La aplicación de los descuentos por los días de paro de los docentes (habrá diez jornadas de huelga antes de que finalice marzo) no ha sido emitida de momento por el Consejo General de Educación (CGE) y el dato no puede dejarse de considerarse como uno de los “mensajes” del Gobierno hacia el colectivo docente.

El dato lo confirmó a Entre Ríos Ahora una fuente del organismo, que, sin embargo, explicó que “se siguen cargando los datos de presentismo docente que envían las escuelas”, aunque confirmó que “no se ha emitido ninguna resolución que disponga los descuentos de los días de paro”.

El gobernador Gustavo Bordet ha dicho que está dispuesto al diálogo, pero que quiere dialogar con los chicos adentro de las aulas, y no en medio de una huelga. La resolución que adoptó el mayor sindicato de los maestros, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el miércoles 15, en Colón, está siendo leído en Casa de Gobierno como una muestra de distensión del conflicto.

A diferencia del último congreso, el 3 de marzo en Paraná, cuando se decidió adherir al paro de 48 horas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), para lunes 6 y martes 7, y además agregar 72 horas de paro provincial, con lo cual durante una semana no hubo clases en la provincia,  esta vez sólo se decidió adherir a las medidas de fuerza nacionales.

En cambio, Agmer evitó aplicar paros provinciales. En Educación hacen dos lecturas: una, que es imposible sostener un paro docente de largo aliento –la primera semana de huelga al inicio del ciclo lectivo 2017 concluyó con una adhesión del 50%, según datos oficiales—y que el presentismo tiende a crecer en las escuelas; la otra razón, que hay un incipiente escenario que permitiría sentarse a negociar de modo de destrabar el conflicto.

Aunque de momento las posturas parecen irreconciliables. El eje de la disputa “educativa” en la provincia es meramente salarial.  El Gobierno ofreció un 18% en tres etapas, y podría agregar un plus del 5%. Pero desde los sindicatos docentes suben la vara, y piden entre un 35% y un 40%, de modo de recuperar lo perdido en 2017 y ponerse a tiro de la inflación proyectada para 2017.

De todos modos, oficialmente ya está hecho el anuncio de que se pagarán sólo los días trabajados. Un cálculo indica que los cinco días de huelga, un maestro del cargo testigo perdería $1.900, o sea el 20% del sueldo. Pero a los cinco primeros días, se agregaron cinco más, con lo cual en el mes habrá 10 jornadas de huelga docente, y por lo tanto aquella quita salarial producto de los descuentos sería todavía mayor.

 

El sueldo de bolsillo del cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, es hoy en la provincia de $9.329. De aplicarse los descuentos, el docente perdería aproximadamente $280 por día, lo cual en cinco días de huelga sumaría una cifra de $1.400. A eso, se agrega la quita por la pérdida del presentismo, que son otros $500. De ese modo, la pérdida salarial sería de aproximadamente $1.900 sólo por cinco días.

 

En 2008, el Consejo de Educación publicó el texto de la resolución N° 2.565 que aprobó el denominado Manual de funciones para informar novedades de los establecimientos educativos. Se trata de una guía cuyo objetivo “es establecer las distintas tareas que se deberán cumplimentar para poder informar correctamente las novedades que puedan originarse en un establecimiento educativo”.

 

Tres son objetivos que deben cumplir los directores de escuela: informar sobre reclamos respecto de liquidaciones de sueldos por parte de los maestros; dar cuenta de los gastos de traslado; y, por último, “informar novedades docentes”.

 

Las quitas salariales, en tanto, se apoyan en una circular que dictó el exgobernador Jorge Pedro Busti, en 2007, y que ordenó a los servicios administrativos contable de la Administración Pública sólo abonar los salarios a los agentes estatales por los días efectivamente trabajados. Es decir, no pagar por las jornadas no trabajadas.

 

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado. Esa circular cobró vigencia a través del decreto Nº 4.940, del 22 de agosto de 2008, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos. El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.