La fiscal Nadia Paola Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay, fue designada interinamente como nueva jueza de Transición y Garantías de esa ciudad, en reemplazo de Julián Carlos Vergara, nombrado juez de Garantías N° 4 de Paraná, también en forma interna. Las disposiciones fueron tomadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en acuerdo.
El 14 de diciembre, a través de la resolución N° 205, el Procurador General Jorge García le concedió a Benedetti licencia extraordinaria para ocupar un cargo de mayor jerarquía.
En el lugar de Benedetti fue designado el fiscal auxiliar Mauro Román Quirolo, y en la vacante que dejó Quirolo fue María Catalina Mir, quien ocupaba el cargo de escribiente suplente de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay.
Siendo fiscal en Villaguay, Benedetti llevó adelante la instrucción de la causa que sentó en el banquillo de los acusados al cura Marcelino Ricardo Moya.
El cura Moya fue enviado a juicio por abuso y corrupción de menores en 2017, dos años después de que Pablo Huck y Ernesto Frutos lo denunciaran en la Justicia por hechos ocurridos mientras fue párroco en Santa Rosa de Lima, de Villaguay.
El sacerdote está suspendido por la Iglesia desde 2005 para oficiar misas en público. Su último destino parroquial fue en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Seguí. Los abusos que se le endilgan habrían ocurrido cuando fue vicario en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.
Moya nunca accedió a prestar declaración indagatoria. En diciembre de 2016 fue citado por la fiscal Benedetti, que quedó a cargo de la causa, pero se negó a hablar. Pero su caso estalló del peor modo en el verano de 2016. Fue ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín por una enfermedad de transmisión sexual. La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, a cargo del Programa Provincial de Sida. No bien se enteró del paciente que tenía ingresado, la jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, buscó el modo de poner en autos a la Justicia. Se presentó y pidió ser relevada del secreto médico y contó qué diagnóstico tenía Moya.
El cura fue condenado en 2019 a 17 años de cárcel por un tribunal de Concepción del Uruguay, confirmado ese fallo en 2020 por la Cámara de Casación Penal, pero después beneficiado con el instituto de la prescripción en 2021 por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo sobreseyó de culpa y cargo.
Desde entonces, vive en el ostracismo. No volvió al servicio activo en la Iglesia y vive refugiado en su ciudad, María Grande.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora