En una oficina de Casa de Gobierno, que con frecuencia es utilizada como espacio de reunión de diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, se encuentra una caja que contiene el voluminoso expediente de cinco cuerpos cuya carátula reza: “Darrichón, Juan Carlos, Cáceres de Taleb, Oliva Lilia Leonor y otros- incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de la denuncia iniciada en 2009 contra el exintendente de Diamante y actual diputado del FPV, Juan Carlos Darrichón.
Los documentos (fotocopias certificadas por secretario judicial) con todas las actuaciones llevadas a cabo en siete años fueron remitidos en agosto a la Cámara de Diputados por la jueza de Garantías y Transición, Ana Quinteros Fagetti, con el pedido formal de desafuero del diputado Darrichón. Sobre ese punto debe resolver la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja: levantarle los fueros parlamentarios al legislador para ponerlo a disposición del juez para su juzgamiento. Así lo establece el artículo 115° de la Constitución de Entre Ríos.
El diputado peronista está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando se desempeñaba como intendente de Diamante. Al frente del municipio estuvo en dos ocasiones, de 2003 a 2007 y en el período 2007-2011.
La causa se inició en 2009, cuando un grupo de trabajadores y concejales de la UCR lo denunciaron por no depositar los aportes en la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. También fueron denunciados el entonces secretario de Gobierno y Hacienda, Héctor Zapata; y Olivia Cáceres de Taleb, quien fuera la contadora municipal.
Entre Ríos Ahora tuvo acceso al voluminoso expediente que espera ser analizado por los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales. La frondosa documentación contiene los reclamos administrativos de empleados municipales, notas periodísticas que trataron el conflicto, respuestas oficiales, recibos de sueldos, declaraciones testimoniales y, por supuesto, las sentencias de los magistrados en las distintas instancias.
Entre los diferentes documentos que se encontrarán los diputados a la hora de decidir el desafuero de Darrichón, están:
-Un pedido de Informe, fechado el 26 de noviembre de 2008, donde el Concejo Deliberante de Diamante se dirige al intendente, en ese entonces Juan Carlos Darrichón, para que informe, entre otras cosas, el motivo por el cual el municipio suspendió desde mayo de 2005 el pago de aportes patronales a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.
– Una nota fechada el 6 de febrero de 2009, en la que los empleados municipales de Diamante y beneficiarios de créditos otorgados por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones solicitan al directorio de la Caja que les informe el estado de sus cuotas “ya que las mismas son descontadas automáticamente de nuestros haberes que percibimos como dependientes de la municipalidad de Diamante”.
En la misma nota se lee que, en ese momento, existía preocupación por “los distintos comentarios que circulan en el ámbito municipal” en relación a que el municipio “no estaría depositando en las cuentas de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones las cuotas de nuestros respectivos créditos y que a tal fin –reiteramos- se nos retienen mensualmente de nuestros sueldos”. El documento contiene un centenar de firmas.
-En fecha 2 de marzo de 2009 aparece una nota presentada al Concejo Deliberante local en la que los jubilados y pensionados también informaban la preocupación reinante a raíz de la “delicada situación financiera, producto de la millonaria deuda que sistemática, rutinaria y mensualmente vienen generando la Municipalidad de Diamante, desde mayo de 2005, por falta del cumplimiento del pago de aportes jubilatorios patronales con el agravante, además, que desde el mes de agosto de 2008 ha dejado de depositar en la cuenta de la Caja de Jubilaciones los importes que se les retienen a los empleados activos en conceptos de aportes jubilatorios personales y las cuotas de los créditos otorgados por la Caja Municipal de Jubilaciones desde el mes de noviembre de 2008”.
Allí también señalaban que en conceptos de aportes desde mayo de 2005 en adelante la Municipalidad “ha generado deuda de más de $3.000.000”.
-Luego, se encuentra la denuncia que inició todo el proceso. La misma fue presentada ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull por parte de Fernando Miguel Pacheco, en aquel entonces presidente del bloque de concejales de la UCR del Concejo Deliberante de Diamante; y de Héctor Gustavo Zapata, Raúl Carlos Buschiazzo, Alberto Arsenio Flores, Luis Antonio Leonetti, Silvia Mabel Nuñez, Flora Anita Lust y María Elena Viola miembros de la Caja de Jubilaciones Municipales.
La presentación fue acompañada por recibos de sueldos, decretos municipales, ordenanzas y convenios referidos al acuerdo entre la Caja Municipal y la Municipalidad; además de artículos periodísticos del Semanario Regional “La Ciudad”, el periódico diamantino “Identidad” y el suplemento dominical “La Región” de El Diario de Paraná.
Una causa que lleva 7 años
El expediente que está en Diputados.
La causa fue caratulada “Darrichón, Juan Carlos, Cáceres de Taleb, Oliva Lilia Leonor y otro- incumplimiento de los deberes de funcionario público” y comenzó a tramitarse en 2009 en el Juzgado de Instrucción de Diamante, a cargo del juez Jorge Barbagelata Xavier.
Eduardo Guaita, fiscal de la jurisdicción de Victoria, fue quien continuó con la acusación dada las sucesivas excusaciones de los demás fiscales.
En las diferentes instancias, la defensa de Darrichón argumentó que la práctica de omitir realizar los depósitos fue una “costumbre” de los diferentes gobiernos de Diamante desde la creación de la Caja, en el año 1995, ya que se debía postergar el pago de aportes ante las dificultades económicas del municipio.
El 8 de febrero de 2013, el juez de Instrucción de Diamante, Jorge Barbagelata Xavier, dictó el sobreseimiento de Darrichón y los demás acusados al considerar que no hubo delito sino administración “negligente”.
El 22 de febrero de ese año, el fiscal Guaita apeló el sobreseimiento del exintendente y de su exsecretario de Gobierno. No así en el caso de su excontadora Cáceres de Taleb, por entender que no estaba abarcada “por la competencia decisoria”. Es decir, consideró que no fue quien tomó la decisión de descontar y no depositar los aportes en la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.
El 19 de junio de 2013, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por Hugo Perotti, Miguel Angel Giorgio y José María Chemez, rechazó el recurso de apelación del fiscal Guaita. Ante ello, la fiscal de Cámara interina, María Carolina Castagno, interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia.
El 10 de marzo de 2014, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, revocó el sobreseimiento y remitió la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.
El 26 de abril de 2016, los miembros de la Sala Nº 1 del Tribunal de Juicio y Apelaciones en Transición de Paraná, integrada por Elvio Garzón (votó en disidencia), Alejandro Grippo y Ricardo Bonazzola, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y se dictó el procesamiento de Miguel Zapata por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y se dispuso que se inicie el trámite de desafuero del diputado Darrichón.
JuanCarlos Darrichón.
Así las cosas, en junio último la jueza de Garantías y Transiciones, Ana Quinteros Fagetti, resolvió solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Juan Carlos Darrichón con el objeto de citarlo a declaración indagatoria y continuar la instrucción formal. En tanto, al exfuncionario de Hacienda municipal, Miguel Ángel Zapata, lo citó a declarar y le impuso un embargo por $50 mil.
El 2 de agosto, la magistrada envió el oficio Nº 699 en el cual comunica al secretario de la Cámara de Diputados, Nicolas Pierini, la solicitud de desafuero de Darrichón, y remite todo lo actuado por la justicia en siete años. En la sesión del 30 de agosto se puso en conocimiento a la Cámara de Diputados. Ahora sólo falta que los legisladores comiencen a analizar el caso, hoja por hoja.
Comisión que define el desafuero
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento es la encargada de definir sobre los fueros parlamentarios. Actualmente es presidida por Diego Lara (FPV-María Grande), y la componen Ángel Vázquez (FPV San Benito), Rosario Romero (FPV-Paraná), Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), Jorge Monge (Cambiemos-Diamante), José Artussi (Cambiemos-Concepción del Uruguay), Alejandro Bahler (UP/FR-Concordia), y Gustavo Zavallo (FrentUNA/FR-Viale).
Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.