El 5 de noviembre la Justicia de Gualeguay condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a Mónica Patricia García, y a 2 años y 8 meses a Fernando López Durán, representantes de la firma Bee Witch, acusados de estafas reiteradas, en perjuicio  de un grupo de productores apícolas de la zona de Nogoyá.

El tribunal, conformado por los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Dardo Tórtul, consideró que «ha quedado debidamente probado en lo sustancial que los mismos (García y López Durán) resultaron constitutivos de reiteradas maniobras defraudatorias consumadas por ambos imputados en perjuicio de 24 productores de miel de nuestra provincia, a quienes, con conocimiento previo y cierto de que no les cumplirían las condiciones acordadas, ocultando la real situación económica y financiera de la firma que representaban, aparentando una solvencia que ya no tenían, y librando cheques de pago diferido en cantidad significativa, por millonarios montos, que también sabían al tiempo de su emisión y entrega que a sus vencimientos no cumplirían, induciéndolos a error, logran a través de tales ardides y engaños, les entreguen importantes cantidades de la miel que producían, defraudando de este modo la confianza y el crédito que les otorgaran fruto de aquellas maniobras, todo lo cual aconteció en las fechas y en las circunstancias atribuídas».

La estafa supuso que los productores entregaran 200 mil kilogramos de miel a la firma, por un monto total de $4 millones,  «que las víctimas no percibieron en los tiempos y modalidades pactadas, lo que puede darnos hoy, luego de dos años y lo que aquellas sumas podrían representar en la actualidad, una idea cierta de la magnitud de dichas maniobras, que lejos de resultar como pretende la defensa meros incumplimientos contractuales ajenos al derecho represivo, constituyeron conductas de neto corte defraudatorio, que atrapadas por el catálogo represivo merecen consecuente reproche».

Hasta allí, el juicio y su condena. Pero en medio ocurrió que el abogado defensor de los 24 productores apícolas, Milton Ramón Urrutia, quedó en medio de una situación incómoda: el fiscal de la causa, Rodrigo Molina, lo denunció por supuestas maniobras ilícitas en perjuicio de sus defendidos. «Se trata de maniobras compatibles con la estafa. Utilizó ardides y engaños para que le paguen sus servicios como abogado. Y les decía que sin abogado querellante no habría posibilidad de llegar a juicio», contó una fuente de la Justicia.

El caso del abogado Urrutia quedó ahora en manos del fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá.

Este viernes 9, Uriburu lo notificó a Urrutia de la apertura de la causa, caratulada «Molina Rodrigo Fiscal Auxiliar Nogoyá s/Denuncia», y la citación para comparecer en los Trbiunales de Nogoyá el 14 de este mes, a las 9, «a fin de prestar declaración», y le anotician de la necesidad de designar un abogado.

«No obstante su profesión de abogado, le hago saber que previamente deberá designar abogado defensor, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera le será designado un defensor oficial, salvo que opte por ejercer su defensa en forma personal», dice el texto de la citación.

Urrutia es una abogado que adquirió alto perfil mediático por su actuación en dos casos resonantes en la Justicia: fue querellante en el juicio al cura Justo José Ilarraz, condenado en mayo último a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores; y también fue abogado defensor de otro cura condenado a 25 años de cárcel por corrupción de menores, Juan Diego Escobar Gaviria.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.