El ministro de Salud, Ariel de la Rosa, sufrió dos bajas en su equipo: Sonia Velázquez dejó de estar a cargo de la estratégica área que maneja los fondos de programas de salud que financia la Nación; también se fue Norma Hernández, quien estaba a cargo del Programa Médicos Comunitarios.
La dimisión de Velázquez ya venía siendo anunciada: sus diferencias con De la Rosa resultaban notorias, y habían quedado expuestas en reuniones privadas entre ambos. La funcionaria llegó a ser la segunda del ministro, a cargo de la Secretaría General del Ministerio cuando Gustavo Bordet asumió al frente del Poder Ejecutivo. Luego, se recluyó en la coordinación de los Programas Nacionales y Maternidad Infancia, para finalmente dar un paso al costado por completo.
La salida de Velázquez deja un flanco vacío en una pelea que venía dándose sotto voce hacia el interior del Ministerio de Salud de Entre Ríos: de qué forma la provincia legislaría en materia de aborto no punible. En Salud no hay postura unánime al respecto.
En marzo de 2012, el entonces ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, aprobó un protocolo de reglamentación del aborto no punible que todavía rige y que ha merecido varias críticas.
La decisión de Cettour se adoptó luego de que ese año la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”, un fallo que aclaró la aplicación del artículo 86º del Código Penal que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer.
El máximo tribunal dejó en claro que no se necesita ningún recurso judicial para hacer cumplir la ley.

La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud. Entre Ríos redactó su propio protocolo, que cumple en parte con aquel mandato judicial.
Entre Ríos estuvo a punto de dar marcha atrás con esa jurisprudencia luego de que la comisión de salud del Senado diera visto bueno a un proyecto del exsenador César Melchiori que pretendió “prohibir” el aborto en la provincia. Finalmente, y tras el reclamo de organizaciones feministas, el proyecto se mandó al archivo.

La Corte fijó algunos parámetros, y Entre Ríos estableció su propio protocolo:

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

La definición está contenida en la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, que aprobó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de una resolución firmada por Cettour en 2012.
Sonia Velázquez, que acompañará a De la Rosa en Salud como coordinadora de programas nacionales y también al frente de la Dirección de Maternidad e Infancia, se ha manifestado a favor de que Entre Ríos adopte como propio el protocolo que aprobó la Nación, y derogue la resolución que adoptó Cettour en 2012. Ha dicho que se trata nada más que de una actualización de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010: esa guía establece que “la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.
Pero en Salud hay posturas encontradas, y el tema no está resuelto: están frenado, y sólo se aplica aquel protocolo de 2012, que contraría el mandato de la Corte.
En medio, se produjo la dimisión de Velázquez, quien impulsaba a pie juntillas la aplicación del protocolo de Nación.
Culmina así una relación que fue tirante desde el vamos.
A De la Rosa y Velázquez los separan también sus orígenes sindicales: el primero responde a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la segunda, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Uno de los programas que manejaba Sonia Velázquez es el programa Sumar, que antes se llamó Plan Nacer, que da cobertura en salud a una población de 300 mil entrerrianos.
Los problemas de gestión no tardaron en aflorar. A comienzos de año, Velázquez puso en aprietos al ministro De la Rosa cuando le envió una dura nota en la que lo alertó de la situación crítica de los hospitales a raíz del recorte del financiamiento de la Nación.

El texto daba cuenta de que “los insumos y recursos de las áreas y programas a mi cargo, en los que hemos vivenciado recortes o discontinuidad en su entrega por parte del Gobierno Nacional, con las consecuencias que esta situación genera para la garantía de los derechos de salud de la comunidad entrerriana”.
Aunque la renuncia ya fue formalmente comunicada a De la Rosa, Velázquez ha preferido el bajo perfil. Dice que de ahora en más volverá a su cargo de origen, licenciada en Trabajo Social, con desempeño en el Hospital Materno Infantil San Roque.
Su salida deja no sólo vacante la coordinación de Programas Nacionales, sino la estratégica Dirección de Maternidad e Infancia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.