La Municipalidad de Paraná tiene listo el decreto, con la firma del intendente Sergio Varisco, que declara el estado de emergencia del servicio de colectivos en la ciudad.

La medida, que estaba terminando de delinearse este viernes por la noche en el Palacio Municipal, entraría en vigencia en los próximos días, y lo más probable es que sea a partir de este lunes.

La declaración del estado de emergencia con un decreto ad referendum del Concejo Deliberante permitirá a las empresas flexibilizar la prestación del servicio, lo que implicará un resentimiento en la prestación.

Así lo dio a conocer el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, en declaraciones que formuló este viernes al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1. 

Rolandelli dijo que de ese modo el gobierno municipal buscará hacer frente al serio descalabra en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, pero reclamó la intervención también de la Provincia y del gobierno del presidente Mauricio Macri de modo de restituir las líneas de subsidios que se quitaron.

Pero además, pidió la participación en la discusión de una salida a los intendentes de la región metropolitana, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito.

La concesión actual está en manos de Buses Paraná, que conforman Ersa Urbano y Mariano Moreno, y entró en vigencia el 8 de agosto de 2018: 21 líneas,  con una frecuencia de circulación de entre 12 y 15 minutos por unidad. Ersa opera las lineas  1, 3, 5, 10, 11, 23, más las líneas 4, 6, 12, 15, 20 y 22 en la zona metropolitana. En tanto, Mariano Moreno maneja las l´lineas 2, 7, 8, 9, 14 y 16.

El decreto de emergencia introducirá sensibles cambios en la concesión, y además se baraja la posibilidad de disponer una suba de la tarifa también por decreto. Rolandelli no quiso adelantar de cuánto será el aumento de la tarifa.

El funcionario consideró que la medida fue resuelta por cuanto se entiende que no prosperará el proceso preventivo de crisis que se discute en este momento en la Secretaría de Trabajo, que estableció un plazo de diez días hábiles -vence el 5 de agosto- para encontrar un acuerdo. Ese acuerdo se ve está demasiado lejos.

Ajuste

De momento hay una tregua muy frágil, la que impuso la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos al acoger favorablemente un planteo de las empresas destinado al ajuste: el procedimiento preventivo de crisis, un remedio legal por el cual apelan a reducir costos, y eso supone mermar frecuencias, sacar unidades de la calle y achicar la planta laboral de 500 choferes.

El titular de Trabajo, Fernando Quinodoz, empezó a arbitrar en un conflicto que es una bomba de tiempo: desde que la administración del presidente Mauricio Macri decidió retirar la línea de subsidios que alcanzaban al transporte, el primer día de 2019, el servicio ha quedado prendido con alfileres en Paraná. En Trabajo, Buses Paraná, la agrupación que tomó la concesión del servicio un año atrás, planteó un severo plan de ajuste.

Trabajo dispuso la apertura del proceso preventivo, con una primera audiencia el lunes 22 en la que las partes –Buses Paraná, concesionaria del servicio; la Municipalidad de Paraná; y la Unión Tranviarios Automotor (UTA)-  no llegaron a ningún acuerdo. Se abrió entonces un compás de espera de diez días, hasta el 5 de agosto, para acercar posiciones.

Pero el conflicto parece terminal y en el medio se coló lo opinión del organismo de monitoreo y control de la concesión  Servicio Integral de Transporte Urbano (SITU), que advirtió que ninguna medida que se pueda tomar en el ámbito de Trabajo, y que suponga la afectación del servicio, puede tener validez sin su intervención. Y reclamó la convocatoria de la Provincia y de la Nación para estructurar un salvataje del servicio que evite que nuevamente 100 mil usuarios se queden sin servicio.

Marcelo Lischet, gerente de Mariano Moreno, reprocha la demora del Municipio en aprobar los cuadros tarifarios que ha presentado a lo largo del último año, lo que ha provocado un desfase financiero en las empresas. En mayo último hicieron una presentación y pidieron una tarifa de $28 -actualmente está en $20, y desde el 1° de agosto será de $22,80- con la inclusión de una línea de subsidios de $11 millones al mes; de no accederse a ese beneficio, el boleto deberá ser de $35,80. Pero la nueva paritaria salarial de los choferes los obligó a redefinir esa propuesta, y ahora pidieron una tarifa de $4o. «Si se quiere subir el boleto a $28, habrá que instrumentar una línea de subsidio de $14,5 millones; o un valor de $30, pero con subsidios de $11 millones por mes», señaló.

«Acá no se está teniendo en cuenta que no se puede prestar el servicio en las condiciones que se licitó. Hubo un retraso tarifario. Nosotros pedimos un amento en septiembre de 2018 y recién se resolvió en abril de 2019, pero con valores del mes de septiembre. ¿Cómo podemos prestar el servicio cuando en septiembre debió haberse aprobado el reajuste de tarifas y recién lo definieron en abril?», se preguntó Lischet en declaraciones al programa Informales de Radio Costa Paraná 88.1.

Lischet sostiene que el contrato obliga a las empresas a cubrir 900 mil kilómetros por mes, y que con los ingresos sólo pueden cumplir 600 mil kilómetros. «Vamos a tener que ajustarnos a lo que tenemos», evalúa. Al respecto, mencionó que el proceso preventivo de crisis que se abrió en Trabajo incluye un pedido de las empresas que incluye «despidos, suspensiones, modalidades diferentes a lo que se prestan hoy los servicios, las vacaciones se puedan tomar durante todo el año, y pedimos que el horario sea lo que antes se usaba. Un horario cortado. La mayor disponibilidad de unidades se dará a primera hora de la mañana, a la siesta baja la frecuencia, y se refuerza nuevamente a la tarde, a la salida de los empleados.  Ahí se bajarían costos».

Y agregó: «Vamos a hacer todo lo posible para prestar el servicio con los ingresos que tengamos. Si eso significa empezar a ejecutar despidos o suspensiones, tendremos que hacerlo».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.