Dos diputados del Frente para la Victoria (FPV), Emilce Pross y Pedro Ángel Báez, tomaron distancia de su par de bancada, Gustavo Guzmán, y manifestaron su adhesión al protocolo de actuación en hospitales y centros de salud en casos de aborto no punible. También, aunque no firmó la presentación que se hizo hoy ante el gobernador Gustavo Bordet, mostró su acompañamiento la diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos), que también se diferencia de sus pare María Alejandra Viola, Joaquín La Madrid y Martín Anguiano, que pidieron al Poder Ejecutivo la derogación de la disposición resuelta por el Ministerio de Salud, en agosto último.

«Yo adhiero al protocolo de aborto no punible. Pero no hay unidad del bloque en ese tema», dijo Lena ante la consulta de Entre Ríos Ahora.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió adhesiones desde distintos sectores  tras la decisión de dictar un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles en hospitales y centros de salud, a tono con el fallo que dictó en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las adhesiones se concretan en medio de una furiosa campaña en las redes sociales que iniciaron grupos antiaborto ligados a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y también de grupos evangélicos, y que consiguió el apoyo de cuatro legisladores provinciales, María Alejandra Viola, Martín Anguiano y Joquín La Madrid, de Cambiemos, y Gustavo Guzmán, del Frente para la Victoria.

A través de una solicitada, esos grupos integristas y antiaborto más esos cuatro legisladores, reclamaron al gobernador Gustavo Bordet que deje sin efecto el protocolo de aborto no punible.

Ese protocolo está amparado por una resolución que dictó el 29 de agosto último la ministra de Salud, Sonia Velázquez, N° 2.883, que planteó la necesidad de «normatizar instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en risgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidenialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos».

La primera adhesión es de Aministía Internacional, que señaló que «negar derechos es delito». A ese primero apoyo, se sumaron otros muchos. Además de los dos legisladores, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Laura Salazar, y la vicedena, Alicia Genolet, la concejal Stefanía Cora, el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de abogados de Entre Ríos, Red Interuniversitaria contra la Violencia de Género, Colegio de Psicólogos de Entre Ríos,  Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos,  Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Entre Ríos, Hogar Provincial de Protección Integral de Mujeres en Situación de Violencia, Facultad de Ciencia de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, Fundación Mujeres Tramando, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Liga Argentina por los Derechos del Hombre,  Sexualidades Disidentes, Apostasía Colectiva Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Educación UNER- Proyecto de Extensión Cuerpos, géneros y sexualidades desde las miradas del cine, Círculo de Mujeres Periodistas de Entre Ríos, Secretaría de Diversidad PJ Departamental Paraná,  Juventud Peronista PJ Departamental Paraná, entre una larguísima lista de entidades, ONG y personalidades.

El documento que reúne las firmas señala que»el artículo 86 del Código Penal de la Nación (CPN), que entró en vigencia en enero de 1922 en Argentina, determina los casos en los que el aborto se encuentra despenalizado, es decir, permitido. Según la segunda parte de este artículo: El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

 Entre las ONG que han dado su apoyo, se encuentran Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem);  Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir; Socorristas en Red; La Revuelta Colectiva Feminista; Brujas Insurrectas Colectivo Feminista; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Colectivo de Géneros de Concordia; Mujeres Luchadoras Positivas; Red Universitaria de Violencia de Género. Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos; docentes e investigadores en temáticas de género de la Facultad de Trabajo Social; Grupo Géneros, Familias y Diversidad, entre otros.

El texto con las adhesiones fue entregado hoy el Gobernador.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.