El Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, a cargo de Tobías Podestá, suspendió la audiencia de remisión a juicio de la causa por el supuesto sobreprecio en una obra de asfaltado que tiene entre los principales imputados al exintendente de Larroque y actual diputado provincial, Raúl Riganti (PJ).
Este expediente tiene también entre los imputados al socio político del diputado, Leonardo Hassel, exsecretario de gobierno municipal y que en junio fue elegido intendente de la localidad. En diciembre asumirá al frente de la Municipalidad de Larroque, hoy en manos de Darío Benedetti (Cambiemos). El delito que se le endigla a ambos es el de fraude a la Administración Pública.
La audiencia en la que la Fiscalía iba a pedir que el expediente sea remitido a juicio oral y público estaba fijada realizarse el último martes 26, pero el abogado Daniel Garbino, que defiende a Riganti y a Hassel, pidió la suspensión alegando problemas para asistir a la audiencia. Por esa razón, el juez decidió reprogramarla.
Fuentes judiciales consultadas por Entre Ríos Ahora, confirmaron que la nueva fecha que se dispuso para discutir el asunto es el 11 de diciembre.
Lo curioso del caso es que la audiencia se realizará un día después de que Hassel asuma como intendente de Larroque. Y luego de que Riganti pierda los fueros al dejar su banca en la Cámara de Diputados de la provincia.
En los comicios anticipados de junio –la provincia desdobló la elección respecto a Nación- Hassel obtuvo 2.499 votos contra 2.238 que alcanzó Darío Benedetti, el intendente radical que se despide en diciembre y quien inició la causa penal por la obra de asfaltado.
La causa
La causa por supuesto sobreprecio en la obra de 14 cuadras de Larroque, ubicada en el departamento Gualeguaychú, fue la primera que llegó a los Tribunales. Fue en 2016. Luego aparecerían los casos de Seguí, en la que está imputado el intendente Cristian Treppo; y el de Santa Elena, en la que está acusado el intendente electo Domingo Daniel Rossi.
En 2016, tras asumir la intendencia, Benedetti realizó una auditoría que determinó una supuesta sobrefacturación en la obra de 14 cuadras realizada con fondos nacionales del plan “Más Cerca”, por un monto de $21,6 millones.
Aquella tarea de Benedetti mereció una felicitación pública del presidente Mauricio Macri.
La auditoría consideró que la obra debió haber costado poco más de $5 millones y por ello el Estado municipal devolvió $13 millones al gobierno nacional.
Luego de tres años de investigación penal preparatoria, el Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, presentó en el escrito en el que solicitó la elevación de la causa a juicio.
El trámite que se debe realizar ante el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, ya tuvo un primer round en marzo, cuando el magistrado mandó a reformular la acusación que había elaborado la Fiscalía por entender que la remisión contenía “defectos formales en la imputación”. Ese decir, la acusación contra cada involucrado no estaba del todo bien definida.
En una primera instancia, la investigación estuvo a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La misma imputación recayó también sobre el exsecretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno, Leonardo Martín Hassel,y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015.
El abogado Garbino, además de defender a Riganti y Hassell, representa a Juan Carlos Rochelle, exsecretario de Gobierno y de Obras Públicas, respectivamente; Fabián Otarán defiende al ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; y Miguel Cullen representa al directivo de la empresa OIC S.A.
En el expediente judicial se resume un poco la historia: en mayo de 2015 Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Después, su sucesor de Cambiemos aseguró que la obra costó $5 millones, con lo cual el sobreprecio, dicen los denunciantes y la Fiscalía, ascendería a un porcentaje del cercano al 100%.
En una de sus últimas entrevistas públicas, el diputado provincial -que deja su banca en diciembre- denunció que la causa fue un “armado de Cambiemos”. En una entrevista al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Riganti vinculó la investigación a una persecución política con alcance nacional, dirigida principalmente a dirigentes kirchneristas.
“Necesitaron hacer un circo y después se hizo asiduamente en todo el país”, afirmó en septiembre.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora