El Grupo Octubre, del dirigente kirchnerista Víctor Santa María, forzó la renuncia del director de la cadena de noticias IP (Información Periodística), Gerardo «Foia» Caruso, tras el despido de la periodista Melina Fleiderman.
Caruso tuvo que renunciar por los fuertes cuestionamientos que recibió su manejo del caso Fleiderman, a quien echó por incorporarse como conductora del canal Extra TV.
En el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, a “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputó como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y le pidió la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. Aunque el tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Su involucramiento en el megajuicio derivó luego de la contratación con la empresa de Gerardo «Foia» Caruso para instalar un parador en Mar del Plata, en 2015.
El 12 de diciembre de 2014 se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.
El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.
La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El Juego en que Andamos SRL”, de Caruso, y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”. En su alegato en el megajuicio, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull dijo que se trató de una «competencia simulada», porque de antemano se sabía quién sería el adjudicatario.
Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.
Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, Gerardo Caruso, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
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El despido de Caruso
Después de haber estado desde la gestación del canal IP, Caruso fue despedido por el Grupo Octubre, que maneja el diario Página 12.
El exdirector del canal IP envió a los empleados una carta de agradecimiento por la tarea realizada durante estos tres años, desde que el Grupo Octubre creó esta cadena de noticias.
«Apenas iniciado el 2020 me llamó Sebastián Rollandi y nos encontramos en un bar del barrio de Congreso, ahí me contó por primera vez la idea de Víctor Santa María de crear de cero y poner al aire un Canal de TV informativo», arrancó su carta de despedida Caruso.
Y agregó: «En lo personal, estoy muy orgulloso de lo que edificamos. Somos el primer canal con paridad de género, el primero en tener un protocolo en contra de la violencia laboral y de género, rompimos algunos moldes de la comunicación tradicional, entre tantos otros hallazgos de la época que acompañamos con convicción y dispuestos al aprendizaje».
Sin embargo, Melina Fleiderman acusó ahora a las autoridades del canal IP de exigirle para permanecer en la cadena de noticias del gremio de los encargados de edificios “renunciar intempestivamente al otro trabajo. Y sumar puntos con el gerente de noticias y mostrarme más amiga, más cercana».
«¿A qué se refiere con sumar puntos? La única manera que yo conozco es con mi trabajo. ¿Siendo usted la autoridad varón más importante de la señal, ¿qué tipo de puntos pretendía que yo sume?”, preguntó Fleiderman, en relación al renunciado director del canal IP.
Y añadió: «Lo que es inadmisible o incompatible es que en los tiempos que corren aprieten a una profesional y la acosen entre cuatro paredes, pidiéndole condiciones absolutamente desubicadas para una mujer, una madre, que se gana todos los días el sueldo trabajando».
Gran cantidad de periodistas se solidarizaron con Melina Fleiderman, como Mariel Di Lenarda, Luciana Peker, Mariana Carbajal, Valeria Presa, Natalia Marquiegui, Angeles Balbiani, Florencia Etcheves y Christian Balbo, entre otros.
“Meli, que lamentable todo lo que viviste. MI solidaridad y el repudio a los acosadores. Abrazo!”, le escribió la periodista de Página/12, Mariana Carbajal, en su cuenta de Instagram. “Lamento muchísimo esta injusticia”, agregó Luciana Peker, de Infobae. “Meli, todo mi apoyo! Los que sabemos de tu profesionalismo, bancamos a full”, dijo Mariel Di Lenarda, de Radio Mitre y El13.
Pese a que era el director del canal IP, en el Grupo Octubre, Foia Caruso fue condenado el año pasado por corrupción a tres años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000, en el marco de la causa judicial en la que también fue condenado el exgobernador entrerriano y embajador en Israel, Sergio Urribarri.
Hombre muy cercano al diputado Máximo Kirchner, previamente Caruso fue director de Contenidos del Fútbol para Todos, en la gestión de Cristina Kirchner.
Clarín se comunicó con el Grupo Octubre, para tener su visión de estos hechos, pero no obtuvo respuesta.
El conflicto con Melina Fleiderman
El martes pasado Clarín publicó que el Grupo Octubre despidió a la periodista Melina Fleiderman, porque empezó a trabajar en el nuevo canal de noticias Extra, que le pertenece al abogado chavista Franco Bindi. Y se profundizó el conflicto entre los medios kirchneristas.
«Nuestros conductores no pueden conducir en otra señal de noticias», explicó a Clarín una fuente del Grupo Octubre, en ese entonces. Y agregó: «Acá nunca avisó que se iba a sumar a Extra. Le agradecimos y la felicitamos por sumarse a ese nuevo proyecto. Pero no podía mantener la relación laboral con nosotros sabiendo tal incompatibilidad».
Varios colegas de Fleiderman se mostraron contrariados con esa decisión, ya que aseguraron que ella nunca faltó a trabajar, ni se tomó francos laborales en estos tres años y no se aplica ese criterio con todos los periodistas del grupo que encabeza Santa María, dirigente kirchnerista y titular del gremio de los encargados de edificios.
«No se mide con la misma vara a Melina que a Víctor Hugo Morales», dijo una periodista del Grupo Octubre, sobre el relator uruguayo, quien también conduce un programa en uno de los medios del grupo, la radio AM750, y no tuvo problema en arrancar a principios de mes con su propio programa en el canal Extra, de Franco Bindi.
Según pudo reconstruir Clarín, a Melina Fleiderman la citaron a una reunión Gerardo «Foia» Caruso y Mariel Baiardi, por entonces director y subdirectora del canal IP, quienes le pidieron explicaciones, «en duros términos», por su trabajo en el canal Extra. Allí «le cuestionaron» haber arrancado un programa de lunes a viernes por la mañana en Extra, según allegados a la periodista despedida, que dejó todo en manos de su abogado.
Melina Fleiderman trabajaba los fines de semana en IP, desde hace tres años. Los días de semana está en Diputados TV y desde principios de mes arrancó en Extra TV. Pero a lo largo de estos años siempre intercaló con otros medios, como cuando estuvo en Editando Tele (Net TV) y en los programa de Karina Mazzocco (América TV) y de Georgina Barbarrosa (Telefe).
«Acá se llenan la boca con los derechos de las mujeres. Pero Melina vive sola con sus dos hijos, que son menores de edad, es sostén de familia y la echaron como a un perro. Ni siquiera la dejaron venir el fin de semana a despedirse de su programa en IP», acusó a las autoridades del Grupo Octubre otra colega, que además trabaja en Canal 9.
Ante los fuertes cuestionamientos que provocó el manejo del caso Fleiderman, publicado en exclusiva por Clarín, el Grupo Octubre resolvió desplazar a Foia Caruso de su cargo en la cadena de noticias IP.
Con información de Clarín.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora