La Iglesia Católica de Paraná está viendo cómo la situación de tres de sus hombres, tres clérigos, se complica en la Justicia. Los tres se han visto envueltos en causas judiciales que los arrinconan cada días más. No sólo tres hombres. También una religiosa de la orden de las carmelitas descalzas, su priora, ha sido apartada por su estado de salud, presumiblemente desequilibrios mentales como para estar al frente del convento de Nogoyá. Allí, dos exmonjas denunciaron abusos, maltrato, y privación de la libertad.

UNO

El cura Juan Diego Escobar Gaviria está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados que de volver a presidir sus multitudinarias misas de sanación.
El fiscal Federico Uriburu tiene previsto, antes de que empiece la feria judicial de verano, elevar al juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, el pedido de remisión a juicio oral de la causa por los abusos que involucra al sacerdote.

Hay tres denuncias en su contra.
Ayer, hubo una audiencia en los Tribunales de Nogoyá, de la que tomaron parte los defensores de Escobar Gaviria, Juan Pablo Temón y Milton Urrutia, oportunidad en la que se dispuso ampliar por 60 días más la medida sustitutiva de la prisión preventiva que pesa sobre el cura.
A Escobar Gaviria –que hasta el 27 de octubre último se desempeñó como párroco de San Lucas Evangelista, de Lucas González—se le prohíbe el acercamiento a las víctimas y a su grupo familiar; se le obliga a fijar como domicilio la sede de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo, en Comandante Espora al 500, en Paraná; se le impuso notificar tres veces por semana –lunes, miércoles y viernes—de su paradero ante la comisaría más cercana; y la prohibición de ingresar a la ciudad de Lucas González.
Ayer, estaba previsto además que los defensores presentaran dos testigos, pero sólo fue uno, y según Uriburu, su testimonio reforzó el planteo de la acusación que pesa sobre Escobar Gaviria. Además, Temón y Urrutia presentaron tres nuevos testigos, que declararán entre esta y la próxima semana. Concluido ese trámite, el fiscal anunció que presentará el pedido de elevación a juicio.
“Los defensores nos pidieron que esperemos hasta febrero, pero nosotros consideramos que estamos en condiciones de pedir ya la elevación a juicio”, dijo Uriburu a Entre Ríos Ahora.

 

DOS
El cura Marcelino Ricardo Moya deberá prestar hoy declaración indagatoria en los Tribunales de Villaguay. Su abogado, Gustavo Amílcar Vales, duda de que se presente. El abogado querellante Florencio Montiel, también duda.
Pero está la notificación que firmó la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay.
Moya fue apartado de todas sus funciones luego de que el 30 de junio de 2015 la Justicia comenzara a tramitar dos denuncias en su contra por abusos. La denuncia apuntó, en principio, a hechos ocurridos mientras Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, donde además ejerció como docente en el Instituto La Inmaculada, aunque también fue capellán de la unidad del Ejército.
Las dos víctimas que lo denunciaron fueron alumnos en La Inmaculada y además integraban el grupo de jóvenes que Moya conformó no bien llegó a Villaguay. Algunos de ellos, incluso solían quedarse a dormir en la casa parroquial, una situación considerada “normal” por sus familias en función de la personalidad del cura: extrovertido y extremadamente seductor.
Una de las víctimas, Pablo Huck, terminó la secundaria en La Inmaculada, y en 1997 se instaló en Rosario, y en Rosario se recibió de médico. Entre 1999 y 2014 tuvo tres terapeutas con las que trató la situación de abuso por la que atravesó de chico, y solamente a finales del año pasado pudo contárselo a sus padres. Cuando se lo contó a su hermana María del Huerto, ésta se conectó con el actual párroco de Santa Rosa de Lima, José Dumoulin, y éste lo impulsó a hacer la denuncia judicial.
Moya está recluido en la casa de sus padres, en María Grande, y está, desde el 30 de junio de 2015, suspendido en el ejercicio del sacerdocio.
El cura, de 47 años, fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos. Aunque según reveló la revista “Análisis” cabe la posibilidad de que también haya abusado de jóvenes que cumplían funciones de voluntarios en el Regimiento de Infantería Mecanizado 5 General Félix De Olazábal, con sede en Villaguay.

TRES
Justo José Ilarraz ya espera fecha para sentarse en el banquillo de los acusados por los abusos cometidos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.

Ya se conformó el tribunal que lo juzgará: está integrado por Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay.
El 17 de agosto último el juez de la causa, Pablo Zoff, resolvió elevar a juicio el caso Ilarraz. Pero el tribunal de juzgamiento no se pudo conformar de inmediato.
Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario entre 1985 y 1993, y ejerció el rol de director espiritual de los adolescentes que cursaban el colegio secundario como pupilos en esos años. Los durísimos testimonios que contiene el expediente judicial dan cuenta de traumáticas situaciones que vivieron muchos de los abusados por Ilarraz.
La Iglesia lo investigó antes que la Justicia. Fue en 1995, cuando el entonces arzobispo Karlic ordenó abrir una causa. Al año siguiente, y con las declaraciones de víctimas y testigos, aplicó a Ilarraz la sanción del destierro. Así fue como el sacerdote terminó radicándose en Tucumán, donde ejerció el sacerdocio en la diócesis de Concepción, hasta septiembre de 2012, cuando fue suspendido.
Pero con la elevación a juicio que dictó el último juez de la causa, Pablo Zoff, el 17 de agosto pasado, el expediente Ilarraz se había trabado por una discusión en torno a la conformación del tribunal que lo juzgará.
Siete víctimas lo acusan de graves hechos ocurridos cuando eran adolescentes y cursaban el secundario como pupilos en el Seminario.

OTRA.
El papa Francisco decidió apartar de la función de priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, a la monja Luisa Toledo, cuyo nombre religioso era Madre María Isabel.
La novedad se conoció a través de una comunicación que mantuvo el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, con la Justicia de Nogoyá, adonde se sigua una causa que se abrió el 25 de agosto, tras la denuncia de dos excarmelitas, que denunciaron torturas y privación de la libertad.
“La madre dejó de ser superiora del monasterio, y ahora para mayor cuidado de su salud, está en una casa religiosa en la provincia de Chaco”, indicó Puiggari.
El apartamiento definitivo de las religiosas trae algo de alivio a las dos denuncias, que habían pedido precisamente eso: que diera un paso al costado porque consideraban que no estaba en condiciones mentales de ejercer la dirección del convento carmelita.
Toledo había sido separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre último por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá. Allí, se convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José. Pero en los últimos días fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad se aloja en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña. Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Pero el apartamiento dispuesto por el magistrado fue discutido por los defensores de la monja, que de igual modo tienen un planteo de fondo: entienden que no es la Justicia provincial la que tiene facultad para intervenir, sino que le corresponde la causa al fuero federal.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.