La vocal por los jubilados en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori, hizo pública su “profunda preocupación y rechazo respecto del acuerdo paritario recientemente celebrado para trabajadores de la Administración Pública provincial —con excepción del sector docente, que se encuentra actualmente en instancia de negociación— mediante el cual se dispone el otorgamiento de sumas fijas no remunerativas y no bonificables”.
Vallori entendió que el acuerdo paritario que firmó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio mayoritario en la paritaria estatal, con el Gobierno, establece «incrementos salariales que, por su naturaleza jurídica, vulneran principios constitucionales vigentes en nuestra provincia y afectan directamente los derechos previsionales de jubilados y pensionados”.
“La Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 82 inciso d), expresa que todos los conceptos que se abonen como haberes deben ser ´sujetos a aportes y contribuciones´, así se garantiza la movilidad jubilatoria y la proporcionalidad de los haberes previsionales respecto de los salarios de los trabajadores activos, asegurando el principio del 82 % móvil como base del sistema previsional provincial (Ley 8732/93)”, planteó Vallori, que representa a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, y que fue presidenta del Consejo General de Educación (CGE) durante el gobierno de Sergio Urribarri, condenado por hechos de corrupción y con otros procesos abiertos en la Justicia.
La vocal por los jubilados en la Caja entendió que el “otorgamiento de sumas no remunerativas y no bonificables implica, en los hechos, excluir dichos montos del cálculo previsional, rompiendo la necesaria correspondencia entre salario activo y haber jubilatorio. Esta modalidad salarial desnaturaliza el sistema solidario previsional y produce un deterioro inmediato del ingreso de quienes ya han concluido su vida laboral”.
Además, sostuvo, “resulta particularmente grave que a los jubilados y pensionados se les pretenda otorgar una suma fija considerablemente menor, consolidando una inequidad incompatible con el mandato constitucional de movilidad y sustitutividad del haber previsional”.
“No puede soslayarse que un acuerdo paritario no puede ubicarse por encima de la Constitución Provincial. En consecuencia, cualquier acto administrativo que avance en su homologación, sin observar el control de constitucionalidad correspondiente podría resultar jurídicamente cuestionable por contrariar derechos expresamente protegidos por la norma fundamental entrerriana”, indicó Vallori.
En ese escenario, pidió “que las autoridades competentes revisen el trámite administrativo de homologación del acuerdo paritario mencionado, adecuándolo a los principios constitucionales vigentes, garantizando que toda recomposición salarial posea carácter remunerativo y bonificable, de modo de preservar la movilidad jubilatoria y el equilibrio del sistema previsional provincial”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora