La jueza Civil y Comercial N°2 Gabriela Sione declaró el desalojo de la Dirección de Obras Sanitarias Entre Ríos del inmueble que ocupaba en calle 25 de mayo N°328, en Paraná. El abandono del edificio fue solicitado por su dueño, Rómulo Riso, mediante una demanda contra la Provincia que presentó el año pasado a través de su abogado Ariel Bracco.

Ante el fallo desfavorable, el Estado fue obligado a pagar $80 mil en concepto de honorarios al letrado de la parte que promovió la acción judicial. Según indicó el actual director de Obras Sanitarias, Sergio Pascual, la nueva sede del organismo se encuentra ahora en calle Racedo 233, frente a la vieja estación de Ferrocarriles y que comparten el lugar junto a la Dirección de Hidráulica de la Provincia.

“Nos terminamos de mudar ayer –por este miércoles-. El nuevo lugar está frente a la estación de ferrocarriles, donde creo que era el Hotel City. Económicamente es más beneficioso para las dos direcciones, ya que en promedio es menor a lo requerido por el anterior dueño”, afirmó ante la consulta de Entre Ríos Ahora.

La demanda de desalojo fue dada a conocer por Entre Ríos Ahora el 11 de diciembre de 2017, mientras que el fallo que obligó al organismo a mudarse fue dictado por la jueza Sione después de la Nochebuena: el 26 de diciembre último.

La demanda de desalojo fue formulada por Rómulo Riso, quien había heredado el edificio propiedad de su padre, Silvestre Riso, el 25 de noviembre de 2011. Según explicó en su demanda, en el mismo acto en que se le fue donado constituyó “usufructo vitalicio con derecho acrecer” a favor de su padre, y su madre, María Edith Bracco.

La señora Bracco fue quien, en abril de 2015, suscribió un contrato de locación por dos años con Obras Sanitarias. El acuerdo fue aprobado mediante el decreto provincial N°2834, del 26 de septiembre de 2016. Su fecha de vencimiento fue el 17 de abril de 2017.

Por operar en el edificio de calle 25 de Mayo, en aquel contrato, el Estado acordó pagar por mes $37 mil en 2016 y $47 mil en 2017. Según surge del fallo, al fallecer la Señora Bracco, “se continuó con la locación pactada hasta la fecha de finalización establecida en el contrato, sin reconducción” y una vez vencido el contrato su hijo, Rómulo Riso, envió a la Provincia una propuesta de alquiler para el período 2017 – 2019, pero con nuevos montos de alquiler.

A falta de una respuesta, el 26 de mayo de 2017 envió una carta documento al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, intimándolo a que en el plazo de 5 días proceda a desocupar el inmueble. La intimación fue respondida por el fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, “con una negativa genérica, -dice el fallo- rechazando la obligación a desalojar sin indicar justificativo para la tenencia del inmueble”. Atento a esta situación, sumado a que no se habían realizado pagos por la ocupación posterior al mes de abril de 2017, el heredero del edificio promovió la demanda de desalojo.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue el encargado de responder la demanda. En su descargo, señaló que hubo un contrato de locación entre las partes y que luego de su vencimiento se iniciaron tratativas para concretar un nuevo contrato locativo pero que no lograron ponerse de acuerdo en el monto de alquiler.

Ante la falta de acuerdo, recordó Signes, el 23 de marzo de 2017 se inició un trámite administrativo “a fin de obtener otro inmueble donde pueda funcionar el organismo”. Asimismo, señaló que el Estado tardó en mudar la estructura del organismo por la complejidad del trámite y, sobre todo, por la ausencia de oferentes.

En ese sentido, remarcó que el demandante no podía desconocer esa situación y que no había mala fe del Estado. Por último, solicitó que se rechace la demanda, o, de lo contrario se “fije un plazo razonable para desocupar el lugar”.

El 26 de diciembre de 2017, la jueza Civil y Comercial N°2 Gabriela Sione dictó el fallo de desalojo en el que consideró que “surge indudable que la acción de desalojo debe prosperar en todos sus términos, debiendo así operar la restitución a la actora por parte de la accionada del inmueble objeto de litis y en el plazo que prescribe el artículo 667, 2º párrafo del Código Procesal Civil y Comercial”.

Por todo ello, la magistrada instó a la Dirección General de Obras Sanitarias de Entre Ríos a desocupar el inmueble dentro del término de diez días, “bajo apercibimientos de ser lanzado por la fuerza pública”. Por último, dispuso imponer las costas del juicio a la parte vencida en el juicio, es decir el Estado provincial. Así, reguló honorarios al abogado que interpuso la demanda, Ariel Bracco, por la suma de $80 mil.

Qué dijo la Fiscalía de Estado


Consultado al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que al perder la compulsa el Estado debe hacerse cargo de las costas del juicio que incluyen “los honorarios del abogado del actor que ascienden a $80.000”.

Recordó que cuando el 25 de julio de 2017 ingresó la demanda de desalojo se respondió “que las partes estaban en tratativas de negociar un nuevo contrato, pero fracasaron”.

Comentó que luego la Administración comenzó la búsqueda de un nuevo inmueble y “mientras eso ocurre entra en mora respecto a la obligación de restituir”.

Además, agregó que en un principio se apeló la sentencia “pero luego se evaluó que era mejor aceptarla toda vez que aún cuando la sentencia de primera instancia es escueta, se estimó que existen  posibilidades casi nulas que la Cámara Segunda de Apelaciones, la revierta, y la sustanciación de la segunda instancia traerá aparejados mayores costos en concepto de honorarios profesionales e intereses de los honorarios ya regulados a favor del abogado del actor por  su actuación en la primera instancia concluida”.

Finalmente, informó que tras la sentencia desfavorable se realizó un convenio de desalojo en el que se asentó que Obras Sanitarias debe retirarse del lugar el 4 de abril de este año. Sin embargo, según informó el director de Obras Sanitarias, la mudanza a un nuevo inmueble terminó de concretarse antes de lo previsto.

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de  Entre Ríos Ahora.