El día señalado es este viernes. La hora: las 11.

En Nogoyá se sentarán a una misma mesa todas las partes, con una figura central.

La Iglesia Católica de Paraná enfrenta por primera vez una demanda millonaria por los delitos cometidos por uno de los suyos.

Todo empezó después de que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenara, el 6 de septiembre, a la pena de 25 años de prisión al cura Juan Diego Escobar Gaviria por los delitos de abuso y corrupción de menores. Sus víctimas, exmonaguillos de la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, el sitio que fue destino de Escobar Gaviria entre 2005 y 2016.

Cuatro fueron los hechos por los que resultó condenado. Cuatro víctimas.

Esas cuatro víctimas y sus familias a través del abogado querellante Mariano Navarro iniciaron una demanda civil ante la Justicia: persiguen un resarcimiento económico.

La cifra que reclaman, aunque se mantiene bajo siete llevas, es varias veces millonaria.

La negociación de momento se lleva adelante frente a un mediador, y si en ese ámbito no hay acuerdo, sobrevendrá la demanda en la Justicia.

A la mesa de negociación se sentarán el abogado Navarro, en nombre de las víctimas y sus familias; los representantes de la Iglesia Católica, José María Ríos y Mario Martínez, contador y abogado de la curia, respectivamente; los abogados de Escobar Gaviria, Milton Ramón Urrutia, Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez; y, se espera, también un representante de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo.

Escobar Gaviria está encarcelado desde el 21 de abril con prisión preventiva hasta que la sentencia en su contra quede firme. Ahora, hay un recurso a resolución de la Cámara de Casación Penal planteada por sus defensores, cuestión que se analizará en 2018.

El cura fue condenado por la Justicia a 25 años de prisión por los delitos de abuso y corrupción de menores.

Son cuatro demandas civiles que entabló el abogado Mariano Navarro ante los Tribunales de Nogoyá, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, a cargo de Américo Daniel Luna. El viernes 17 de noviembre hubo dos audiencias de conciliación, con los mediadores Andrés Martín Galizzi y Daniel Alejandro Galizzi, respectivamente. Una nueva audiencia se programó para el martes 21 de noviembre, pero fue dejada sin efecto, al aguardo de una tercera audiencia, la de este viernes, con la mediadora Patricia Urigh. En las primeras dos audiencias sólo estuvieron representantes del Cura y de la Iglesia; en la de este viernes, también de la Asociación Cruzada del Espíritu Santo.

Escobar Gaviria nació el 13 de mayo de 1958 en Medellín, Colombia, y desde que se ordenó se sumó a la Cruzada del Espíritu Santo, una congregación que en Argentina tiene como su máximo referente al padre Ignacio Peries, el cura sanador por antonomasia, párroco de la Parroquia Natividad del Señor, en Rosario, aunque el superior de la orden, desde septiembre último, es el sacerdote Henry Wilson Echavarría, residente en Estados Unidos.

En 2006, el entonces arzobispo Mario Maulión dispuso la incardinación de todos los integrantes de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo. Desde entonces, Maulión comenzó a ejercer la función de “obispo benévolo” o “patrocinante” de ese movimiento religioso que todavía no consigue el permiso del Vaticano para desenvolverse como congregación.Los curas de la Cruzada empezaron a llegar a Entre Ríos a partir de 2004 en adelante. Luego, lentamente fueron yéndose por distintos motivos. Escobar Gaviria fue designado por Maulión al frente de la Parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, en el departamento Nogoyá, en 2005. Y ahí permaneció hasta 2016, cuando fue suspendido tras la denuncia en la Justicia de los abusos a menores.

Escobar Gaviria fue denunciado por abusos y corrupción de menores en Lucas González, y su caso fue llevado a juicio entre el 22 y el 28 de agosto últimos en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que en septiembre lo condenó a 25 años de prisión. Además, decidió mantenerlo con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. La sentencia fue apelada por los defensores del cura, Juan Pablo Temón y Milton Ramón Urrutia, ante la Cámara de Casación Penal, pero el día de la audiencia, los abogados recusaron a todo el tribunal. Así, el tratamiento del recurso quedó aplazado sin fecha, y el sacerdote, seguirá en prisión hasta que el asunto se dilucide judicialmente.

Pero ya con una sentencia en primera instancia de la causa penal, las víctimas y sus familias decidieron entablar unza demanda civil, y reclamaron un resarcimiento por esos abusos. La causa está ahora dando sus primeros pasos. A la par, avanza una nueva causa contra el cura por un quinto caso de abuso y corrupción de menores.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.