El abogado del municipio de Santa Elena, Guillermo Mulet, confirmó que se presentó una demanda civil contra el exintendente Domingo Daniel Rossi en la que se le reclama el pago de 10 millones de pesos en concepto de reparación por los supuestos daños en la obra de pavimentación de 20 cuadras.
La presentación se formuló en el marco de la causa penal por supuesto sobreprecio en la obra, y que recientemente el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, pidió la remisión a juicio. La solicitud de remisión a debate oral debe ser resuelta por el juez de Garantías Walter Carballo.
En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Mulet comentó que por orden del actual intendente de la ciudad, Silvio Moreyra (PJ) se presentó la demanda civil. “Se presentó una demanda civil por un monto de 10 millones de pesos para obtener la reparación de los daños causados. No seremos nosotros quienes lo declararemos culpables, más allá de la opinión personal que tenemos, sino que resuelve un tribunal”.
El letrado aseguró que la demanda tiene como objeto “recuperar lo que entendemos que fue el sobreprecio de la obra y la reparación de la misma, porque el estado de la obra es desastroso. Creemos que hubo sobreprecio, y la obra ha sido sin licitación y de una calidad muy inferior a lo contratado”.
En ese sentido, Mulet resaltó que es la primera ciudad que en el marco de una causa por sobreprecio se presenta para reclamar un resarcimiento económico. Cabe recordar que en la provincia también hay causas similares en Larroque y Seguí.
Consultado por la demanda por injurias que formuló Rossi en su contra –con patrocinio del abogado Carlos Reggiardo-, Mulet sostuvo: “El único país donde una persona condenada por enriquecimiento ilícito puede volver a ser candidato es Argentina. Que me demande Rossi es un honor. Me voy a defender en un tribunal, me reservo mi opinión sobre Reggiardo”.
“Piensa que me va a presionar, que me voy a sentir cohibido, asustado o que no voy a hacer mi trabajo como abogado por esta querella”, agregó.
Finalmente, consultado sobre su opinión de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, Mulet evitó dar una opinión del tema ya que tiene una relación de amistad con uno de los contadores detenidos.
No obstante, opinó en términos generales que en las causas por corrupción que ha habido en Entre Ríos “se han juzgado a los giles o a las segundas líneas de funcionarios, pero a las cabezas no se las ha molestado en absoluto”. Enseguida, recordó que está a punto de cumplir tres años la causa por el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri.
En tanto, consideró que ninguno de los imputados actuales “podía disponer de esos montos sin la anuencia política, de los ex vicegobernador y autoridades de la cámara de Diputados”. “Veremos qué pasa. Si pretenden terminar esta causa en esta línea será un gran escándalo. Esto va a ser como una ola de un tsunami: la ves venir pero no se puede parar”, definió.
Finalmente, sobre el pedido de jury al Procurador Jorge Amilcar García presentado por Reggiardo, opinó: “He sido muy crítico de la situación de la justicia, pero siempre fui un adversario leal. No comparto mucho los criterios del doctor Reggiardo para hacer el pedido de jury a García. Si lo hubiese creído conveniente lo hubiese presentado yo”.
Causa contra Rossi
El exintendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, está imputado por el supuesto delito de peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que se investiga la sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en la localidad del norte entrerriano, durante 2014, en el marco del Programa Más Cerca.
El fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad Fiscal de La Paz, pidióa la elevación a juico y adelantó un pedido de pena de 5 años y 6 meses de cárcel para Rossi.
Además de Rossi, el fiscal elevó la causa con otras seis imputaciones: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).
Según estableció el fiscal Alfieri, durante la gestión Rossi el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Juan Szcczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. El monto del perjuicio al erario público, calcula la fiscalía, tiene un monto máximo superior a los $5 millones y un mínimo de más de $1 millón. La fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.
De la Redacción de Entre Ríos