Los exintendente de Larroque Raúl Alberto Riganti -fue, hasta 2019, diputado provincial por el PJ- y Leonardo Martín Hassel fueron condenados por la Justicia en un juicio abreviado al hallárselos culpable del pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
Riganti y su exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle, fueron encontrados coautores penalmente responsable de delito de Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos; en tanto, su secretario de Gobierno, luego intendente Leonardo Martín Hassell, y ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini, fueron encontrados como coautores del delito de Abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble del plazo para ejercer cargos públicos electorales o de manejo de fondos públicos.
Aunque se abrieron tres procesos por supuestos pagos de sobreprecios en obras de pavimentación financiadas por la Nación en el marco del Plan Más Cerca -en Santa Elena, en Seguí y en Larroque- la investigación en la ciudad del sur provincial fue la primera que se empezó a tramitar en la Justicia.
Entonces, la causa de Larroque fue la primera que se conoció, ya que apenas asumió el intendente Darío Benedetti (Cambiemos), que sucedió en el cargo a Riganti, realizó una auditoría que determinó una supuesta sobrefacturación en la obra de 14 cuadras realizada con fondos nacionales del plan “Más Cerca”, por un monto de $21,6 millones.
Aquella tarea de Benedetti mereció una felicitación pública del presidente Mauricio Macri, en 2016.
La auditoría consideró que la obra debió haber costado poco más de $5 millones y por ello el Estado municipal devolvió $13 millones al gobierno nacional, en un gesto que tomó mayor relevancia cuando el presidente Mauricio Macri se comunicó con Benedetti el 6 de mayo de 2016.
Sobreprecios: fijan fecha de juicio al ex y al actual intendente de Larroque
La investigación penal preparatoria estuvo en una primera instancia a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La misma imputación recayó también sobre el exsecretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno, Leonardo Martín Hassel,y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015.
En el expediente judicial se resume un poco la historia: en mayo de 2015 Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Después, su sucesor de Cambiemos aseguró que la obra costó $5 millones, con lo cual el sobreprecio, dicen los denunciantes y la Fiscalía, ascendería a un porcentaje del cercano al 100%.
Para Riganti, fue una causa armada
Para el exdiputado provincial, la causa en su contra fue un “armado de Cambiemos”. Así lo ha manifestado en entrevista al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1. Riganti vinculó la investigación en su contra a una persecución política con alcance nacional, dirigida principalmente a dirigentes kirchneristas. “Necesitaron hacer un circo y después se hizo asiduamente en todo el país”, afirmó.
A su vez, explicó que la obra y el monto a pagar fue aprobado por el Concejo Deliberante local. “Era necesario utilizar mi nombre y la situación por la que pasé para descalificarme. La sociedad lo vio de otra manera, porque quien está acusado conmigo en la misma causa fue elegido electo intendente en la ciudad”, dijo en relación a Leonardo Hassel, quien ganó las últimas elecciones locales.
“A mí me denuncian porque supuestamente la obra costaba $5 millones, yo pagué $8 millones, que es la verdad, y el perito dice que costó $16 millones. Encima, no recibí la obra. Y ellos –por la gestión de Benedetti- recibieron los $13 millones que faltaban pagar y se los mandaron a Buenos Aires, en vez de ponerlo en el juzgado para que el juzgado disponga de esa plata”, planteó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora