La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió este domingo un paro nacional docente para este jueves 22 en repudio a los violentos hechos ocurridos en la provincia de Jujuy donde la administración del gobernador Gerardo Morales (UCR) aprobó una polémica reforma constitucional que generó protestas que se iniciaron el viernes último.

A la medida de fuerza adhiere la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), según explicó el secretario gremial Guillermo Zampedri.

La junta ejecutiva de la Ctera resolvió la medida de fuerza “ante la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”. La huelga se llevará adelante bajo las consignas “basta de represión al pueblo jujeño”, por “aumento salarial a los docentes” y en “rechazo a la reforma constitucional”.

“La creciente conflictividad en Jujuy es producto del accionar del gobernador Gerardo Morales que otorga aumentos por decretos, sin diálogo; que impulsó una Constitución inconsulta y  antidemocrática  y que ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión”, señaló la Ctera.

Las protestas en Jujuy, que fueron ferozmente reprimidas por la Policía,se iniciaron no bien la Legislatura provincial aprobara el viernes una reforma de la Constitución local que establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.


El proyecto, promovido por el gobernador y precandidato a presidente Gerardo Morales (UCR), fue votado por radicales y peronistas (la Izquierda se retiró) en medio de un clima de extrema tensión, con manifestaciones en distintos puntos de Jujuy, movilizaciones desde el interior hacia la capital de la provincia, acampes en el centro de San Salvador y un paro docente que lleva dos semanas.

La reforma que se aprobó no es la que estaba proyectada originalmente, que preveía cambiar el régimen electoral para darle más poder al gobernador. El plan original eliminaba las elecciones de medio término y establecía que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevaba la mayoría de la Legislatura. Además, en cuanto a los cortes, aquel primer proyecto incorporaba la “responsabilidad jurídica” de aquellos que promovieran grupos que atentaran contra la “paz social”.

El oficialismo del gobernador Morales -que este año aspira a estar en una boleta presidencial- cedió en estos puntos pese a que tenía por sí mismo la mayoría necesaria en la Convención Constituyente para aprobar el proyecto completo: contaba con 29 de los 48 convencionales y, en un acuerdo con el PJ (con la Izquierda en contra), había fijado un reglamento interno de la convención que establecía que no se requería una mayoría especial para aprobar la reforma. Fuentes del radicalismo explicaron que dieron marcha atrás porque, más allá de los votos, no tenía el suficiente consenso político para una reforma electoral semejante.

“El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy”, dice el nuevo texto constitucional.

La aprobación legislativa generó el descontento social y las protestas.

Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas al norte de Jujuy fueron reprimidos este sábado por las fuerzas de seguridad local. Los manifestantes reclamaban contra la recientemente aprobada reforma parcial de la Constitución local, que fue cuestionada por el Gobierno nacional por querer sancionar y restringir la protesta social.

Las manifestaciones se llevaban adelante en distintas localidades; entre ellas, Purmamarca, donde las personas presentes en el corte informaron que poco antes de las 6 de la mañana llegó un número importante de efectivos de Infantería para efectuar el desalojo. En ese marco, la policía avanzó en reprimir la manifestación, que se mantenía en un cruce de ingreso al poblado quebradeño del norte jujeño.

Morales, quien presidió la Convención Constituyente, logró la aprobación en general de la modificación de 66 de los 212 artículos de la carta magna provincial, que le da al gobierno provincial mayor discrecionalidad en el manejo de los bienes comunes, como el litio, ya declarado como «recurso estratégico». La rápida aprobación de la reforma, adelantándose a la agenda propuesta por el oficialismo, resulta otra estrategia política para frenar las movilizaciones. Luego de la primera semana de paro, Morales intentó detenerlas con la firma del decreto N°8464, publicado el viernes pasado, que multaba y criminalizaba la protesta social. El miércoles comunicó en conferencia de prensa la decisión de derogar la medida, cuyos objetivos están ahora en el nuevo texto constitucional, pero eso no cambió la actitud de protesta del pueblo jujeño.

La modificación —sin debate participativo ni acuerdo social más allá de la elección de los convencionales en las elecciones provinciales de mayo pasado— no sólo profundizará la desigualdad social y económica manifiesta, que beneficia a la clase política y empresarial, sino que también desconoce derechos básicos consagrados en la Constitución nacional. Por ejemplo, el desconocimiento del derecho a la tierra ancestral y las consultas previas e informadas, la criminalización de la protesta social —en el artículo que sostiene «la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación—, además del artículo 36 de «derecho a la propiedad privada», que vuelca a favor de las empresas cualquier conflicto de tierras, en una provincia en la que los relevamientos y entrega de título a las comunidades originarias está paralizada.

Desde el comienzo del paro provincial, las comunidades originarias definieron acciones comunes para rechazar la reforma que terminaron decantando en la realización de un «Tercer Malón de la Paz», recordando las dos históricas caminatas realizadas por los pueblos indígenas de Jujuy en los años 1946 y 2006 para exigir su derecho al territorio. Las comunidades comenzaron a bajar desde las yungas, la puna y las salinas para unificar sus voces en un mismo reclamo: «¡No a la Reforma!» y «Arriba las whipalas, abajo la reforma!», en un grito común con el reclamo docente que exigían: «¡Arribas los salarios, abajo la reforma!». Las voces de los pueblos originarios contra la modificación de la carta magna provincial llegaron desde todos los rincones de la provincia.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora