No todos los que quedaron investigados bajo el paraguas del megajuicio que se sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, están, desde este lunes 27, sentado en el banquillo de los acusados. Hay 15 sentados en el banquillo; pero podrían ser 17.
Dos empresarios ligados a supuestas maniobras de corrupción con la publicidad del Estado durante el urribarrismo lograron zafar a pesar de haber quedado seriamente comprometidos en la acusación fiscal. Se trata de los empresarios Jesús José María Bustamante, involucrado en la denominada «causa de la vaca», una maniobra de distribución «cartelizada», en la tesis de Fiscalía, de las publicidades fijas en vía pública que absorbían dos firmas que se atribuyen al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL. Las operaciones incluían el pago de coimas, que administraba la contadora de Aguilera, Corina Cargnel.
Bustamante zafó de estar en el banquillo.
El 24 de mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar «retornos» a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en un acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional. Los términos de ese acuerdo fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.
Bonazzola declaró a Bustamente «autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude reiterado a la Administración Pública como participe primario y en consecuencia condenarlo a dos años y ocho mese de ejecución condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos».
Además, se le impuso el pago de una multa de $90 -en cuotas de $15 mil-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, «abstenerse de realizar actos molestas a testigos de la causa», y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la Justicia el 2 de febrero último.
La salida por juicio abreviado de Bustamante de la causa supone, en esencia, supone una cuota de confianza para la tesis de la Fiscalía. El juez Bonazzola hizo suyos los planteos de la Fiscalía y entendió como «agravante la magnitud del dinero sustraído, la reiteración de las maniobras ilícitas» y el hecho de que Bustamante «integró una estructura organizada» para cometer el fraude al Estado.
Otro que quedó afuera es el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez, ex de Susana Giménez, actual de Verónica Lozano, la conductora que está al frente del cotidiano Cortá por Lozano, en las tardes de Telefe.
Rodríguez recibió una pauta varias veces millonarias para distribuir cuatro spots de difusión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se reunió en Paraná en diciembre de 2014, pero en la opinión del Ministerio Público Fiscal fue un mero maquillaje para disfrazar la verdadera intención: utilizar esos videos para instalar a nivel nacional la figura de Urribarri y su «Sueño Entrerriano», la pelea, al final sin resultados, por conseguir la candidatura a la Presidencia de la Nación en 2015.
El «Corcho» Rodríguez el 14 de diciembre de 2017 zafar de la causa penal que lo tenía imputado como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de un millonario contrato de publicidad que logró durante el gobierno de Sergio Urribarri para promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.
La jueza de Garantías Eliza Zilly refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hizo a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.
La contratación del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, con la empresa del «Corcho» Rodríguez, Nelly Entertainment SA, supuso el pago de $28 millones para la difusión en medios de todos el país de cuatro spots, filmados por la Provincia, en teoría para la difusión de la Cumbre Mercosur, pero en los hechos sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná, y los otros tres fueron para instalar la figura del exgobernador en el marco del “Sueño Entrerriano”, su frustrada candidatura a la presidencia para suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Tal la hipótesis de la Fiscalía.
La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47º Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.
La autorización legal permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.
O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora