El 1° de julio, los concejales de Paraná derogaron la ordenanza N° 8.323, que desde 2001 había creado un sistema de acceso ciudadano a la información de la Municipalidad de Paraná, pero que nunca se instrumentó.
Lo hicieron en un trámite rápido, sin que mediara argumentación en el recinto, a través de un proyecto presentado in voce y con tratamiento sobre tablas exprés.
La derogación consiguió la unanimidad del Cuerpo. Después, en la misma sesión, el bloque oficialista presentó también in voce un nuevo proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Paraná, que pasó para su análisis a la Comisión de Legislación e Interpretación.
Ahora, después de más de tres meses, el nuevo proyecto vuelve por reglamento del Cuerpo para su tratamiento en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Retorna debido a que se venció el plazo de 60 días hábiles establecido para el análisis en comisión: el proyecto fue girado 1° de julio y aparenta un paso deslucido por ese ámbito de análisis, con un sólo dictamen de minoría, lo que no alcanza para su tratamiento.
Así, aparece en la agenda de temas previstos para la sesión de este jueves entre los proyectos con plazo vencido de 60 días, lo que deja la iniciativa ante dos alternativas: que el Cuerpo otorgue un último plazo de 30 días para ser analizado en comisión o que directamente lo trate. Las fuentes consultadas por este sitio se inclinan por la primera opción, que es una práctica por la que opta el Cuerpo en estos casos. Ahora bien, si se concreta la prórroga de 30 días, se estima que el tratamiento podría pasar para el año que viene.
La ordenanza Nº 8.323 preveía un sistema que garantizara a los vecinos el acceso a la información del Municipio de la ciudad. La norma formó parte de un paquete de ordenanzas basado en la participación ciudadana, sancionado en un momento histórico en el que reinaba el reclamo de transparencia al grito de que “se vayan todos”. Pese a esa fuerte demanda, la norma que instituía un Sistema de Información Ciudadana nunca se instrumentó. La 8.323 fue derogada el 1° de julio pasado, a través de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Luis Eduardo Díaz, del bloque de la minoría UNA-Frente Renovador.
Las únicas palabras de Díaz en la sesión fueron: “Señora Presidente, para solicitar el ingreso de un proyecto in voce referido a la derogación de la Ordenanza 8.323 y su tratamiento sobre tablas”.
Sin mediar argumentación en el recinto, según el Diario de Sesiones de ese día, Josefina Etienot, presidenta del Cuerpo, puso a consideración de los ediles el ingreso in voce del proyecto y obtuvo la aprobación unánime. Siguió con el tratamiento sobre tablas y otra vez el apoyo fue total. Finalmente, la ordenanza que terminó con la 8.323 lleva el número 9.420. Es extremadamente breve: tiene sólo dos artículos: en el primero se establece la derogación y en el segundo es de forma, y la promulgación fue automática; es decir que no lleva la firma del intendente Varisco.
Durante la misma sesión, poco después de que se tratara la derogación de la 8.323, el concejal Emanuel Gainza, del bloque oficialista, presentó el nuevo proyecto. En la argumentación, el edil fundó la importancia de promover el acceso de la información en el marco de la necesidad de establecer un “gobierno abierto”. Habló de que se trata de un derecho humano y de una necesidad de ciudadanos y gobernantes. Y en un párrafo mencionó que “la posibilidad de disponer de la información tiene como finalidad el control popular de los actos de gobierno y que al no contar con una norma en la faz administrativa municipal que establezca un procedimiento acorde a tal fin, se libraba al arbitrio el cumplimiento de este derecho” o el ciudadano debía acudir a la justicia.
En párrafos posteriores citó la ordenanza 8.323 y resaltó que si bien la norma tenía buenas intenciones de acercar y facilitar la información administrativa municipal a la ciudadanía, nunca se aplicó. Textualmente, se lee en el fundamento: “No tuvo aplicación directa en ninguna de las gestiones dado que su articulado per-se queda abstracto, sin considerar”. Otro aspecto remarcado es el hecho de que “no establecía un mecanismo adecuado de excepciones como busca establecer la presente (proyecto de ordenanza)”. Se citó también que el proyecto fue escrito en consonancia con la norma impulsada a nivel nacional y provincial.
La iniciativa tiene casi treinta artículos y, en palabras de Gainza, será garantía de transparencia, ética pública y parte de un gobierno abierto.
Lo cierto es que el proyecto sigue en el vericueto administrativo, por lo que seguiría siendo proyecto. Mientras, la 8.323 ya es historia.
El Concejo sesiona este jueves a partir de las 9, en la escuela Profesor Félix Miguel Garcilaso , en la zona sureste de la ciudad de Paraná.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora