Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, denunció a dos fiscales de la Provincia en el marco de su estrategia judicial contra su familia, a quienes acusa de haberla despojado de su herencia con diferentes maniobras defraudatorias.
En el marco de esa causa, diseñada por el equipo de abogados que conforman Proyecto Artigas, encabezado por Juan Grabois y Facundo Taboada, Dolores Etchevehere denunció por mal desempeño a los fiscales Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Paraná, y Samuel Elbio Rojkin, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala.
Las acciones, según se explica en el sitio web de Proyecto Artigas, tiene tres pilares: recusación, remoción y reparación. “Recusación de todos aquellos jueces y fiscales que intervinieron de manera parcial en beneficio de los acusados; remoción de aquellos jueces y fiscales que atentan contra la República siendo cómplices de los crímenes cometidos por una minoría privilegiada; y la reparación de los daños ocasionados por la administración fraudulenta de los bienes heredados”, señala y agrega que se presentó una nueva denuncia por violencia económica ejercida contra Dolores Etchevehere, enmarcada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485.
En primer lugar, Dolores denunció por mal desempeño en sus funciones a Leandro Dato, fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, porque se habría mostrado reticente a investigar su caso y por su papel en otros, como en la investigación del femicidio de Fátima Florencia Acevedo. También se incluyó en los fundamentos de la acusación una entrevista radial que le realizó el exdiputado provincial Rubén Almará a una joven que aseguró que fue abusada por su padre a los 13 años y que formalizó la denuncia a los 16. El abogado de su abusador, dice en el audio adjunto de la nota, fue Dato. Según la chica, el hoy fiscal habría desplegado un accionar que revictimizó más a la denunciante: dijo que convocó a su exnovio a quien le realizó preguntas sobre la sexualidad de ella –una chica de 16 años-; que pidió testimonios a vecinos y familiares.
En tanto, pidió la remoción del fiscal de Rosario del Tala, Samuel Rojkin, ya que “en ejercicio de diferentes cargos, se mostró como un operador de la familia dentro de la justicia para facilitar la comisión de delitos”. “Omitió investigar numerosos delitos y no cumplió con sus obligaciones en el procedimiento civil. Especialmente grave resulta su comportamiento en el encubrimiento de un delito que involucra a esta familia con el trabajo esclavo y la trata de personas”, señala en un escrito judicial colgado en el sitio Proyecto Artigas.
Acusación contra Dato
La acusación contra Dato por mal desempeño, dice que“para que la familia Etchevehere lograra evitar que Dolores accediera al ejercicio de sus derechos, fue necesario el despliegue de una maquinaria de corrupción que involucra a numerosos magistrados judiciales que incumplieron con sus obligaciones y con la ley, para favorecer a una familia rica de la provincia”. “Entre estos magistrados se destacan jueces y fiscales de la provincia de Entre Ríos. Uno de ellos es el fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Paraná, Entre Ríos, Leandro Dato, que en ejercicio de sus funciones, además de dejar a las mujeres de Entre Ríos en una situación de indefensión absoluta, incumplimiento con sus obligaciones, y mostrándose impotente para evitar que los feminicidios se multipliquen a pesar de las denuncias, decimos, además de haber incumplido con todas las obligaciones de su cargo, omitió investigar un delito que involucra a esta familia con violencia de género, con el solo fin de favorecerlos ilegalmente y garantizar la impunidad”, dice el escrito elaborado por Grabois.
En ese marco, se asegura que el fiscal Leandro Dato, “conocía a Dolores desde chiquita. Conocía a su familia. De chicos jugaban juntos. Entonces en abril de 2019 lo fue a ver para contarle todo lo que estaba sufriendo. La primera reunión fue muy buena y en las jornadas subsiguientes Leandro Dato ya tenía en claro cuál era el delito que habían cometidos sus hermanos en connivencia con su madre, y cómo se enmarcaba. Le explicó que encuadraba perfectamente en uno de los artículos de la ley 26.485 sobre Violencia de Género argentina”.
Pedido de Remoción Del Fisc… by Entre Ríos Ahora
Siempre según el escrito de Dolores, el fiscal le habría señalado que la situación que vivió se encuadraba en los artículos que versan sobre la violencia patrimonial contra la mujer. Sin embargo, asegura que luego el funcionario cambió de idea. “Así las cosas, cuando solo restaba que Dolores se presente y realice la denuncia, cuando parecía finalmente que su amigo del jardín finalmente iba a ayudarla, nuevamente apareció el poder, la impunidad y la cobardía. Dato había reconocido que, como Fiscal, debía seguir investigando ya que, como le explicó, al estar al tanto de lo ocurrido él debía actuar de oficio. Sin embargo, el día en que iban a hacerlo recibió presiones de los Etchevehere para que no hiciera la denuncia”, se asegura en el escrito.
Luego, se agrega: “Fue así que un día finalmente aceptó recibir a Dolores. Su expresión ya no era la misma de las primeras reuniones. Estaba temeroso y esquivo. Le comentó a Dolores que había estado hablando sobre su caso con el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar García y le dijo: ‘Perdón Dolores…’ y luego, no sólo no contestó sus llamadas sino que no lo vio nunca más”.
Tras esto, afirma que “el mal desempeño del fiscal Dato en el ejercicio de sus funciones, omitiendo investigar delitos de violencia de género, es algo sistemático” y dijo que “así lo demuestran los numerosos casos de femicidios que llevaron a la Provincia de Entre Ríos a ser el ejemplo de la catástrofe en la materia, inspirando la ley Micaela (que entre otras cosas ordena a todos los magistrados y funcionarios judiciales capacitar-se en materia de género)”.
Para sustentar estas afirmaciones, citó dos casos: el femicidio de Fátima Florencia Acevedo, que fue encontrada asesinada el 8 de marzo de este año, luego de haber realizado denuncias contra su expareja Jorge Nicolás Martínez; y el caso de una joven llamada LSG, quien fue víctima de abuso intrafamiliar a los 13 años. En este caso se adjuntó un audio del 10 de marzo de este año de una entrevista radial en el que la chica, hoy mayor y estudiante de Derecho, asegura que Dato defendió a su padre siendo abogado, antes de convertirse en fiscal.
“Cuando me animé a hablar, hago la denuncia y el abogado defensor de mi abusador, en este caso, mi progenitor, era el actual fiscal Leandro Dato y, su manera de llevar adelante la defensa, lejos de pasar por negar el hecho en sí, digamos, estudio abogacía así que no cuestiono el rol de los abogados defensores, pero si las estrategias para llevar adelante la defensa. La estrategia utilizada por Leandro Dato fue justificar el abuso, llevando a testificar a mi padrino, a quien en ese momento era mi ex novio, haciéndole preguntas como ‘si cuando se puso de novio, teníamos relaciones, si creía que una chica abusada podía tener relaciones’, totalmente improcedente”, relató la chica. “Si vieran el expediente, las otras declaraciones, es terrible, desde preguntarle a mi novio ‘si era virgen, que pensaba de mí en la intimidad’, esos eran los criterios que manejaba el fiscal Dato, que en ese momento era abogado defensor”, agregó.
“El Fiscal Dato omitió adrede, perseguir penalmente un delito de violencia de género, faltando gravemente así, a una de sus principales funciones como integrante del Ministerio Público Fiscal, que es la de actuar de oficio cuando se trate de un delito de acción pública. Vemos como la conducta del Fiscal encuadra en varias causales de remoción, como lo son el mal desempeño y la morosidad reiterada en el ejercicio de sus funciones. También incumplió con el deber de buena conducta, que se espera lógicamente de todo funcionario representante del Estado Argentino”, concluye el escrito de los abogados de Dolores.
Denuncia contra el fiscal Rojkin
El fiscal de Rosario del Tala, Samuel Rojkin, es otro de los denunciados. Para este funcionario judicial Dolores y su equipo de abogados piden la remoción ya que “se mostró como un operador de la familia dentro de la justicia para facilitar la comisión de delitos. Omitió investigar numerosos delitos y no cumplió con sus obligaciones en el procedimiento civil”.
“Especialmente grave resulta su comportamiento en el encubrimiento de un delito que involucra a esta familia con el trabajo esclavo y la trata de personas”, dice y cuenta que el Fiscal Rojkin actuó “encubriendo el trabajo esclavo, es decir el delito de reducción a la servidumbre tipificado en el artículo 140 del Código Penal”. En este punto hacen referencia al caso de Sergio y Antonio Cornejo, quienes trabajaron durante 38 años en condiciones de servidumbre en una estancia de los Etchevehere.
Pedido de Remocion Fiscal S… by Entre Ríos Ahora
Aseguran que ello sucedió en Rosario del Tala, en la estancia “La Hoyita”, perteneciente a la familia Etchevehere. “Los hermanos Sergio y Antonio Cornejo desde 1976 trabajaban allí como peones generales y vivían en paupérrimas condiciones. El fiscal no llegó siquiera a tener ningún imputado, ni avanzó de ningún modo en su investigación a pesar de que la existencia de la trata de personas ya había sido acreditada por una inspección administrativa. De hecho, persiste a la fecha, lo que lo convierte en partícipe necesario del delito”, señalan.
En esa línea, recuerdan que la primera denuncia fue formulada en la década de los ’90. “Gustavo Caballero, un ex funcionario del Ministerio de Trabajo Provincial de Entre Ríos, a fines de 1992 realizó una inspección dentro de “La Hoyita”. Para lograr aquella inspección, Caballero tuvo que solicitar una orden de allanamiento al Juez de Rosario del Tala, Entre Ríos, Daniel Lorenzo Olarte. Tuvo muchísimas dificultades para hacerlo. El secretario del magistrado en aquel entonces era Samuel Rojkin, quien tiempo después fue fiscal de esa jurisdicción y responsable de la investigación por posible reducción a la servidumbre de los hermanos Cornejo”, añaden.
Luego mencionan que el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) realizó en marzo de 2014 una inspección a “La Hoyita” que luego dio lugar a la denuncia penal por el sometimiento a los hermanos Cornejo. Sin embargo, el caso tropezó en la Justicia, ya que no se avanzó contra la familia Etchevehere.
“El Fiscal Rojkin omitió adrede, perseguir penalmente un delito gravísimo como lo es el trabajo esclavo. Faltando gravemente así, a una de sus principales funciones como integrante del Ministerio Público Fiscal, que es la de actuar de oficio cuando se trate de un delito de acción pública”, aseguran.
Además, señalan que incumplió con el deber de buena conducta e infringió gravemente la ley al no cumplir sus funciones como prosecutor de los crímenes en representación del Estado. “No investigó ni le dio la entidad suficiente a un crimen que involucra el trabajo esclavo, figura cuya abolición data de 1853 en nuestra Constitución Nacional”, señalan.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora