En los Tribunales de Paraná arrancó este jueves a  las 9 la audiencia ante la Cámara de Casación Penal en la que el abogado del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión el 21 de mayo de 2018, solicita que sea revocada la sentencia.

El sacerdote se encuentra con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en un sexto piso de un edificio ubicado en calle Corrientes al 300, en Paraná, a la espera que adquiera firmeza la condena.

En tanto, el abogado Marcos Rodrgiuéz Allende, representante de una víctima, dijo a Entre Ríos Ahora que pedirá que la condena sea confirmada, y que se deje sin efecto la prisión preventiva domiciliaria y se lo envíe a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Ilarraz fue condenado a 25 años de cárcel fue por cinco casos de corrupción de menores agravada y dos casos de abuso deshonesto, hechos que ocurrieron en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo durante los años en los que el cura ejerció como prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993.

En la audiencia de este jueves se presentó su abogado, Jorge Muñoz, quien apeló la condena y pide la nulidad de la sentencia que le aplicó el tribunal conformado por los jueces Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno.

La Cámara de Casación Penal que debe decidir si confirma o revoca el fallo está integrada por el juez de juicio Alejandro Joel Cánepa, Cristina Lía Van Dembroucke, jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz, y el vocal Dardo Tortul, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Esa composición se debe a que los integrantes originales de la Casación ya habían intervenido en otras instancias del proceso y por ello se debió conformar un tribunal nuevo.

Por parte del Ministerio Público Fiscal están los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull, quienes dijeron ante la prensa que solicitarán que la condena sea confirmada. También se encuentran los abogados de las víctimas, Marcos Rodriguez Allende, Santiago y Victoria Halle y Lisandro Amavet.

Allende adelantó que pide que la condena sea confirmada y que se deje sin efecto la prisión preventiva domiciliaria para que el sacerdote sea enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

En la sala, además, se encuentra Fabián Schunk, uno de los denunciantes del cura y miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.

La audiencia se lleva a cabo sin la presencia de la prensa, ya que allí se ventila información muy sensible como es el abuso y corrupción de menores.

La sentencia a Ilarraz

La sentencia condenatoria al cura Ilarraz dice que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo. En efecto, el hecho que los superiores del acusado (el ahora cardenal Estanislao Karlic, el ex rector del Seminario, Luis Jacob), y sus pares (el arzobispo actual Juan Alberto) Puiggari y el resto de los sacerdotes que se encontraban en el Seminario cumpliendo funciones vinculadas a las actividades propias de éste), consintieran que Ilarráz fuera profesor, prefecto disciplinario, director espiritual y confesor de los menores, lo cual ocurría a la vista de todos ellos, constituye incluso para un lego, una situación incompatible con la formación sana en mente y espíritu, por ende, reprochable, en aquellos que estaban obligados, ya sea como responsables directos o indirectos, de la educación y formación como personas y futuros sacerdotes de esos niños”.

“En fin, puede afirmarse que los sacerdotes confiados en un pensamiento mágico, podían creer que con negar o con no admitir, el monstruo del pecado desaparecía, con ello no hicieron más que cimentar las bases para que ese monstruo actuara. En otras palabras, la misión de la Iglesia de ofrecer y proteger el marco y ambiente adecuado para el desarrollo integral de la persona humana, en el caso los niños, no se cumpliera; como así también para que los bienes jurídicos, que la sociedad ha decidido proteger, es decir el derecho de los niños a un desarrollo sano de su personalidad e integridad sexual, se viera fatalmente lesionado. Por lo tanto, este contexto permitió que Ilarraz llevara adelante sus actos aberrantes, y posibilitó que aquellos infantes, hoy adultos, se mantuvieran sumidos en una culpa que en manera alguna tenían, y un en estado de sufrimiento y vivencia permanente que los condenó para toda la vida, al habérseles negado el derecho humano a ser niños y adultos sanos”, agrega el fallo.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.