Juliana Tack es licenciada en Trabajo Social, afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e integrante de la planta permanente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en la Regional Gualeguaychú. Hace poco más de cinco meses se animó a denunciar a su jefe por violencia de género en el ámbito laboral. Lo hizo en la Fiscalía de Género de Gualeguaychú. Su jefe es Daniel Crespo, gerente de la Regional Sur del IAPV.
La Fiscalía de Género aplicó los parámetros de la Ley Provincial N°10.956 de Protección Integral contra la Violencia de Género en todos los ámbitos interpersonales donde la mujer se desarrolle, y derivó el caso a la Justicia Laboral.
«Estoy muy cansada de todo esto. IAPV elige proteger al violento apartándome de mi puesto de trabajo mientras el funcionario denunciado -Daniel Crespo- continúa en el mismo lugar como si nada hubiera ocurrido», dice Juliana Tack, que por primera habla públicamente del caso. «Estoy con tratamiento psicológico, también tuve que asistir a un psiquiatra, bajé de peso, todo esto ha impactado de manera negativa en mi salud», sostuvo la trabajadora que se animó a denunciar a su jefe.
Denuncia por violencia en IAPV: «Hasta mi risa le molestaba»
«Todo empezó cuando no accedí a las propuestas que el funcionario denunciado me hacía fuera del ámbito laboral. Con el tiempo, la violencia verbal fue creciendo hasta tornarse insoportable. Llegué a encerrarme en el baño de la oficina de IAPV a llorar, sufriendo un ataque de pánico. Hasta mi risa le molestaba», contó la trabajadora.
Juliana no pudo volver a trabajar de manera presencial. La Justicia ordenó al IAPV que se brindaran las herramientas necesarias para que cumpliera con sus labores desde su casa. Pero esto, en la práctica, no resulta una respuesta al reclamo. Juliana no cuenta ni con la conectividad necesaria, y la falta de contacto con el equipo interdisciplinario del organismo le impide realizar su trabajo. Se animó a denunciar violencia y la respuesta del Estado fue apartarla de su puesto de trabajo.
Matías Chervo, director general de IAPV, y Carolina Feltes, jea del departamento Políticas Transversales del organismo, se presentaron ante el juez del Trabajo Nº 1 Luis Javier Frosch, que tramita la causa, indicaron lo hecho y señalaron que “las medidas concretas adoptadas por el organismo para garantizar el derecho de la denunciante, se destaca en primera instancia el manejo por intermedio del Dr. Aloy Federico (Asesor Legal Regional Sur), las cuales al día de hoy se sostienen. Por lo que las medidas inhibitorias y prohibitivas impuestas al Sr. Crespo Daniel para evitar el contacto directo con la denunciante se encontraría en cumplimiento según lo dictaminado”.
Además, Crespo fue notificado que debe cumplir con una capacitación en el marco de la Ley Micael, “con una duración de 25 horas reloj, dando comienzo el día 14/09/2023 al 30/11/2023, curso que deberá aprobar y remitir el certificado al Departamento de Políticas Transversales”.