” en la que se informó que la ex legisladora tendría en el Scotia Bank de Montevideo una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.
El legajo fue caratulado “Díaz Patricia Teresa y otro s/ Enriquecimiento Ilícito”. Desde entonces, la defensa de los imputados solicitó al Ministerio Público Fiscal que cierre la causa ya que aseguran que no existe delito, y que la causa se abrió por cuestiones “políticas”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora